Un video donde se observa la violenta intervención de los serenos de la Municipalidad de Chiclayo contra un vendedor ambulante evidencia el constante maltrato que sufren estos trabajadores.

Claudia Risco

Fruta tirada en la pista. Tres agentes de la Municipalidad de Chiclayo empujan con fuerza a un joven que llevaba una carretilla con estos alimentos. La carretilla es su herramienta de trabajo. El hombre no puede hacer nada ante el embate de los serenos. Los vecinos de al rededor se acercan para ayudarlo a colocar los frutos en un cartón. Este no es un caso aislado, es la realidad que viven los trabajadores ambulantes.

“Me gano honradamente la vida para mantener a mis hijos y mi esposa. Soy ambulante, entrego y cobro pedidos. No estoy de forma fija en la vía pública. Después me fui a mi casa y estaba triste porque perdí mi producto”, cuenta Próspero Aguilar Leonardo, el comerciante atacado por los serenos.

Pese que el Tribunal Constitucional y la Defensoría señalan que el comercio ambulatorio no es ilegal pues por encima está el derecho al trabajo, las municipalidades reprimen esta actividad con una violencia inusitada.

“Somos víctimas constantes de los agentes municipales. La municipalidad no quiere dialogar con nosotros, solo recibimos maltratos físicos a mujeres, niños y nos quitan nuestra mercadería que es el único sustento para sobre vivir”, denunció David Hernández, dirigente de los comerciantes informales.

FUERZA DE CHOQUE

En el entendimiento de ciudad de las municipalidades no se incluye el comercio ambulatorio, apunta Themis Castellanos, antropóloga e investigadora de la red Wiego. «Lo tratan de negar, es la falta de visión de lo que es gestionar el espacio publico, la falta de imaginación. Como no pueden cambiar la realidad, la represión va a ser mayor porque aparentemente es lo único que les funciona. Tienen un pequeño ejército para salir a reprimir, yo creo que es un abuso de poder terrible», lamenta Castellanos.

Castellanos recuerda anteriores gestiones municipales donde sí se busco un diálogo con lo comerciantes ambulantes como es el caso de los fallecidos Alfonso Barrantes y Alberto Andrade. «Han sido experiencias emblemáticas de apoyo entre la municipalidad y las organizaciones de comerciantes para la compra de terrenos, la ayuda para lograr créditos bancarios para la construcción de sus galerías, lo que lograron fue reubicar pacíficamente», subraya la también docente.  

Para recuperar su carretilla, Prospero debe pagarle 900 soles a la Municipalidad de Chiclayo. El vacío legal en el que trabajan los vendedores ambulantes hace de que sean muy fácilmente victimas de la coerción. «Se les pide plata para dejarlos trabajar, para ocupar el espacio público, son mafias que llegan hasta el alcalde. A mí me decía una vez un dirigente: «nosotros somos la caja chica de las municipalidades, cuando necesitan dinero comienzan a hacer operativos»», sostiene Castellanos.

La catedrática pone un ejemplo para dimensionar lo que significa que los comerciante ambulantes se les decomise sus herramientas de trabajo. «Es como si tú tuvieras un restaurante y cometes una infracción, entran los municipales y te destrozaran todo el local, lo que tenías en el refrigerador también lo destruyen, eso es lo que equivale cuando te decomisan y te arruinan la carretilla, el abuso de autoridad es una cosa impresionante que no vemos en ningún otro rubro, es con saña, finalmente el mensaje es que no se recuperen».

NO ESTÁN CAPACITADOS

Este tipo de acciones demuestran la poca capacidad de gestión que tienen las autoridades, sobre todo las que ocupan los cargos de la direcciones de seguridad ciudadana, considera Stefano Corzo, el especialista en Seguridad Ciudadana en el Instituto de Defensa Legal ( IDL ). «Muchas veces asumen roles como coercitivos y represivos, por un tema de vacío legal se les da una serie de atribuciones que pueden ir desde quitarle la carretilla a una señora que vende huevos de codorniz, apoyar a la policía en los patrullajes mixtos o atender a situaciones de emergencia donde ello no son las personas mas adecuadas para atenderlas».

Corzo advierte sobre las pocas o nulas capacitaciones que recibe Serenazgo. En el IDL realizan informes de seguridad ciudadana, en estos documentos se consigna cuales son las horas de capacitación que tiene el personal de serenazgo. «En algunas municipalidades son sólo 10 horas , en algunos casos recibían cero horas o una hora de capacitación, en otras ocasiones solo se les daba un pito, su gorra y ya era sereno, no hay una constatación de antecedentes policiales».

No hay norma que permita o autorice el uso de violencia para imponer la autoridad y el orden. Si hay una norma que lo autoriza es totalmente ilegal y arbitraria. No se puede justificar un uso excesivo de la fuerza o actuar de manera abusiva, apuntan integrantes de la Defensoría del Pueblo sobre el actuar de Serenazgo de la municipalidad de Chiclayo.