Post Vacancia: De Boluarte a Jerí, más de lo mismo

Esta madrugada del 10 de octubre el Congreso peruano rompió el pacto que tenía con Dina Boluarte tras mantenerla por casi 3 años en el Congreso, blindándola hasta en 7 oportunidades. Así, los parlamentarios salvaron a Boluarte desde acusaciones por enriquecimiento ilícito y corrupción hasta malos manejos, tráfico de influencias y principalmente, de casos por violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, tras un repentino cambio de posición que tuvo como pretexto la ola de violencia e inseguridad ciudadana fujimoristas y acuñistas, dos de los partidos aliados de Boluarte, se sumaron a los pedidos de vacancia presidencial y en solo unas horas pusieron a José Jerí, un político poco conocido que tras un acuerdo político asumió como presidente del Congreso, y ahora como flamante presidente de la República.

José Enrique Jerí Oré (38 años, Lima) irrumpió en el escenario político peruano gracias a una combinación de suerte institucional y respaldo parlamentario, escaló hasta el más alto cargo de la Nación. Pero su ascenso, al igual que en el caso de Boluarte, no está exento de sombras: comenzando por una recién archivada investigación por presunta violación sexual hasta denuncias periodísticas por enriquecimiento ilícito, acusaciones de recibir sobornos mientras presidía la Comisión de Presupuesto en el parlamento.

Jerí llegó al Congreso en 2021 como accesitario del expresidente Martín Vizcarra, quien fue inhabilitado por este mismo Congreso, lo que le permitió asumir su despacho pese a que su votación fue mínima: obtuvo alrededor de 11.600 votos en las elecciones, cifra que evidencia su débil respaldo popular directo y por ende su escasa legitimidad. Durante su tránsito parlamentario, fue elegido presidente del Congreso en julio de 2025 con 79 votos, pese a los cuestionamientos que ya lo acompañaban.

Uno de sus cuestionamientos más graves es la acusación por violación sexual, presentada en enero de 2025 contra el legislador, tras una reunión social en Canta. La denunciante afirmó haber perdido el conocimiento y despertar con lesiones. Sin embargo, en agosto de 2025 la fiscalía suprema, bajo la dirección de Tomás Gálvez, archivó el caso por falta de pruebas suficientes. El otro implicado, Marco Cardoza Hurtado, habría salido del país antes de ser citado.

A estos señalamientos se suma la acusación mediática por presunto enriquecimiento ilícito: se reporta que el patrimonio de Jerí habría crecido de unos S/ 96.644 en 2021 a más de S/ 1.157.794 en 2024, lo que implica un incremento abrupto sin una explicación pública convincente. También se le imputa haber recibido un soborno de S/ 150.000 durante su rol en la Comisión de Presupuesto, presuntamente para favorecer un proyecto de irrigación en Cajamarca.

Ante este panorama, que ya venía convulso y que tuvo sus manifestaciones más claras durante el último mes de continuas marchas nutridas, lideradas por la juventud peruana y bajo el lema #QueSeVayanTodos, las protestas no paran solo con la vacancia de Boluarte. Así, diversos colectivos y organizaciones han anunciado que la marcha del 15 de octubre continuará en rechazo a su presidencia y al Congreso en pleno. Buscando la salida de toda la clase política en funciones que oportunistamente sacó a Boluarte del cargo, esto en el marco de las elecciones generales del 2026.

Para las organizaciones de la sociedad civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la asunción de Jerí no cierra la herida política peruana; más bien la agudiza. Él debe responder no solo ante el Congreso que le otorga el poder, sino frente a una ciudadanía que exige que se vayan todos los que han respaldado el régimen de Dina Boluarte.

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