Por Álvaro Meneses
La madrugada del sábado 30 de marzo de 2019, en el distrito de Independencia, dos sujetos motorizados asesinaron a quemarropa a Claudia Vera (30), una mujer trans que repartía sus tiempos en el trabajo sexual y el activismo por la defensa de los derechos de personas con VIH. Más de un año y cinco meses después, Wayka revela las pruebas que la Fiscalía mantiene olvidadas entre sus carpetas, pese a que ya identificaron a los presuntos autores del feminicidio quienes siguen en libertad.
Este informe expone el origen de la impunidad en los crímenes de odio cometidos contramujeres y hombres trans: el olvido de las autoridades competentes sobre las poblaciones más discriminadas del país, de acuerdo a la ll Encuesta Nacional de Derechos Humanos de la Población LGBT del Ministerio de Justicia. Incluso más que personas con VIH o SIDA, poblaciones indígenas, con alguna discapacidad, afroperuanos y mujeres.
Lo que se sabía
Cerca a las cinco de la mañana del 30 de marzo, a unos metros del hostal Disney de la calle Los Andes (Independencia) y frente al local del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Claudia Vera y otras trabajadoras sexuales comenzaron a recibir insultos de una pareja (una mujer y un hombre) que transitaba cerca a ellas. «¡Qué chucha miran, cabros de mierda! ¡Maricones! ¡Ustedes nunca van a ser mujeres! ¡Yo sí tengo vagina», gritó la mujer de mediana estatura.
De acuerdo a seis testigos entrevistados para una crónica de Wayka, los insultos desataron forcejeos y puñetes entre ambas partes. Al verse superados en número, la pareja se montó en una moto y fugaron mientras amenazaban a gritos que regresarían a matarlas. Así fue casi una hora después: Dos motorizados a toda velocidad frenaron en seco frente a Claudia y disparó cuatro veces contra ella. Sus compañeras, tras un abrupto forcejeo con el tirador, lograron refugiarse en uno de los hoteles aledaños.
El cuerpo de Claudia quedó tendido sobre la vereda, con impactos de bala en el brazo, la cabeza, la espalda y la cadera; finalmente muerta. A unos metros, un transeúnte identificado como Jesús Montesinos (30), también agonizaba por un impacto de bala perdida en la pierna.
Olvido fiscal
El caso de Claudia Vera fue derivado al fiscal adjunto Jesús Mitchel Cabello Campos, del Cuarto Despacho de la Séptima Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte. Según declaraciones de la familia de la activista trans, desde la Fiscalía y la PNP les sugerían reiteradamente que se olviden de la investigación, porque “se trataba de una banda peligrosa”.
Once días después del transfeminicidio, el 10 de abril de 2019, el Centro Emergencia Mujer (CEM) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), envió un oficio al Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de la PNP pidiendo que solicite las grabaciones de las cámaras de seguridad del hostal Disney, ubicado en la calle Los Andes, manzana B, lote 26, del 30 de marzo de ese año, entre las 5 y 6:40 de la mañana.
El oficio enviado por el MIMP también pide acceder al libro de registros del mismo hostal, donde se conocería la lista de personas que ingresaron al inmueble esa noche. “De la visualización de una de las cámaras se advierte que la moto lineal con la pareja que presuntamente cometió el ilícito habría salido de la cochera de dicho hostal”, justifica el documento.
El administrador del hostal Disney confirmó a Wayka haber entregado todos los documentos requeridos por la Fiscalía, entre ellos las grabaciones y el libro de registros. Esta información estuvo olvidada en el Ministerio Público hasta julio de 2020, cuando el fiscal Jesús Cabello envió las pruebas a la División de Investigación de Homicidios de la PNP, para que identifiquen a los autores del feminicidio.
Los resultados del análisis de pruebas fueron enviados a la Fiscalía recién el pasado miércoles 12 de agosto, y pese a que ya se identificaron a los presuntos autores del asesinato de la activista trans, estos siguen en libertad.
Los responsables
Wayka pudo conocer que los presuntos responsables de la muerte de Claudia Vera son los hermanos de iniciales J. V.C. R (mujer) y L.E.C.R (hombre). Este último fue procesado anteriormente por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, hacia el ciudadano Percy Burgos, quien quedó con múltiples golpes en el cuerpo y heridas de bala. El investigado obtuvo libertad bajo comparecencia restringida.
El fiscal Jesús Cabello, pese a tener las grabaciones de las cámaras de seguridad, el libro de registros y las identidades de los presuntos autores del delito que siguen libres, justificó así la inacción: “No es desinterés, hay demora, sí, y limitaciones logísticas también, pero desinterés no. Si algo de mi trabajo es cuestionado, yo responderé ante mis superiores”.
Para Brenda Álvarez, abogada especializada en género, diversidad sexual y derechos sexuales y reproductivos, es necesario un registro que dé cuenta de la incidencia de los crímenes motivados por la orientación sexual e identidad de género, y cuántos de estos acceden finalmente a la justicia. “La ausencia de estos registros son solo un indicador de un problema mayor: la discriminación estructural contra las personas LGBTI (…) esta no solo genera los crímenes por prejuicio, también tiene su correlato en la impunidad”, comenta la abogada a Wayka.
Solo en 2018, de acuerdo a un informe elaborado por Promsex ese año, el Centro de Emergencia Mujer del MIMP reportó 80 casos de agresión contra personas LBGTI, y precisan que “el exiguo porcentaje de denuncias (…) se debe a la poca credibilidad de los operadores de justicia y por la desconfianza de las instituciones estatales”.
Y es que los datos no mienten: el 70% de agresiones contra personas trans provienen de personal de Serenazgo, seguidos de policías y ‘odiadores’, como en el caso de Claudia Vera, quien fue asesinada por su identidad de género. Además, los delitos más comunes cometidos contra mujeres trans en 2019 fueron los de extorsión a cambio de dinero, sexo o su propia libertad, y detenciones arbitrarias.
Sumado a esto, un análisis de la organización Promsex sobre los planes de seguridad de 44 distritos de Lima Metropolitana (2017) concluyó que 11 (25%) hacían referencia a la erradicación de homosexuales o “travestis” y 16 (36.4%) aludían o se referían directamente al trabajo sexual como motivo de detención. Antes de ser asesinada por su identidad de género, Claudia Vera vivió en carne propia el impacto de estos datos.
