Entre las instituciones responsables se encuentran el Ministerio de la Mujer, Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y la Presidencia del Consejo de Ministros.

Más de 4 meses después de vencido el plazo para el cumplimiento de las medidas de reparación en el caso Azul Rojas Marín vs. Perú, la Procuraduría General del Estado, mediante la Resolución n.º 01-2022-PGE/CD, determinó cuáles son las entidades responsables del cumplimiento de dichas medidas y de las garantías de no repetición pendientes de ejecución en el caso. 

En marzo del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado peruano como responsable de discriminación, tortura y violación sexual contra la ciudadana trans Azul Rojas Marín, tras ser violentada y abusada por 3 efectivos policiales del distrito Casa Grande en La Libertad. Esta sentencia resultó un hecho histórico y un precedente para el reconocimiento de los derechos de los miembros de la comunidad LGTBI.

Entre las reparaciones individuales ordenadas por la corte IDH se incluye la investigación y sanción a los responsables por los hechos de violencia cometidos contra Azul Rojas, así mismo se ordenó garantizar la inmediata y adecuada atención de su salud tanto física como mental. También se incluyó una indemnización como compensación por el daño que sufrió la agraviada. 

Además de ello, el Estado deberá diseñar e implementar un sistema de recopilación de datos y cifras sobre los casos de violencia contra personas LGTBI y eliminar de los Planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos peruanos el indicador de “erradicación de homosexuales y travestis”, por ser altamente discriminatorio.

Según lo conversado con la representante legal de Azul Rojas, la abogada Edith Arenaza, las instituciones que la Procuraduría señaló como responsables serían ocho: 

  • El Ministerio Público y el Poder Judicial asume el cumplimiento y la reparación de promover y continuar las investigaciones para determinar, juzgar y sancionar a los responsables por los hechos del presente caso.
  • El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos asume el cumplimiento de la reparación del acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
  • El Ministerio de Salud asume la reparación de brindar de forma inmediata, oportuna, adecuada y efectiva, tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a Azul Rojas Marín.
  • El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de forma articulada y coordinada con el Ministerio Público, Poder Judicial, Ministerio del Interior (Policía Nacional del Perú) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asumen la implementación del protocolo para la investigación y administración de justicia en casos de violencia contra las personas LGTBI.
  • La Academia de la Magistratura, el Ministerio del Interior (ente rector Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asumen la reparación de crear e implementar un plan de capacitación y sensibilización en el curso de formación regular de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Serenazgo.
  • El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de manera coordinada y articulada con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, asumen la reparación de diseñar e implementar un sistema de recopilación y producción estadística de violencia contra personas LGTBI.
  • El Ministerio del Interior (en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana), el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC) y la Presidencia del Consejo de Ministros, de manera coordinada y articulada, asumen la reparación de eliminar el indicador de erradicación de homosexuales y travestis de los planes de Seguridad Ciudadana de las regiones y distritos del Perú.
  • La Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y el Poder Judicial, asumen la reparación de pagar la indemnización por concepto de daño material, daño inmaterial, así como las costas y gastos del caso Azul Rojas Marín y otra Vs Perú. 

En conversación con Wayka, Azul Marín mencionó que este avance resulta importante en su caso, ya que “al fin saben a quién tocarle la puerta y exigir el cumplimiento de la sentencia gracias a que ahora ya está todo de forma específica”. 

Además comentó sentirse al fin reconocida: “reconocida principalmente por mi misma, no aún por el Estado porque el Estado aún no cumple conmigo, pero sí reconocida porque veo que todo este camino de lucha, estos catorce años que en poco meses serán quince, hoy está dando resultados que es a favor no solo de Azul Rojas Marín, sino a favor de toda la comunidad, de toda la sociedad. Recordemos que Azul Rojas Marín no fue a luchar a la Corte IDH solo por un grupo o por las mujeres trans, sino defendiendo los derechos de todos los seres humanos, de todos los ciudadanos”. 

Sin embargo, aún no logra sentirse completamente segura en el país ya que “Aún siguen las persecuciones, aún sigue el Estado peruano a través de sus instituciones, en un afán de venganza. Yo he estado sometida a procesos legales en el que se me trataba de involucrar por diferentes delitos. El último que ya se está terminando es sobre crimen organizado”.

Pese a ello, Azul mencionó sentirse confiada y continúa expectante de que se cumpla con lo establecido. Edith Arenaza, su abogada comentó que “en caso el Estado siga sin implementar el fallo, solicitaremos una audiencia pública de supervisión de sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.  Es importante acotar que de no cumplirse con lo ordenado en la sentencia, el Estado peruano podría entrar en un Ilícito Internacional.

Por último, Arenaza afirmó que el cumplimiento del fallo requiere de voluntad política e hizo un llamado a que se respete lo ordenado por la justicia internacional:  “Las organizaciones que colitigamos el caso, PROMSEX, La Cordinadora Nacional de Derechos Humanos y Redrees, solicitamos  a las entidades determinadas como responsables de implementar las reparaciones del caso Azul, cumplan con garantizar los derechos la ciudadana Azul Rojas Marín y las personas LGTBI del Perú”, sentenció. 

Los hechos

Azul Rojas Marín es una mujer transgénero, enfermera de profesión, que residía en el distrito de Casa Grande, La Libertad. El 25 febrero del 2008, Azul fue interceptada por un patrullero de serenazgo mientras retornaba a su vivienda, posteriormente fue detenida, esto por no portar con su Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, Azul contó para Wayka que los guardias la insultaron usando términos discriminatorios contra su identidad sexual.

Ya en la comisaría, la mantuvieron 6 horas incomunicada y durante ese tiempo los guardias la golpearon y desnudaron para posteriormente abusar sexualmente de ella con una vara de goma que fue introducida por su recto. Acto que, tras la sentencia de la Corte IDH, ha sido considerado tortura. 

Azul Rojas fue ignorada por la policía cuando intentó denunciar los hechos, por lo que acudió a la fiscalía, sin embargo también sufrió discriminación en esa entidad. Según lo conversado con Azul, lo que le dijeron fue: “si usted es homosexual cómo le voy a creer”.  Sin embargo, tras quejarse por este nuevo acto discriminatorio cambiaron de fiscal para la atención de su caso. Tras pasar por el médico legista se pudo determinar la violación que sufrió. El nuevo fiscal pidió la prisión preventiva de sus agresores, pero cuatro días después la apelación de los impugnados fue aceptada. Posteriormente su denuncia fue archivada. 

Justicia Internacional 

Al no hallar una respuesta justa a su denuncia, Azul Rojas Marín apeló a la justicia internacional. Su caso fue llevado a la instancia internacional por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y REDRESS, organización que trabaja para erradicar la trata de personas.

En 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos encontró responsable al Estado peruano de no haber investigado con la debida diligencia la denuncia, además de brindar recomendaciones en favor de la reparación por los daños a Azul Rojas. 

El Estado peruano no cumplió con dichas medidas, por lo que el caso fue llevado a la Corte IDH. Ganar en esta entidad significó el inicio de una reivindicación personal, pero además de las y los miembros de la comunidad LGTBI y, tal como lo reiteró Azul Rojas, de todos aquellos ciudadanos  que siguen buscando justicia.