La propuesta del alcalde de La Molina afectaría al 80% de repartidores de aplicaciones digitales de delivery de nacionalidad venezolana. Los datos, además, indican que la criminalidad en Lima y Callao se encuentra ligada a otros factores ajenos a la dinámica migratoria.
Por Alvaro Meneses
El burgomaestre del distrito de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, anunció una propuesta que busca restringir a la población migrante en los servicios de delivery por aplicativo y transporte. En defensa de su propuesta, el alcalde argumentó que “a nivel del derecho constitucional existe esta figura de la discriminación positiva”.
“Lo que estamos proponiendo y lo que voy a proponer a las bancadas para efecto que haya un debate consensuado, efectivo, con datos y cifras, es que temporalmente, transitoriamente se le restrinja la posibilidad de ejercer a los extranjeros actividades de mototaxi, taxi y servicio delivery”, dijo el alcalde de La Molina para un noticiero local.
Para Stefano Corzo, investigador del Área de Seguridad Ciudadana del IDL, la propuesta de Paz de la Barra no contaría con ningún índice de lo que llama “discriminación positiva”, sino discriminación a secas. “Con la política que intenta presentar, no se intenta cerrar brechas, o disminuir índices de desigualdad. El sector de plataformas digitales de delivery está copado por personas extranjeras, pero no es porque exista una mafia de migrantes que controle estas plataformas, sino porque los migrantes optan por esta opción porque muchas veces es lo único que les queda hacer”, dice.
Esta propuesta, además, no solo sugeriría que la inseguridad ciudadana sería generada por la población migrante, sino que la restricción en servicios de delivery y transporte agravaría aún más la situación laboral de los extranjeros.
Según la Tercera Encuesta Regional a Población Migrante y Refugiada Venezolana que se realizó en agosto de 2021, solo 2 de 10 extranjeros profesionales trabaja en un empleo relacionado a su especialidad de estudios. Hasta esa fecha, solo el 11% convalidó sus títulos profesionales, mientras que el 89% aún no lo ha hecho por obstáculos en el proceso de colegiatura y reconocimiento de sus documentos migratorios.
Esta situación empuja a la población migrante al subempleo y la informalidad: el 83% de los encuestados no cuenta con un contrato laboral y el 71% no está afiliado a un seguro de salud. El 40%, además, ha recurrido a negocios independientes, de los cuales solo el 29% ha podido formalizarse o se encuentra en proceso de formalización.
En medio de la situación de informalidad laboral en población migrante, el Observatorio de Plataformas Perú observó que en Lima el 80% de repartidores de aplicaciones digitales de delivery es de nacionalidad venezolana. “Son personas que no cuentan con derechos laborales, tienen que financiar sus propios implementos de trabajo y al haber un desamparo normativo quedan expuestos a una serie de riesgos como accidentes vehiculares, discriminación y xenofobia”, apunta Stefano Corzo.
En ese contexto, para el investigador del IDL, Stefano Corzo, la propuesta del alcalde Álvaro Paz de la Barra es discriminatoria. “No se está criminalizado a una nacionalidad de manera explícita, se criminaliza a todo un rubro de trabajo que está ocupado principalmente por personas venezolanas”, agrega.
Sobre los índices de criminalidad en el país, cabe recordar, no existe evidencia que vincule a la inseguridad ciudadana con la migración. Un informe de Equilibrium CenDE concluyó que “la migración venezolana no tendría efectos significativos en delitos relacionados a hurtos, robos, lesiones, homicidios y violencia sexual en Lima Metropolitana” y que este “sería un indicador de que la criminalidad en Lima y Callao se encuentra ligada a otros factores ajenos a la dinámica migratoria”.
De acuerdo a datos del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), además, en diciembre de 2019 la población carcelaria era de 95 mil 548, de los cuales solo 2199 eran extranjeros. Al respecto, la investigadora de Equilibrium CenDE, Marta Castro, enfatiza que “para el 2019, la tasa de venezolanos en cárceles peruanas era de 0.48% del total de reclusos, y las denuncias a venezolanos representaban solo un 1.3% del total de denuncias”.
Por el contrario, y pese a la informalidad laboral a la que se enfrentan, el 68% de la población migrante encuestada tiene un empleo, mientras el 20% está en busca de uno, el 11% se dedica al trabajo del hogar no remunerado y solo el 1% se encuentra desempleado.
