Protocolo publicado en El Peruano fue considerado “express” y “peligroso” para la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto de Prensa y Sociedad respectivamente.
El miércoles 2 de marzo se publicó en el diario El Peruano el “Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Coordinación y Atención a Periodistas y Comunicadores Sociales en el Contexto de Alteración al Orden Público”, que según el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) resulta peligroso para la libertad de expresión porque “implica una regulación, bajo supervisión policial, de la cobertura periodística de las protestas”.
Además, Adriana León, periodista de IPYS, considera que «los protocolos no se tienen que hacer desde el Estado, sino de los propios medios y la sociedad civil, y que se construyan para también protegerse del Estado cuando el Estado es el agresor”.
Ante esto cabe mencionar que en el marco de las protestas contra el régimen de Dina Boluarte, en diciembre del 2022 y enero del 2023 se han registrado un total de 153 ataques a periodistas según el informe publicado por la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), de los cuales la mayoría fue registrado en Lima, siendo los agresores mayoritariamente agentes policiales.
Sin embargo, León menciona que en la propuesta elaborada por el Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Estado Mayor General de la PNP, y el Colegio de Periodistas del Perú, “todo el tiempo se está hablando como si los agresores fueran todos los demás menos la policía o las fuerzas del orden”, cuando las agresiones registradas van “desde disparos de perdigones al cuerpo de los periodistas por parte de los policías, hasta impedimento de cobertura que también es una agresión y una violación a la libertad de prensa”.
Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas ha subrayado que el protocolo no menciona en ningún momento un plan de acción en casos en los que los agresores son los efectivos policiales.
Además, Renzo Chávez, Secretario General de la ANP, acotó que el enfoque del protocolo no busca regular la actividad policial: «lo que busca es regular la actividad periodística, no la actividad policial, no le quiere decir al policía que no golpee a los periodistas que registran protestas o que cuiden a un periodista que está a punto de ser agredido por un grupo radicalizado».
“Medida de censura previa”
Además, la ANP mencionó en su nota alerta respecto a esta propuesta que el documento puede constituir una medida de censura previa. Esto debido a que en el punto 8.2.5 se menciona que las fuerzas del orden elegirían la ubicación de los periodistas durante los conflictos dejando bajo su responsabilidad cualquier agresión fuera de la zona señalada, limitando de esta forma la cobertura del conflicto.
Renzo Chávez considera esta medida como polémica y que además obstruye la libertad de información «un periodista se moviliza según el interés noticioso, qué quiere decir, que si ve que la policía está haciendo un uso excesivo de la fuerza o está violando derechos humanos se puede movilizar, así como registrará cuando una persona de civil ataque directamente una institución pública o privada o la integridad de alguna persona. El protocolo indica que no podrá movilizarse y lo que es peor, menciona que si el o la periodista sale de la zona señalada por la policía, cualquier agresión, así sea por parte de la policía será responsabilidad del periodista».
Adriana León señalo además que “El Estado y la Policía no tienen que reglamentar cómo cubre la prensa, la prensa debe estar en el lugar de los hechos. (…) Eso hace pensar que lo que quieren es que se oculte información, entiendo que si te ponen en un lugar específico es porque no quieren que se visibilice”.
Cabe mencionar que desde el Colegio de Periodistas del Perú se emitió un comunicado en el que lamentaron la publicación del protocolo pese a que fue su iniciativa, puesto que este sería un borrador que se encontraba en revisión y elaboración. «Lo único que busca nuestra orden es garantizar la seguridad de periodistas y comunicadores sin menoscabo alguno de las libertades de prensa y expresión», mencionaron en su comunciado.
Reiterada agresión policial
Durante las protestas en contra del Gobierno represivo de Dina Boluarte se han registrado graves afectaciones a periodistas por parte de agentes policiales. Uno de los casos más graves es el del fotoperiodista de la Agencia EFE a quien amenazaron de muerte por cubrir una detención el 7 de enero durante las protestas en Puno. Horas después el periodista recibió un impacto de perdigón en la pierna que le ocasionó una ruptura. Este hecho fue relatado en el informe de la ANP.
De manera similar, Valia Aguirre y Kevin Huamani, periodistas de Wayka.pe, fueron agredidos por un grupo de efectivos policiales durante las protestas en Lima. Además de la agresión física que fue registrada en videos, retuvieron sus equipos de trabajo.
Igualmente, Juan Zapata, fotoperiodista del mismo medio, ha sido agredido en varias ocasiones llegando a ser impactado por perdigones mientras ejercía su labor.
