¿Protección o censura? Indecopi sanciona al Colegio Franklin Delano Roosevelt por proveer libros relacionados a ESI

Una sanción de Indecopi al Colegio Franklin Delano Roosevelt (IFDR) por supuestamente disponer de 21 libros “inadecuados” abre la siguiente pregunta a varios especialistas: ¿Estamos frente a un debate sobre contenidos escolares o ante un precedente de censura educativa que amenaza la libertad de lectura y expresión? Como se recuerda, INDECOPI impuso una multa de 26,38 UIT (aproximadamente S/ 141 433) al centro educativo porque “habría puesto a disposición material bibliográfico con contenido totalmente inadecuado…lo cual afectaría la salud mental de los estudiantes», tal como señala la Resolución 2908-2025.

La sanción parte de una resolución administrativa que considera que el colegio no siguió el procedimiento de adquisición de textos con participación de los padres de familia, y que permitió el acceso de los alumnos a obras que abordan “temas de índole sexual, consumo de sustancias y otros contenidos” sin el debido filtro pedagógico.
La exclusión del préstamo de los libros fue ordenada, y se solicitó que el establecimiento forme un “comité evaluador” con padres para revisar el material, dentro de las 48 horas posteriores a la notificación.

¿Protección o restricción?

Para varios especialistas consultados por LR, el fallo genera alarma: “El Indecopi ha extendido un deber que solo se aplica al aula hacia las bibliotecas, que no están reguladas a ese nivel. Eso genera un precedente peligroso, porque implicaría que cada libro requiera aprobación de los padres antes de ser colocado en los estantes”, advierte el abogado José Carlos Gonzales Cucho.
Desde la perspectiva psicológica y educativa, la sanción pone en riesgo el hábito de lectura en adolescentes: “Los jóvenes necesitan acceder a información diversa para desarrollar pensamiento crítico. Restringir contenidos sin evaluación técnica refuerza estigmas y limita el aprendizaje emocional”, explica la psicóloga Alexandra Hernández.

Entre los 21 títulos observados figuran obras ampliamente debatidas internacionalmente: All Boys Aren’t Blue (George M. Johnson), Gender Queer : A Memoir (Maia Kobabe), Flamer (Mike Curato), etc. Entre los títulos vetados se encuentran obras de Toni Morrison, ganadora del Premio Nobel de Literatura, así como de autores y autoras que abordan temas sobre diversidad sexual, violencia y salud mental, lo que para especialistas en educación constituye un grave precedente de censura y retroceso en la libertad educativa.

El IFDR, conocido colegio privado de Lima, anunció que apelará la decisión ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi. Pero la sanción ya ha generado un efecto en cadena: si el criterio se mantiene, otros colegios podrían caer en inspecciones por sus bibliotecas, lo que podría inhibir la presencia de materiales menos convencionales y limitar la diversidad de lecturas disponibles para estudiantes.
Por otro lado, la implicancia para estudiantes LGBT+ o en situación de vulnerabilidad es significativa: la restricción de textos que visibilizan experiencias diversas puede traducirse en una pérdida de herramientas para autoconocimiento y resiliencia.

¿Dónde está la línea entre protección y censura?

La normativa invocada —artículos 25, 73 y 150 del Código de Protección y Defensa del Consumidor— fija obligaciones para los proveedores de servicios educativos, pero diversos expertos señalan que el alcance de esas normas no se extiende a bibliotecas escolares con carácter de préstamo voluntario. “La interpretación se amplía ilegalmente”, dice Gonzales Cucho.
Para los especialistas, la pregunta central es: ¿Cuál es el estándar técnico o pedagógico que define un “contenido inadecuado”? Si no se aclara, cualquier libro puede quedar sujeto a vigilancia, y la institucionalización del veto puede devenir en autocensura por parte de colegios y autoridades educativas.

El fallo fue impulsado por Uben Enrique Atocha Kong, excandidato al Congreso y actual militante del partido de Fiorella Molinelli (Fuerza Moderna), ex presidenta de EsSalud. Atocha Kong presentó la denuncia alegando que las obras contenían material “inapropiado” para menores, pese a que forman parte de programas de lectura internacionalmente reconocidos.

Hacia una lectura crítica

El fallo de Indecopi señala una tensión real entre el deber del Estado de garantizar servicios educativos seguros y el derecho de los estudiantes a acceder a una literatura plural. El riesgo es que, bajo el paraguas de “protección”, se legitime una práctica de selección que excluya voces distintas o incómodas.
Según Gonzáles, para que la educación sea realmente democrática, no basta con evitar peligros físicos: debe promover el pensamiento crítico, la reflexión sobre identidades, cultura, género, ciudadanía. En un momento en que el país debate derechos civiles, aprendizaje afirmativo e identidad juvenil, este caso se convierte en referencia sobre hasta dónde puede llegar el control de contenidos.

El resultado de la apelación del IFDR será clave: si confirma el criterio riguroso del Comité Evaluador con las sanciones administrativas, se marcará un precedente que podría afectar libros en miles de bibliotecas escolares del país. Si, en cambio, se redefine el papel de las bibliotecas como espacios de lectura voluntaria y diversidad, se abriría una puerta de esperanza para la pluralidad educativa.

Por Silvia Bardales Q.

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