Redacción Wayka

La consulta previa, de acuerdo a la Defensoría del Pueblo, es un derecho que permite a los pueblos indígenas dialogar y llegar a acuerdos con el Estado sobre proyectos que puedan afectarles, y debe realizarse durante la evaluación del impacto ambiental. Según comuneros de la zona, esto no se estaría cumpliendo en el proyecto de ampliación Coroccohuayco de la minera Antapaccay.

A fines de octubre, el Ministerio de Energía y Minas anunció que el próximo lunes 9 de noviembre se retomará el proceso de consulta previa del proyecto minero Coroccohuayco, de Antapaccay. El ministro Miguel Incháustegui asignó a su viceministro de Minas, Jaime Gálvez, como el encargado de representar al MINEM en el diálogo con las comunidades.

Por testimonios de comuneros y especialistas de la zona, Wayka pudo conocer que en Coroccohuayco ya se han construido túneles que han afectado fuentes hídricas que abastecen a las comunidades Huini Coroccohuayco, Pacopata y Huano Huano. Y que estas operaciones corresponderían a la fase de explotación, pese a que recién retomarán el proceso de consulta previa.

Para el abogado de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), Helio Cruz, existen indicios de que estas operaciones serían parte de la fase de explotación. “Cuando una empresa está en proceso de exploración para su estudio de impacto ambiental, una vez que terminan, cierran sus huecos, aperturas, perforaciones, porque aún no se ha aprobado el instrumento ambiental ni la exploración. Esos trabajos constituyen un acto de que la empresa, en la práctica, está en fase de explotación”, explica Cruz.

Desde las comunidades afectadas, han enviado cartas al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) y el Ministerio de Energía y Minas, notificando estos hechos; y varias manifestaciones en rechazo de la aprobación de la Modificatoria de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA), por no contar con medidas de mitigación de los impactos ambientales. Por parte de la minera, esta sostuvo que las maquinarias han seguido operando en los túneles porque “necesitan mantenimiento”.

Para el abogado Helio Cruz, se estaría tomando beneficio de un vacío legal. “La ley establece que debería cerrarse toda perforación luego de la exploración, pero la empresa sigue ahí hasta ahora. Y aunque no hay evidencia de extracción de minerales, esas operaciones sí han impactado en fuentes hídricas que afectaron a tres comunidades”, sostiene el abogado de DHSF.