Proyecto de ley que legaliza y acelera la deforestación amenaza a los bosques amazónicos

La Amazonía peruana enfrenta un nuevo retroceso en materia de protección ambiental. El Proyecto de Ley 09653/2024-CR, impulsado por la congresista fujimorista Jeny López de la bancada de Fuerza Popular, fue aprobado en la Comisión Agraria del Congreso y podría pasar al Pleno en cualquier momento. La propuesta permitiría actividades económicas en zonas de bosques primarios y legalizaría tierras ya deforestadas mediante la creación de un registro, lo que ha despertado la alarma de organizaciones ambientales y de derechos humanos.

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI Perú) alertó en un pronunciamiento que la norma “incrementará la deforestación, afectará gravemente los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia climática y pondría en riesgo la seguridad hídrica, alimentaria y sanitaria de millones de personas”. Asimismo, recordaron que “los bosques son sagrados: resguardan la vida, la biodiversidad, el equilibrio de la creación para toda la humanidad”.

“Un manto de impunidad”

Para entender el trasfondo legal y ambiental de esta propuesta, Wayka conversó con César Ipenza, abogado especialista en derecho ambiental con más de 20 años de experiencia.

“El proyecto pretende flexibilizar el marco jurídico para que personas naturales o jurídicas se hagan de tierras públicas con bosques. Esto acelera la deforestación y legaliza lo que ya se ha destruido. Estamos ante un mecanismo de impunidad permanente, similar a lo que ocurre con la minería informal o la pesca ilegal”, explicó.

El especialista subrayó que la iniciativa crea la figura de “zonas agropecuarias amazónicas” sobre las cuales se otorgaría propiedad sin exigir estudios de uso de suelo ni autorizaciones ambientales. “Con esta norma, el territorio deforestado hasta el 31 de diciembre de 2024 quedaría convalidado, lo que implica que procesos penales en curso contra deforestadores ilegales podrían caerse”, añadió.

Golpe a los derechos indígenas y compromisos internacionales

IRI Perú también advirtió que la propuesta vulnera los derechos colectivos de los pueblos indígenas, reconocidos en la Constitución y en tratados como el Convenio 169 de la OIT. Para Ipenza, este es un punto crítico:

“El Perú está incumpliendo sus compromisos en el Acuerdo de París y en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Al facilitar el desbosque, en lugar de reducir emisiones, se incrementan… definitivamente esto va a tener implicancias sobre los derechos de los pueblos indígenas y sus tierras y por ende, este esta norma debería ser consultada ya como se vio en el pasado no muy lejano con la Ley Anti Forestal 1, donde incluso el mismo tribunal constitucional señala que estas normas deberían ser sometidas a consulta previa”.

El abogado enfatizó que legislar en contra de la protección de la Amazonía es también un acto de vulneración constitucional: “El artículo 69 señala que el Estado debe promover el desarrollo sostenible de la Amazonía. Este proyecto de ley no es sostenible ni protege los bosques; responde a intereses particulares y económicos que buscan apropiarse de bienes públicos”.

Un patrón de desprotección

La aprobación en la Comisión Agraria, y no en las comisiones de Ambiente o de Pueblos Andinos y Amazónicos, ha sido cuestionada por especialistas y organizaciones sociales. Para Ipenza, se trata de un patrón: “En el pasado, normas similares fueron llevadas al Tribunal Constitucional, que terminó alineándose a intereses de co-gobierno entre Ejecutivo y Legislativo. Hoy vemos nuevamente cómo se generan leyes que hacen borrón y cuenta nueva de la deforestación”.

El pronunciamiento de IRI Perú fue contundente: “Legislar contra la protección de la Amazonía no solo es un retroceso político y técnico, sino también un atentado ético y espiritual. Exhortamos a archivar este proyecto y a construir, en diálogo con la sociedad civil y los pueblos amazónicos, un marco legal que fortalezca la gobernanza forestal, la justicia climática y el bien común”.

Hacia una gobernanza forestal real

Consultado sobre alternativas, Ipenza sostuvo que el proyecto debería archivarse y abrir un debate más amplio: “No beneficia a la colectividad, solo a grupos que han destruido los bosques y quieren salvar su responsabilidad. Se requiere consolidar el rol de la autoridad forestal y trasladar el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre al Ministerio del Ambiente, para que deje de estar subordinado a solo una visión agrarista y extractivista que lamentablemente hoy en día impera.”

La disputa en torno a la Amazonía no es solo técnica, sino profundamente política y ética. La defensa de los bosques amazónicos implica garantizar el derecho a un ambiente sano, la supervivencia cultural de los pueblos indígenas y el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales.

Como recuerda IRI Perú, “cuidar la Amazonía es un deber político, técnico y espiritual que debe ser asumido con responsabilidad y sentido de trascendencia”.