Redacción Wayka
Pese al solitario voto en contra del fujimorista Erwin Tito Ortega, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República aprobó ayer el predictamen del proyecto de ley 1513 que busca fortalecer el régimen jurídico sobre pasivos ambientales en el sector hidrocarburos. Es decir, para reforzar el cumplimiento de las sanciones contra las empresas y funcionarios responsables de los derrames de petróleo en la selva peruana, y garantizar la reparación y la participación de las comunidades indígenas afectadas.
Desde junio de 2017 que el proyecto de ley 1513 estaba guardado en la Comisión de Pueblos Indígenas. Y ayer, martes 9 de marzo, se debatió y aprobó el predictamen que recoge aportes técnicos del Ministerio de Energía y Minas, la organización de Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT) y otras instituciones afines a la problemática. Con el proyecto de ley aprobado, se espera agendar un Pleno Ambiental para el próximo 22 de marzo (Día Internacional del Agua) y someter a debate y votación dicho predictamen.
Entre sus puntos más importantes este predictamen busca modificar la Ley 29134 con el fin de que los derrames de petróleo esparcidos sobre suelos, fuentes de agua y otros bienes también se consideren como pasivos ambientales del sector hidrocarburos. De acuerdo a los registros del OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) y el Osinergmin (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería), la Amazonia peruana se ha visto afectada por 474 derrames de petróleo derivados del Oleoducto Norperuano. La mayoría de ellos ocurrieron en el Lote 8, donde opera Pluspetrol Norte S.A., la empresa del sector hidrocarburos más contaminante del país.
El total de derrames ocurridos dejó solo en el Lote 192 más de 2 mil sitios contaminados, de los cuales solo 32 de ellos fueron priorizados para su remediación. El costo de dicha reparación ambiental que equivale a 231.5 estadios nacionales llenos de sustancias contaminantes costaría no menos de S/600 millones. Se necesitaría por lo menos 24 mil 316 volquetes para llevarlo a cabo.
Otro cambio significativo que propone el predictamen recién aprobado es el fortalecimiento de las sanciones contra las empresas y funcionarios responsables de los delitos y faltas ambientales. En su análisis, el Ministerio de Energía y Minas sugirió que sea el OEFA el encargado de fiscalizar y controlar el cumplimiento de las obligaciones; y que además se informe a la Procuraduría Pública del Minem para tomar acciones civiles y penales contra los infractores.
En ese mismo sentido, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú precisó que también debería multarse a los representantes de las empresas responsables para que en casos de que se trate de compañías estatales como PetroPerú, las multas no las termine asumiendo el tesoro público, sino los funcionarios que incumplieron las normas. El predictamen también propone que las empresas sancionadas por infracciones y delitos ambientales estén impedidas de participar en los procesos de contrataciones con el Estado.
Por su parte, los dirigentes indígenas de PUINAMUDT resaltaron el derecho de participación de las comunidades nativas afectadas por los derrames de petróleo en los procesos administrativos sancionadores llevados a cabo por el OEFA; y advirtieron también que ese tipo de pasivos ambientales pueden derivar en cuadros cancerígenos en la población.
Como se recuerda, el informe final de la Comisión Investigadora sobre Derrames en el Oleoducto Norperuano del Congreso concluyó que no existía evidencia para responsabilizar a las comunidades indígenas de los derrames de petróleo esparcidos por grietas del oleoducto; y más bien denunció un posible caso de colusión entre PetroPerú y empresas dedicadas a la remediación de la infraestructura que transporta los hidrocarburos por la selva peruana.
