La historia de Manuela es una herida que lleva abierta 13 años en El Salvador y que evidencia la persecución judicial hacia las mujeres que han perdido un embarazo. Una historia similar también ocurrió en Perú.
Por Graciela Tiburcio Loayza
Manuela había sido condenada a 30 años de prisión por un aborto espontáneo. Murió en la cárcel, lejos de su familia y de sus hijos de 7 y 9 años. Sus últimos días los pasó enmarrocada a una camilla presa también de un cáncer linfático que no fue tratado adecuadamente por dejadez de las autoridades.
Su calvario comenzó en 2008, cuando tenía 33 años. Vivía en el municipio de Cacaopera, departamento de Morazan, una zona rural de El Salvador. Era pobre, no sabía leer ni escribir. En febrero de ese año, tuvo una caída que le provocó un fuerte dolor en el vientre. Cuando fue al baño comenzó a desangrarse y se desmayó. Estaba embarazada, pero no lo sabía.
Despertó esposada en la cama de un hospital. El personal de salud la acusó de provocarse un aborto y la denunciaron ante las autoridades salvadoreñas. Fue interrogada sin un abogado mientras aún estaba en el hospital y antes de ser dada de alta, la llevaron a la cárcel para que cumpla prisión preventiva. No pudo despedirse de sus hijos y nunca más volvió a verlos.
En paralelo, su familia fue interrogada y amenazada por las mismas autoridades que estaban juzgándola. Sus padres también eran iletrados, los engañaron para declarar en contra de ella. A Manuela la sentenciaron a 30 años de prisión por homicidio agravado y la encerraron en una celda donde no tenía agua potable ni una cama para descansar.
Un año después de su sentencia fue diagnosticada con cáncer linfático, mas nunca recibió tratamiento. Su salud se fue deteriorando en la cárcel hasta que, en 2010, falleció. Su caso está ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es el primero en denunciar la persecución penal a mujeres que han tenido emergencias obstétricas como el aborto espontáneo. La audiencia se está llevando a cabo este 10 y 11 de marzo en la Corte.
Perseguidas
La historia de Manuela se ha repetido varias veces en El Salvador. Entre 2000 y 2019, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una de las organizaciones que acompaña el caso de Manuela, ha contabilizado al menos 181 casos de mujeres encarceladas por abortos espontáneos. El Salvador es uno de los países de la región Latinoamericana que prohíbe completamente el aborto.
La interrupción del embarazo no está permitida en ninguna modalidad, ni por violación ni cuando peligra la vida o salud de la gestante. Incluso si una mujer pierde el embarazo naturalmente o el feto nace muerto, son sospechosas de haberse provocado un aborto y son condenadas entre 30 y 40 años de cárcel por el delito de homicidio agravado si el embarazo pasaba las 22 semanas.
“La prohibición del aborto genera un estigma incluso hacia las mujeres que han perdido un embarazo por complicaciones de salud. El personal sanitario sospecha de ellas y terminan siendo denunciadas penalmente en lugar de recibir la atención médica requerida”, señaló a Wayka Catalina Martínez, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos, organización que también impulsa el caso de Manuela.
Para Sara García, integrante de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del Aborto, el caso de Manuela abre el camino para cambiar esta realidad que afecta los derechos de las mujeres. Además, un fallo favorable de la Corte Interamericana generará un precedente histórico en América Latina y El Caribe para que terminar con la penalización del aborto.
“Es una denuncia contra el Estado salvadoreño para entregue justicia a la familia de Manuela y que cambie estas formas de tortura hacia las mujeres. Manuela simboliza un camino de justicia y esperanza de libertad para que no se repita este contexto de persecución contra ninguna mujer”, enfatizó García a Wayka.
El caso peruano
Una historia similar a la de Manuela ocurrió en Perú con una niña indígena de 13 años. Su padre la violó desde los nueve años, producto de las constantes violaciones quedó embarazada, pero su cuerpo no resistió la gestación y tuvo un aborto espontáneo. Una fiscal la acusó de haberse provocado el aborto y la sometió a una investigación.
Se trata del caso Camila que está en el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas y denuncia la desprotección del Estado peruano a las niñas. Según cifras del Ministerio de Salud, solo entre 2012 y 2018, 424 mil 570 mujeres, adolescentes y niñas fueron atendidas por aborto a nivel nacional. Entre 2015 y 2018, el Ministerio Público 961 denuncias por aborto contra mujeres y niñas, 312 llegaron a los tribunales.
Al igual que el caso de Manuela, la historia de Camila también generará estándares internacionales para terminar con la criminalización del aborto y que ninguna otra niña, adolescente y mujer vuelva a ser perseguida por las autoridades de sus países injustamente.
