Proyectos de ley antiderechos: buscan eliminar el término ‘feminicidio’ y sancionar denuncias por violencia

Dos iniciativas legislativas antiderechos impulsadas por los congresistas ultraconservadores Milagros Jáuregui y Alejandro Muñante han encendido alarmas entre especialistas y organizaciones civiles por sus posibles impactos en el acceso a la justicia y la protección de las mujeres frente a la violencia.

Se trata del PL 11561, titulado “Proyecto de ley que incorpora el artículo 402-A en el Código Penal y fortalece la administración de justicia para sancionar las denuncias falsas en los procesos de violencia familiar”, y del Proyecto de Ley 10342 , que propone modificar el artículo 108-B del Código Penal para sustituir el delito de feminicidio por la figura de “asesinato de la pareja”.

Ambas propuestas, promovidas desde Renovación Popular, se presentan bajo argumentos de “equidad” y “lucha contra abusos del sistema”. Sin embargo, desde una mirada de derechos humanos, especialistas advierten que podrían debilitar los avances normativos alcanzados en la lucha contra la violencia de género en el Perú.

Criminalizar denuncias: el riesgo del silencio

El PL 11561 plantea incorporar sanciones específicas para denuncias falsas en casos de violencia familiar. No obstante, como advierten juristas, el Código Penal ya contempla la figura de denuncia calumniosa, lo que pone en cuestión la necesidad de esta nueva tipificación.

La congresista Ruth Luque cuestiona el trasfondo de esta iniciativa:

“Nadie está diciendo que una denuncia falsa no debe investigarse. El Código Penal ya tiene figuras para sancionar cuando hay una denuncia falsa […] El problema es convertir ese discurso en una amenaza general contra las mujeres que denuncian violencia”.

Luque advierte que este tipo de propuestas pueden generar un efecto inhibidor en un país donde muchas víctimas ya enfrentan múltiples barreras para denunciar:

“Si desde el Congreso se instala la idea de que la mujer que denuncia puede terminar presa, lo que se incentiva es más bien silencio, injusticia y una lógica de protección al agresor”.

Según explica la parlamentaria, el miedo, la dependencia económica y la desconfianza en el sistema de justicia ya son factores que limitan las denuncias. En ese contexto, endurecer sanciones podría reforzar la impunidad.

Eliminar el feminicidio: invisibilizar la violencia estructural

El segundo proyecto, el PL 10342/2024-CR, propone reemplazar el feminicidio por “asesinato de la pareja”, argumentando que busca garantizar la igualdad ante la ley. Sin embargo, esta modificación implicaría eliminar el reconocimiento jurídico de la violencia basada en género.

Para Luque, esta propuesta representa un retroceso grave:

“El feminicidio no es cualquier homicidio […] es el asesinato de una mujer por razones de género, por odio, subordinación o violencia machista”.

La congresista advierte que reducir esta figura penal invisibiliza contextos de violencia estructural y borra categorías fundamentales para la investigación y sanción de estos delitos:

“Buscar que se reduzca a un asesinato de pareja invisibiliza casos […] y borra el contexto estructural de discriminación contra las mujeres”.

Además, alerta sobre posibles consecuencias legales:

“En materia penal, cualquier cambio puede beneficiar a personas investigadas o condenadas […] podrían pedir nuevos juicios”.

Coyuntura electoral y agenda conservadora

Ambas iniciativas surgen en un contexto político marcado por la polarización electoral, donde el foco está casi diariamente en resultados, fallas y coyuntura específica. Es ahí donde la agenda antiderechos sigue avanzando, buscando quitarle lo poco ganado a las mujeres. Pretendiendo menoscabar derechos. Luque señala que el mensaje de estas propuestas es claro:

“Le dicen a las mujeres: ‘piénsalo dos veces antes de denunciar’. Eso desalienta denuncias, refuerza la impunidad y sobrecarga a las víctimas”.

Asimismo, advierte que estas iniciativas distorsionan el enfoque de la violencia de género, devolviéndola a una lógica de “conflicto de pareja”, superada por normativas como la Ley 30364.

“No necesitamos propuestas que desmonten lo avanzado. Necesitamos más protección, operadores capacitados y un sistema que funcione”.

Un debate que define derechos

En un país donde, según cifras oficiales, más de mil feminicidios han sido registrados en menos de una década, el debate sobre estas iniciativas trasciende lo legal: pone en juego el reconocimiento mismo de la violencia de género como un problema estructural. El Perú cerró el año 2025 con 133 feminicidios registrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Según reportes que citan cifras del Programa Nacional Warmi Ñan, entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026 se registraron 41 feminicidios consumados.

Mientras el Congreso avanza en la discusión de estos proyectos, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos advierten que aprobarlos significaría un retroceso de derechos que podría costar vidas.

Por: Silvia Bardales Q.

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