“Camino al aborto legal en Perú”, fue el webinar organizado por Wayka con el propósito de visibilizar las luchas realizadas desde diferentes países de latinoamérica y el camino que aún falta recorrer en el Perú.

Dentro de las participantes se contó con la presencia de Natalia Arenas, periodista feminsta argentina, diplomada en género y movimientos feministas, además integrante del equipo de  Anfibia podcast. También estuvo como representante de Ecuador, Gabriela Sinchi Gomez, productora radial del medio digital Wambra, además de ser comunicadora y educadora popular.  

Desde Perú, se contó también con la participación de Milagros Olivera, periodista peruana y representante de la colectiva de acompañamiento al aborto Serena Morena, y por último Ruth Luque, abogada y actual congresista de la República. 

Dentro de los puntos abordados se comentó sobre la legislación peruana actual. Es importante mencionar que en el Perú, el aborto terapéutico es la única forma de aborto no punible, un derecho adquirido desde 1924, y que debe aplicarse cuando la gestante se encuentra en peligro de muerte o afectación grave de su salud. 

Sin embargo, incluso este derecho se ha visto vulnerado en muchas ocasiones y existen proyectos en el Congreso que buscan dejar sin efecto la legalización del aborto terapéutico. “Convivimos con un grupo antiderechos, un grupo que ha decidido retroceder en los avances limitados en el Estado peruano. El Estado ha tenido un avance fructifero en los temas de la Educacion Sexual integral y del aborto terapeutico que es algo que está regulado”, mencionó al respecto Ruth Luque. 

La marea verde en Latinoamérica

En 2020. el Senado argentino aprobó la propuesta para legalizar el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo. La medida salió adelante en una votación parlamentaria que se prolongó y duró más de un día, siendo aprobada con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.

Desde Argentina, Natalia Arenas contó que “recién en el 2018, que es la séptima vez que el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo se presenta, llega al Congreso y finalmente se trata en la cámara de diputados. Ese año lo que hicimos también fue ‘sacar al aborto del closet’, es decir que la discusión del aborto se puede visibilizar y que los medios de comunicación tomaran esta agenda, algo que nunca había pasado en Argentina, y que el aborto sea tema de discusión en las casas, en los almuerzos, en las cenas y por su puesto en las calles (…). En 2020 llegó nuevamente la oportunidad en este caso con una promesa de campaña que era empujar este proyecto en el congreso. En 2020 con barbijo, con distancia, salimos a las calles y finalmente se aprobó la madrugada del 30 de diciembre. Lo que quería resignificar con esto es la lucha de voluntades que se dio”. 

Por su parte, desde Ecuador, Gabriela Sinchi, periodista del medio digital Wambra, comentó sobre el proceso que se vive en su país “desde el 28 de abril del 2021, desde que se declaró la despenalización del aborto en casos de violación ha sido una movilización constante, un contexto de bastante lucha que, sin embargo, por un abuso de poder de parte del presidente (Guillermo Lasso) que responde a los intereses de grupos antiderechos, hizo que por algunas trampas legales pasaran a vetar casi toda la ley”. 

Dentro del veto del presidente Lasso se exige la presentación de una denuncia por violación, además, se exige que la gestante, o sus tutores legales, firmen una declaración jurada ante notario público detallando el hecho. Por último, como un requisito que no contemplaba la propuesta original, tendrá que someterse a un examen de salud, tras el cual un médico certificará, bajo juramento, que hubo «serios indicios” de violación.

Asimismo, el presidente ecuatoriano objetó el plazo máximo para la interrupción de la gestación. Según su argumento luego de una violación «se puede detectar el embarazo de una mujer cinco días después de producido el acto sexual”, a través de un examen médico, “por lo cual 12 semanas es un plazo realmente excesivo”.

“En un país como el nuestro en el que no tenemos un sistema de salud completo y existe una problemática de criminalización, nos preguntamos cómo nos ponen tantas trabas para acceder a una reparación a nuestros proyectos de vida a las que hemos sido victimas de violencia sexual. Esta situación promueve abortos clandestinos, promueve feminicidios de Estado”, acotó Sinchi.