Graciela Tiburcio Loayza

Alivio por saber que podría continuar con sus estudios y proyectos. Por sentirse acompañada durante el proceso. Porque supo que tomó la decisión correcta y pudo hacerlo de manera segura. “Micaela”, una joven de San Juan de Lurigancho, describe así la sensación que tuvo cuando culminó el aborto con pastillas.

Era marzo de 2019. Ella tenía 24 años. Estaba en los últimos ciclos de la universidad. Ni ella ni su familia contaban con una situación económica que le permitiera continuar con el embarazo. Tenía once semanas. Casi inmediatamente supo que la mejor opción para ella era interrumpirlo.

“Al inicio contacté a los números que aparecen en los carteles de atraso menstrual. Me querían cobrar 500 soles por un paquete de pastillas que no conocía. Tenía miedo que sean falsas y que me pasara algo. Luego hablé con mi mejor amiga, ella me ayudó a conseguir información confiable. Nunca me juzgó”, nos cuenta “Micaela” con voz tranquila y pausada.

Ella es una de las jóvenes que pudo acceder a un aborto lo más seguro posible en un país donde la clandestinidad es promovida por el miedo de ir a la cárcel, debido a que el aborto aún sigue penalizado. Cuando decidió abortar, Micaela no estuvo sola, sino acompañada por quien era su pareja en ese entonces y por su mejor amiga. Era importante para ella sentir un soporte y seguridad.

Su historia pudo ser otra. De no haber contado con información y apoyo su vida habría estado en peligro al acudir a una de esas tantas clínicas clandestinas, cuyos carteles nos rodean a diario en cualquier pared o poste.

“Luego de lo que viví, me volví acompañante porque cuántas más mujeres se encuentran en la misma situación en la cual yo estuve. Por eso empatizo mucho con las mujeres que han pasado por lo mismo”, argumenta segura de su decisión.

De no ser así, quizá su nombre hubiera acompañado en los titulares de diarios chicha a Haydée, quien a sus 36 años, fue noticia tras fallecer durante una intervención insegura en un consultorio de Jesús María. Este suele ser el riesgo que corren miles de mujeres en Perú.

Según la Línea de Aborto Información Segura de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, en el país se estima más de 800 abortos diarios. Muchos de ellos se realizan en consultorios sin las medidas salubres necesarias o sin personal preparado para estos procedimientos.

Aborto en pandemia

Abortar en el Perú implica enfrentarse a una sociedad que te juzga y condena por tomar esa decisión. Además, de exponerse a perder la vida. En el actual contexto de pandemia, abortar implicó mucho más riesgo para las mujeres y jóvenes.

La prohibición no detiene los abortos, solo vuelve su práctica más riesgosa. Incluso con el estado de emergencia por la COVID-19 y los servicios de salud saturados, los abortos tampoco se detuvieron. Al contrario, las solicitudes de información para aborto seguro se incrementaron exponencialmente.

Las llamadas a la Línea de aborto Información Segura aumentaron en 400%.  Esta línea telefónica funciona desde hace diez años y ha brindado información sobre aborto seguro a más de 13 mil mujeres.

En conversación con Wayka, Fátima Valdivia de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, alertó que las restricciones de movilización por la pandemia limitaron el acceso a servicios de ginecología y métodos anticonceptivos de emergencia.

“Imagina la cantidad de embarazos no deseados. Muchas nos llamaban cuando ya estaban en el tercer trimestre de gestación y se sintieron obligadas de continuar con el embarazo. No pudieron hacerse un examen antes para saber si estaban embarazadas”, señaló.

Quienes pudieron realizarse el aborto, tuvieron que enfrentar escenarios de desesperación y desolación a causa del aislamiento social. Esto se vio agravado para quienes tuvieron que abortar escondidas en sus hogares con familias o agresores cercanos. Sin acompañamiento ni contención, como si lo tuvo “Micaela”.

Al igual que la Línea de Aborto, la plataforma DecidoYo.org también presentó un considerable aumento durante de pedidos de información para abortar en los meses de cuarentena. Desde 2019, recibían a través de su chat virtual un promedio de 700 consultas mensuales. En los dos primeros meses de cuarentena (marzo y abril), este número aumentó a 2 mil.

“Nos escribían de todas partes del Perú. Incluso hubo algunos hombres que nos escribieron buscando información confiable para sus parejas. Eso evidencia la magnitud de la necesidad por servicios de aborto seguro en todo el país”, explicó una integrante de la plataforma a Wayka.

Según las estadísticas de DecidoYo.org, de marzo a agosto recibieron en total 9 mil 779 peticiones de información sobre aborto seguro. De ese total, el 36% de usuarias tenían entre 18 y 24 años, mientras que el 32% tenía entre 25 y 34 años. La mayor parte de las consultas, provinieron de regiones como La Libertad, Arequipa y Lambayeque.

Si bien los números reflejan la urgencia por información y acceso al aborto seguro, no reflejan la realidad completa, pues aún existen miles de mujeres que no cuentan con redes de acompañamiento confiable ni tienen los recursos suficientes para acceder a un procedimiento seguro.

Derecho a decidir

Prohibir el aborto no detiene su práctica. Como señala Cynthia Nunez, integrante de la Colectiva por la Libre Información para las Mujeres, “solo alimenta un mercado clandestino que lucra, estafa y violenta a las mujeres que están buscando una solución”.

Además, alerta que prohibirlo alienta a que el personal médico no priorice la salud de las mujeres. Como ocurrió en Apurímac en 2017, donde un centro de salud en Abancay colgó un cartel advirtiendo que toda paciente que llegara con un aborto incompleto sería denunciada a la policía.

Cartel que puso el II de Abancay en Apurímac

“Las mujeres deben saber que nada está por encima de su salud. Si alguna ha tenido un aborto espontáneo o complicaciones durante el procedimiento y acude a un hospital, el personal médico debe priorizar su atención porque está en riesgo su vida”, señala DecidoYo.org.

Sin embargo, esta práctica médica de amenazar a las usuarias es aún la constante. En agosto de este año, se hizo mediático el caso de Diana Alemán, una joven que se suicidó al enterarse que el personal de salud del hospital María Auxiliadora la iba a denunciar por haber tenido un aborto espontáneo.

Según cifras del Ministerio de Salud, solo entre 2012 y 2018, 424 mil 570 mujeres, adolescentes y niñas fueron atendidas por aborto a nivel nacional. En ese mismo período de tiempo, el Ministerio Público inició procesos en contra de 3 mil 883 mujeres y adolescentes que abortaron.

“En el Perú el aborto es tan restringido. No solo legalmente, sino también en lo moral. Mencionar la palabra aborto está mal visto. Es como si fuera un término para un libro de malas palabras”, reflexiona “Micaela”.

El proceso que vivió le permitió darse cuenta de la importancia y urgencia que tienen las mujeres y jóvenes por acceder a procedimientos seguros y que cuenten con redes de soporte.

“Me gustaría que se sigan fortaleciendo todas las redes feministas, al menos gracias a ellas fue que yo pude llevar a cabo mi decisión libre, acompañada y segura”, bajo esa consigna, “Micaela” y muchas activistas más siguen defendiendo el derecho a decidir de las mujeres.