Redacción Wayka
Entre los años 1996 y 2000, más de 300 mil mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, como parte de una política del gobierno de Alberto Fujimori. Las sobrevivientes y familiares de las víctimas exigen justicia tras más de veinte años de espera.
Es así que se tiene previsto para este lunes 1 de marzo, la reanudación de la audiencia judicial y pública contra el expresidente Fujimori y sus exministros de Salud; Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último, actual candidato por Fuerza Popular en Lambayeque y parte de las 470 personas involucradas en el escándalo del #Vacunagate.
En la audiencia programada para las 9:30 a.m. se presentarán los cargos contra los acusados por las esterilizaciones forzadas. Esto después que la anterior diligencia sea suspendida ante la falta de traductores para las distintas variantes de quechua, idioma natal de las víctimas.
Este primer grupo de denunciantes lo conforman 1307 mujeres, quienes exigen al juez Rafael Martínez, la celeridad en la apertura de investigación judicial contra los responsables por estos hechos violatorios de los derechos humanos, además que se garantice con traductores para las víctimas. El fiscal Pablo Espinoza, estará a cargo de sustentar la denuncia penal contra Fujimori y sus exministros.
Reparaciones
A inicios de febrero, el Gobierno promultó la norma que modifica los artículos 3 y 6 de la Ley que crea el plan integral de reparaciones (Ley 923), donde se reconoce el derecho de reparación a las víctimas de todas las formas de violencia sexual que se dieron durante el periodo de violencia política. Con este cambio, las mujeres víctimas y sobrevivientes de esterilizaciones forzadas podrán acceder a la reparación.
En el Foro Deuda Histórica: Esterilizaciones Forzadas y Derecho a Reparación Integral organizado por el colectivo Somos 2074 y muchas más, especialistas y víctimas señalaron su preocupación ante «la falta de voluntad política» para ejecutar la implementación de las reparaciones y otros derechos enmarcados a la protección y el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de las esterilizaciones, como destacó la abogada Ana María Vidal del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas.
