Reforma de Ley de Extinción de Dominio: Poder Judicial y Ejecutivo rechazan propuesta del Congreso que podría dejar impune más de 5 mil casos
El Congreso busca modificar la ley que fue creada a favor del Estado para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita, pero tanto el Poder Judicial y hasta el Ejecutivo, que ha venido promulgando todas las leyes del Parlamento, se muestran en contra de la propuesta.
El Congreso de la República se ha quedado solo con su proyecto que reforma la Ley de Extinción de Dominio o Decreto Legislativo N° 1373. El pasado 13 de diciembre, el Parlamento aprobó en primera votación el dictamen que busca modificarla para que ahora solo se pueda recuperar bienes obtenidos de manera ilícita luego de una sentencia; sin embargo, el Poder Judicial e incluso el Ejecutivo han rechazado la propuesta.
Por el lado del sistema jurídico, tanto la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, alertaron de que esta ley favorecía la impunidad. En cuanto al Ejecutivo, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, señaló que “la posición del gobierno es que la ley debe permanecer tal como está, porque como modelo procesal ha servido en la lucha contra la criminalidad“.
Ley que trae impunidad
El magistrado Manuel Luján Túpez advirtió que el proyecto de ley impulsado por el Parlamento podría debilitar la lucha contra el crimen organizado al establecer que los bienes obtenidos ilegalmente solo sean confiscados tras una sentencia judicial firme. Según explicó, esta medida no solo ralentizaría los procesos, sino que permitiría que muchos prescriban, impidiendo la recuperación de activos ilícitos.
Luján Túpez alertó que, de aprobarse esta norma en segunda votación, su aplicación inmediata dejaría impunes más de cinco mil procesos en curso. Asimismo, destacó la importancia de la Ley de Extinción de Dominio como una herramienta clave contra delitos como corrupción, narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, tala ilegal y trata de personas.
“Un sicario, extorsionador, minero ilegal o corrupto necesita dinero para delinquir, y la extinción de dominio ataca donde más les duele: el bolsillo”, señaló el magistrado. Advirtió que modificar esta normativa daría una nueva oportunidad al crimen organizado para actuar con impunidad.
Gracias a esta ley, el Subsistema Nacional de Extinción de Dominio ha logrado recuperar cerca de 160 millones de dólares para el Estado, incluidos 100 kilos de lingotes de oro. Además, permite afectar directamente las finanzas de los delincuentes, limitando su capacidad de operar.
Los beneficiados
La posible aprobación de la nueva ley impulsada por el Congreso pone en peligro procesos de extinción de dominio vinculados a figuras clave de la corrupción y el crimen organizado, advirtió la Fiscalía.
Entre los casos más emblemáticos se encuentra el del empresario Rodolfo Orellana, señalado como presunto líder de una red de estafa y lavado de activos que operó durante 12 años, acumulando más de 100 millones de dólares. Actualmente, tres inmuebles en Lima, inscritos a nombre de testaferros, se encuentran en proceso de extinción de dominio, así como la ‘Hacienda Cazaderos’, propiedad de la sociedad ABC Group For Human Development S.A.C., valorada en más de 130 millones de soles.
Otro caso en la lista es el del expresidente Alejandro Toledo, investigado por lavado de activos por presuntamente haber adquirido bienes con dinero proveniente de sobornos de la constructora Odebrecht. Entre los inmuebles bajo la mira se encuentran propiedades en Las Casuarinas, Punta Sal, Camacho y la Torre Omega, valorizadas en más de 5 millones de dólares.
También figura el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), quien en 2002 adquirió una casa en San Isidro por 695 mil dólares y la vendió cuatro años después a su propia empresa, Dorado Asset Management Ltd. Según la Fiscalía, compañías vinculadas a PPK firmaron contratos de asesoría financiera con Odebrecht mientras él era ministro de Economía durante el gobierno de Toledo, lo que ha despertado sospechas sobre el origen de los fondos.
El último caso involucra al prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín. La Fiscalía mantiene un proceso de extinción de dominio por la incautación de más de 1.6 millones de soles de sus cuentas bancarias, argumentando que el dinero provendría de actividades ilícitas relacionadas con crimen organizado y lavado de activos.
