Por Álvaro Meneses

A más de un mes de la represión policial contra las protestas ciudadanas que surgieron en rechazo de la clase política peruana, y que terminó con dos ciudadanos muertos y más de doscientos heridos, el Gobierno ha tenido pocos avances sobre la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) y reparación para los deudos y afectados.

Tras anunciarlo en su primera conferencia de prensa de ayer, hoy el Gobierno de Francisco Sagasti instaló oficialmente la Comisión Multisectorial para el seguimiento de las acciones a favor de los deudos de las personas fallecidas y con lesiones de gravedad, no solo en las manifestaciones del 10 al 14 de noviembre, sino también las de inicios de diciembre, contra la Ley de Promoción Agraria. Del otro lado, a más de un mes de los hechos, la comisión de bases que establecerá los lineamientos para la reforma policial aún no se ha instalado.

La Comisión Multisectorial que atenderá la reparación hacia deudos y heridos, será dirigida por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también estará compuesta por funcionarios de la Presidencia del Consejo de Ministros, las carteras del Interior, Salud, Educación, Desarrollo, de la Mujer y de Trabajo; así como el Seguro Integral de Salud. Desde la sociedad civil, estará un representante del grupo de afectados y un miembro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

«Esta comisión se aprueba más de un mes de los hechos, pero han habido problemas relacionados a la debilidad del Ejecutivo que han generado que el proceso se retrase algunas semanas”, explica Mar Pérez, abogada de la CNDDHH. “Pensamos que el liderazgo del Ministerio de Justicia puede hacer que este proceso avance mejor, vamos a mantenernos vigilantes”, agrega.

Reforma pendiente

A fines de noviembre, el presidente Francisco Sagasti anunció la instalación de una comisión de base que será dirigida por el Ministerio del Interior y que tendrá como fin recibir propuestas de la sociedad civil y dictar lineamientos para modernizar y fortalecer la Policía Nacional. Sin embargo, hasta hoy dicha comisión no se ha creado oficialmente.

Desde la CNDDHH, organización que acompaña a los heridos y familias de las personas asesinadas en las protestas, identifican por lo menos cuatro ejes que deberían estar sobre la mesa. El primer punto consiste en la prohibición de armas letales usadas contra ciudadanos, así como un registro de las armas y municiones que se usen, y equipos de protección adecuados para los agentes policiales.

El segundo eje consiste en cumplir con la identificación visible de policías, el registro de sus planes de operaciones para acompañar las manifestaciones, la grabación de las comunicaciones telefónicas de la PNP que permita conocer el detalle de las decisiones de las autoridades y la implementación de cámaras en vehículos y uniformes policiales. “Con esto se asegura un registro íntegro de las operaciones, y se reduce el riesgo que se cometan actos arbitrarios o vulneraciones de derechos humanos, porque el anonimato es una condición que favorece los abusos policiales”, apunta Mar Pérez al respecto.

Otros dos temas pendientes en la reforma policial son la independencia en las investigaciones e inspectorías al interior de la PNP en casos de fallecidos y heridos con armas letales; y el entrenamiento adecuado para acompañar y vigilar las manifestaciones.