Régimen de Dina pone plazo de un año y ocho meses para hallar a más de 8.000 desaparecidos del conflicto armado interno
Diversas organizaciones y representantes de casos emblemáticos han expresado su desacuerdo con los plazos establecidos en la nueva “Directiva para la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia 1980-2000”.
Esta normativa, que regula las funciones de la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD), propone un tiempo de un año y ocho meses para localizar a las más de 8.000 víctimas desaparecidas, lo que ha generado críticas por considerarse incompatible con la Ley N° 30470, que establece un enfoque humanitario y no fija límites temporales.
En una carta entregada el 16 de diciembre al director de la DGBPD, Javier Pacheco Palacios, Doris Caqui Calixto, fundadora de la Coordinadora Nacional de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada, expresó su inconformidad en nombre de las familias afectadas. “La ley debe respetarse, ya que no solo abarca la búsqueda, sino también el alivio para los familiares”, afirmó la vocera esposa de Teófilo Rímac Capcha, desaparecido en 1986.
En respuesta, Javier Pacheco aseguró que los plazos establecidos en la Directiva tienen un propósito interno y operativo para el equipo de búsqueda, no para limitar las investigaciones. Sin embargo, Caqui exigió que se mantenga el grupo de trabajo conformado por familiares, organizaciones de derechos humanos, y sectores del Estado, además de garantizar un presupuesto adecuado para el 2025.
Asimismo, Luis Aronés Huallanca, presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política, criticó la falta de presupuesto para identificar los restos encontrados.
Aronés Huallanca mencionó que en Ayacucho, más de 1,000 restos permanecen almacenados en cajas desde hace años, sin ser entregados a sus familias. “Es urgente avanzar, ya que muchos familiares están falleciendo sin poder enterrar a sus seres queridos dignamente”, declaró.
Aronés también señaló el caso de Raccaya, donde se han identificado parcialmente los restos de 41 víctimas encontradas en fosas comunes. Denunció la lentitud de los procesos judiciales y forenses, advirtiendo que con el tiempo será más difícil realizar identificaciones debido a problemas técnicos en los análisis de ADN.
Por su parte, Luyeva Yangali Muñoz, se opuso firmemente a los plazos estipulados en la Directiva, calificándolos como una violación de derechos humanos. “No es aceptable que, si en un año y ocho meses no se encuentran los restos, el caso se cierre. Las familias tienen derecho a seguir buscando y a recibir respuestas, sin importar cuánto tiempo tome”, enfatizó.
Estas organizaciones y sus líderes coinciden en que la búsqueda de los desaparecidos durante el conflicto armado interno debe ser prioritaria, con un enfoque humanitario que respete los derechos de las familias y garantice el acceso a la verdad y la justicia.
