Una auditoría de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP (SBS) al Banco de Crédito revela cómo dicha entidad bancaria ‘burló’ controles para poder financiar la campaña de Keiko Fujimori del 2011.

El informe de la SBS, del que el el semanario Hildebrandt en sus trece presenta varias capturas de documentos, revela que Dionisio Romero ordenaba a sus trabajadores abrir la bóveda del BCP y retirar dinero para la entonces candidata. Esto ocurrió hasta en 17 oportunidades entre noviembre de 2010 y mato del 2011. Estas órdenes se daban por correo electrónico por parte del alto ejecutivo del BCP.

Uno de los testimonios recogidos en el informe de la SBS es esclarecedor y pertenece a Wálter Bayly, gerente de Credicorp, quien señala que “se trataba de aportaciones dinerarias para el partido Fuerza 2011”.

Otro es el de Álvaro Correa Malachowski, gerente central del Planeamiento y Finanzas del BCP, entre 2010 y 2013. “Los montos y las fechas en las cuales debían efectuarse los desembolsos los definía Romero, yo desconocía qué partido político, solo sabía que eran contribuciones”.

Otro de los testimonios es del funcionario Luis Muñoz que se encargaba de retirar el dinero que –afirma- algunas veces no se tenía la cantidad disponible y por eso se coordinaba la apertura de la bóveda,  Su versión ante el personal de la SBS es que las entregas a la candidata Fujimori se hacían en “cajas cuadradas metálicas llamadas también loncheras. Y en un maletín de laptop que llevaba se colocaba el dinero, el cual (…) lo conducía internamente a la oficina del señor Romero, todo ello dentro de la agencia de La Molina”.

El informe al que tuvo acceso Hildebrandt en sus trece también detalla el cronograma de 17 retiros del banco. Los montos oscilaban entre 100 mil y 500 mil dólares. Estos aportes, según los investigadores, no se reportaron en el Registro de Operaciones de los clientes, algo que ya investiga la Unidad de Inteligencia Financiera que sigue la pista sobre el presunto lavado de activos.

El 30 de noviembre el juez Víctor Zuñiga debe pronunciarse sobre el pedido del Equipo Especial Lava Jato para que se suspenda la actividad política de Fuerza Popular, por considerarse –según la hipótesis fiscal- como una organización criminal.