Redacción Wayka
Las declaraciones del electo congresista por Renovación Popular, el vicealmirante en retiro Jorge Montoya Manrique, podrían rozar con lo delictivo, de acuerdo a la opinión de abogados consultados por Wayka. En los últimos días, Montoya no solo ha llamado a desconocer el proceso electoral celebrado el pasado 6 de junio, sino también a no reconocer la legitimidad del futuro Presidente de la República.
Tras más de una semana de espera, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las actas al 100%. Los resultados mantienen a Pedro Castillo (Perú Libre) como el candidato más votado con el 50.125% a su favor, mientras que Keiko Fujimori quedó en 49.875%. La diferencia entre ambos fue de 44 mil 058 votos.
Frente a la inminente derrota electoral de Keiko Fujimori, la tercera a lo largo de su carrera política, los políticos y periodistas se rehúsan a reconocer los resultados de la segunda vuelta, la cual fue vigilada por diversas misiones de observadores internacionales, quienes además descartan indicios de fraude.
“Nuevas elecciones con auditores internacionales durante todo el proceso, nuestro sistema electoral ha sido vulnerado por dentro y fuera, ya no brinda confianza. Jefe JNE y ONPE deben renunciar a sus cargos y asumir sus responsabilidades. El Perú es más grande que sus intereses”, dijo el congresista electo Jorge Montoya en su cuenta de Twitter.
“La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”, expresó Montoya en otro tweet.
POSIBLES DELITOS
Para el abogado Carlos Rivera Paz, las declaraciones de Jorge Montoya no solo incurren en el delito de sedición, sino también en el de conspiración.
“En sus declaraciones hay por lo menos la instigación a cometer el delito de sedición, pero analizando más integralmente la situación podríamos hablar también del delito de conspiración contra las elecciones. Está llamando a perpetrar un hecho delictivo contrario al orden constitucional, no solo porque está yendo en contra de la voluntad popular que votó en su mayoría por el señor Castillo, sino porque está yendo en contra de las reglas de la Constitución”, explica Rivera a Wayka.
Como se recuerda, el artículo 349° del Código Penal toma como conspiración cuando se toma parte entre dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín; mientras que el artículo 347°identifica el delito de sedición como el que se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales. Este delito puede conllevar una pena de hasta diez años.
«Al exigir nuevas elecciones, está desconociendo también la legalidad y la constitucionalidad del acto celebrado el pasado 6 de junio», precisa Rivera.
Para el abogado Rivera también es inviable exigir que la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anulen el proceso electoral. “No sé si es parte de su desconocimiento, pero (Montoya) debe saber que el JNE no tiene esa atribución (de anular las elecciones) salvo los votos nulos o blancos superen los dos tercios del total de votos emitidos, como dice el artículo 184 de la Constitución”, enfatiza.
El abogado Javier Alonso de Belaúnde también coincide en este punto. “Declarar la nulidad de las elecciones es también atribución exclusiva del JNE. No es una decisión discrecional, solo lo puede hacer ante 66% de votos inválidos o si se anulan cricunscripciones que representen un tercio de la votación válida”, apuntó de Belaúnde en una columna de opinión para un diario local. En cualquier otra situación, la anulación de las elecciones constituye usurpación de funciones.
Por su lado, la abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano Legua, precisa que aún es pronto hablar de un delito. “El no reconocimiento de los resultados electorales develan la verdadera vertiente antidemocrática de quienes decían defender la democracia, pero para constituir el delito tendría que pasar de la mera declaración a la acción”, apunta Cano a Wayka.
Frente a los posibles delitos que podría estar incurriendo, Montoya aseguró el pasado martes 15 de junio que no buscó incitar a la población a no reconocer los resultados de la segunda vuelta, pero insistió en llamar a nuevas elecciones. “No estoy levantando ni incitando a desconocer los resultados. Estos diciendo a los responsables del sistema que sería más prudente hacer una segunda vuelta nuevamente. Hay muchos indicios de que hubo un mal manejo electoral”, dijo el congresista electo de Renovación Popular.
