Se trata de las universidades Austral del Cusco y San Andrés de Lima que fueron beneficiadas con cientos de miles de soles, a pesar de que tendrán que cerrar por no haber logrado la licencia institucional de la Sunedu. Así lo dio a conocer el portal de investigación Convoca.
En julio de 2019, la universidad San Andrés ubicada en Lima Norte fue denegada de obtener el licenciamiento por no ser capaz de garantizar presupuesto para las actividades de investigación y no tenía evidencia de fomentar los estudios académicos. Sin embargo, logró acceder a un préstamo de S/ 175 mil 357 del BBVA.
En noviembre de 2019, la Sunedu identificó que la universidad Austral presentaba deficiencias en sus planes de estudios y no tenía una propuesta educativa consistente. Pese a esto, logró acceder a 200 mil soles de la Caja Cusco.
Según Convoca, ambas universidades habrían obtenido el préstamos para financiar sus propios cierres.
En diciembre de 2019, la universidad Austral firmó un convenio con la Universidad Continental, y solicitó un préstamo de S/ 10 millones al Scotiabank para el traslado de los estudiantes y reubicación en otras sedes.
En total, son 16 las universidades que recibieron hasta 10 millones de soles en créditos a través de Reactiva Perú. Entre ellas están la Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad Andina del Cusco, ESAN, la Universidad Ricardo Palma, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad Señor de Sipán (vinculada a los Acuña), y la Universidad Tecnológica del Perú del Grupo Intercorp.
Los alumnos de la Universidad Andina (Cusco) anuncian protestas para pedir explicaciones a sus autoridades, pues a pesar de haber recibido millones en préstamos, la Andina solo redujo al 10% el precio de las pensiones y se ha negado a mayor reducción.
Por su parte, el presidente Vizcarra junto a la ministra de Economía, Maria Antonieta Alva, anunciaron que mejorarán los filtros para evitar que compañías vinculadas a la corrupción accedan a los créditos avalados con el dinero de todos los peruanos. Dijeron también que la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) deberá verificar que se hayan cumplido los criterios y que, en caso contrario, el Estado retirará la garantía y el riesgo de no pago del préstamo será asumido por las entidades financieras.
