Redacción Wayka

Gestión Muñoz en la mira. La Contraloría General de la República investigará si existen presuntas irregularidades en el Concurso de Limpieza de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). Según reportaron dirigentes del Sindicato de Trabajadores Obreros de la Empresa Innova Ambiental S.A. (Sitobur), la comuna no estaría cumpliendo con la Ley de Contrataciones del Estado.

El pasado 12 de marzo de este año, la MML a cargo del alcalde Jorge Muñoz publicó una convocatoria de licitación para empresas dedicadas al servicio de limpieza pública, pese a que una sentencia de la Corte Suprema, de hace casi dos años que sigue sin ser acatada, ordenó a la MML que se incorpore a planilla a más de 700 trabajadores.

El concurso de contratación de la MML puso en alerta a cientos de trabajadores de limpieza que podrían quedar desempleados, y que además llevan más de 20 años a cargo del aseo de las calles de Lima. Por eso, los hechos fueron documentados por el secretario general de Sitobur, Raúl Oviedo, y remitidos al despacho del titular de la Contraloría General de la República, Nelson Shack.

En respuesta, un oficio de la Contraloría enviado al dirigente sindical comunicó que iniciará una investigación sobre dicha convocatoria de contratación “a fin de obtener mayor información que permita determinar la existencia de indicios de irregularidad o desestimar los hechos, de ser el caso”.

Con el fin de identificar la existencia de una presunta irregularidad y a los funcionarios municipales involucrados, la Contraloría revisará el Plan Anual de Contrataciones de la MML, la aprobación del expediente de contratación, la designación y miembros del Comité de Selección, la aprobación de las bases y todos los actos siguientes a la convocatoria cuestionada.

Según las observaciones que Sitobur envió a la Contraloría, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado, resultaría ilegal que la Municipalidad de Lima contrate “a un tercero para que sea esta quien ejecute, en su lugar, una función principal de la entidad, a través de la prestación de determinados servicios públicos”, como se menciona en su documento.