Por Álvaro Meneses

Desde el Ministerio Público, el fiscal adjunto superior Carlos Matamoros Curipaco busca concluir con la investigación que se sigue contra el Sodalicio de Vida Cristiana por los presuntos delitos de lesiones graves, secuestro y organización criminal. De acuerdo a José Ugaz, abogado de las víctimas del Sodalicio, este intento de archivar el caso se da justo cuando empiezan a conocerse las finanzas y negocios de la organización religiosa.

En la Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado, presidida por la magistrada Porfiria Condori Fernández, se bate una batalla legal por la continuidad de la investigación preliminar contra el Sodalicio. En esa instancia, el fiscal superior Carlos Matamoros ha pedido el cese de la investigación porque, según alega, el plazo de indagaciones ha terminado. 

Fiscal superior Carlos Matamoros Curipaco.

Las intenciones del fiscal superior Matamoros, sin embargo, van en contra de las normas. 

La primera investigación fiscal que se le abrió al Sodalicio fue el 23 de octubre de 2015, luego de que el libro “Mitad monjes, mitad soldados” revelara ese año una treintena de historias de abusos sexuales al interior de la organización religiosa. Esa denuncia, no obstante, fue archivada porque el delito de violación ya había prescrito. 

Posteriormente, un grupo de sobrevivientes del Sodalicio presentó una nueva denuncia por los presuntos delitos de lesiones graves, secuestro y asociación ilícita para delinquir en el marco de una organización criminal, por lo que la Fiscalía inició el 31 de mayo del 2016 la investigación preliminar sobre esta nueva queja. 

Lo que intenta el fiscal Matamoros es convencer a la Sala Penal de Apelaciones que la actual investigación preliminar inició en octubre de 2015 y no en mayo de 2016 como realmente sucedió. Si la Sala admite el argumento de Matamoros, podría archivar el caso ya que según la Ley de Crimen Organizado el plazo de una investigación puede extenderse hasta por 6 años. 

Sin embargo, el abogado José Ugaz aclaró en un noticiero local que “si la investigación, declarada por la Fiscalía y aceptada por los imputados, empezó el 31 de mayo del 2016, debería vencer lógicamente el 31 de mayo del año que viene (2022)”. 

José Ugaz, abogado de los sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana.

Las acciones del fiscal superior Carlos Matamoros también van en contra de lo avanzado por el fiscal provincial Eduardo Castañeda, quien en estos cinco años ha logrado acreditar los delitos de lesiones graves, secuestro y asociación ilícita para delinquir cometidos por los altos miembros del Sodalicio. 

“Esto ocurre curiosamente en un momento en el que la investigación pega un giro y se está investigando los delitos patrimoniales del Sodalicio. Qué curioso que cuando estamos en un punto en el que se han acreditado las lesiones mentales, el secuestro mental y se avanza en el aspecto económico que toca intereses millonarios de los investigados (…) de pronto se afanan de cuestionar un plazo que ellos aceptaron en su origen, porque nunca se opusieron a aquella decisión fiscal que dijo que se empieza a computar desde el 31 de mayo del 2016”, advierte Ugaz.