Por Álvaro Meneses
La fiscal provincial penal de Piura, Heldy Huaylinos, admitió el último 25 de febrero un recurso de queja por parte de un empresario vinculado al Sodalicio de Vida Cristiana para continuar con la denuncia por falso testimonio contra la periodista Paola Ugaz, quien pronto publicará un libro sobre la secta religiosa.
El empresario Carlos Alberto Gómez de la Torre Pretell, quien dirigió empresas vinculadas al Sodalicio, como la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB), acusa a Paola Ugaz de ser la productora del documental ‘The Sodalitium Scandal’, difundido por la cadena Al Jazeera.
El audiovisual expuso denuncias de comuneros, policías y testigos de Piura contra la ACSJB por tráfico de tierras en el distrito de Castilla. “El Sodalicio no paga ningún impuesto porque en 1980 el Perú firmó el concordato con el Vaticano, y la Iglesia Católica no paga impuestos así se dedique a cualquier tipo de negocio”, comentó la periodista en su breve aparición (17 segundos). Se refería a la forma en que el Sodalicio estaría acumulando bienes sin pagar impuestos.
Ahora le toca a la Fiscalía Superior de Piura decidir si existe materia para desarrollar una investigación contra la periodista.
Querellador compulsivo
Además de esa denuncia, la periodista afronta una querella por difamación por parte de Carlos Gómez de la Torre Pretell. Este empresario también ha querellado a la comunera Carmen Campodónico, al policía Pedro Zapata Monteza, y al testigo clave Samuel Alberca, quienes afirmaron que la ACSJB habría pagado hasta S/73 mil semanales a miembros de una banda criminal para que invadan tierras comunales de Castilla.
Una investigación de Wayka reveló que por lo menos 45 personas, entre comuneros, periodistas, policías y testigos, arrastran procesos judiciales iniciados por personas o empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Desde el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) ya han levantado las alertas sobre la situación de la periodista Ugaz. “IPYS reclama nuevamente por el caso de Paola Ugaz al considerar que el acoso judicial contra los periodistas es un atentado contra la libertad de expresión”, sostuvo la organización.
