Solo 2% de las denuncias por trata de personas consiguen sentencia condenatoria firme

Mientras las redes de criminalidad organizada expanden sus tentáculos en el territorio nacional y el entorno digital, el Estado peruano parece haber bajado los brazos. Un informe de CHS Alternativo, revela una preocupante realidad: la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030 enfrenta un «retroceso crítico» marcado por el desfinanciamiento crónico y una impunidad que alcanza niveles escandalosos.

La cifra del horror: 2 de cada 100

El hallazgo más alarmante del estudio es la brecha de justicia. Entre 2023 y 2025, solo el 2% de las denuncias por trata de personas culminaron en una sentencia condenatoria firme. Esta cifra no es un hecho aislado, sino el resultado de una debilidad estructural: desde 2012, el promedio de sentencias apenas llega al 4%.

Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, señala que la inestabilidad política es un factor determinante. Con 5 presidentes y 17 ministros del Interior desde 2021, la continuidad de las estrategias contra el crimen organizado se ha vuelto virtualmente imposible, dejando el camino libre a las economías ilícitas.

Presupuesto de «migajas» para un delito complejo

La desatención del Estado no solo es operativa, sino también financiera. En 2023, se estimó que la implementación de la política nacional requería 1,159 millones de soles. Sin embargo, el Estado ha destinado apenas el 1% de ese monto.

«El presupuesto específico asignado apenas supera los 11 millones de soles, lo que representa un ínfimo 0.005% del Presupuesto General de la República«, detalla el informe.

Esta carencia de recursos se traduce en el abandono de quienes logran escapar de sus captores: de los 17 servicios previstos para la atención y reintegración de víctimas, solo 4 recibieron presupuesto específico. Además, la escasez de albergues especializados para hombres y población LGTBIQ+ perpetúa el ciclo de vulnerabilidad.

Nuevas amenazas: El peligro acecha en la pantalla

El informe pone especial énfasis en la explosión de la explotación en el entorno digital. Mediante ciberpatrullajes, se detectó que solo en 2024, 700 mil niñas, niños y adolescentes (NNA) enfrentaron riesgos sexuales en internet. Las redes criminales usarían inteligencia artificial, deepfakes y plataformas de videojuegos como Roblox para captar a menores mediante engaños y falsas promesas.

Leyes que abren la puerta a la impunidad

Lejos de fortalecer el marco legal, el Congreso ha emitido normas que debilitan la persecución del delito. El informe denuncia que leyes como la 32108 y 32138 (que modifican el concepto de crimen organizado) y la 31751 (que facilita el archivamiento por prescripción) son herramientas que favorecen a los tratantes y dificultan la labor de las fiscalías especializadas, las cuales no han recibido incrementos presupuestales pese al aumento de la criminalidad.

Exigencias urgentes

Ante este escenario, la sociedad civil y CHS Alternativo exigen:

Restituir la rendición de cuentas obligatoria ante el Pleno del Congreso, nivel que fue reducido por la Ley 32165.
Cumplimiento inmediato de la Ley 30925, que exige la creación de un Programa Presupuestal orientado a Resultados (PPoR), pendiente desde hace seis años, según CHS.
Unificación de los registros oficiales, ya que existe una discrepancia abismal: mientras fiscalías (FISTRAP) registraron 2,692 víctimas en 2025, el Ministerio del Interior solo reportó 384.

La trata de personas en el Perú tiene rostro de mujer y de infancia desprotegida. Si el Estado persiste en su indiferencia financiera y legislativa, seguirá siendo cómplice silencioso de uno de los delitos más atroces contra la dignidad humana.

Por: Silvia Bardales Q.

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