Sostener la vida a pulso: El cuidado de las mujeres que sostiene a la Lima olvidada
Por: Silvia M. Bardales Q.
En el Perú, el motor que sostiene la vida cotidiana de las familias no cotiza en la bolsa de valores. Suena a ollas comunes hirviendo desde las cinco de la mañana, al traqueteo de una silla de ruedas empujada por una calle sin pavimentar en las partes altas de Comas, Carabayllo o San Martín de Porres (SMP), y al silencio de miles de mujeres que postergan sus proyectos personales, sus estudios y su salud para cuidar a otros.
No son las grandes empresas ni los proyectos mineros lo que levanta al país. Es el tiempo, el cuerpo y la vida de millones de mujeres que desde muy temprano ya están frente a la cocina, alistando uniformes, preparando el desayuno, cuidando a los abuelos o sosteniendo las ollas comunes de sus barrios. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el trabajo de cuidados y doméstico no remunerado representa entre el 15% y el 25% del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de la región, una contribución que supera con creces el aporte de sectores macroeconómicos clave como la minería o el comercio.

Mientras el Congreso de la República debate a paso lento la creación de un Sistema Nacional de Cuidados (SINAC) bajo el Proyecto de Ley N° 10078/2024-CR, las mujeres de las periferias limeñas no tienen el lujo de esperar la burocracia. De acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico No Remunerado del INEI, este trabajo invisible representa el 20.4% del PBI nacional, del cual las mujeres aportan el 76%; una cifra que supera el aporte de sectores bandera como la minería o la manufactura. Esto evidencia porque ellas ya están sosteniendo el tejido social a pulso, transformando el trabajo doméstico no remunerado —históricamente naturalizado como un «deber de amor» inherente a su género— en un acto de resistencia política y comunitaria.
La triple jornada y el tiempo robado
El diagnóstico es estructural y las cifras evidencian un colapso silencioso. Según el diagnóstico «Brechas, necesidades y servicios de cuidado en Lima Norte» elaborado por DEMUS, en el Perú, las mujeres asumen una jornada invisible: dedican en promedio 20 a 24 horas más a la semana que los varones al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Esta brecha de tiempo no es una simple estadística; es la base de la desigualdad de género. Es una vida de esfuerzo sin recibir un solo sol, sin gratificación y sin vacaciones; el tiempo que las mujeres pierden para insertarse en el mercado laboral formal, descansar o ejercer la participación ciudadana.

En Lima Norte, los servicios públicos existentes, como las cunas de Cuna Más o los centros del INABIF, operan a una capacidad bajísima respecto a la demanda real. El diagnóstico revela que la cobertura estatal apenas mitiga un porcentaje mínimo de la población vulnerable. El resto de la carga recae íntegramente sobre las lideresas que comunitariamente alimentan y protegen a sus vecindarios, extendiendo sus dinámicas de cuidado doméstico hacia el espacio público.
Para Sandra Velásquez, Presidenta de la Olla común San Lorenzito e integrante de la Red de Mujeres Organizadas de Carabayllo contra la Violencia de Género, esta realidad se traduce en una extenuante rutina diaria que comienza antes del amanecer:
«Yo me levanto a las 4:30 o un cuarto para las 5:00 a.m. Vamos con mi esposo por el mercado mayorista Valle Chillón, donde a esa hora hago las compras para mi ollita… Vengo, tomo rápidamente en mi casa mi desayuno, hago una pequeña limpieza, doy de comer a mis animales y me vengo corriendo acá a la ollita… Parece mentira, pero dan las 3 de la tarde; esa casi es la hora que terminamos.»

Sin embargo, el trabajo de Sandra no termina al apagar las hornillas de la olla común; se traslada de inmediato a su propio hogar y a su subsistencia económica:
«Normalmente yo tengo reuniones. Vengo de la reunión y a ver la cena en mi casa. Les doy de cenar, lavo mis platos y tengo que llenar mis cuadernos porque aquí se hace un informe diario de cuántas raciones salen… Y ese es el día que estoy en la ollita, pero yo muy aparte también trabajo. Yo estudié enfermería y trabajo también en eso… el dinero hace falta para todo.»
El sesgo familiarista y la desprotección estructural
Detrás del “aplauso social” al sacrificio de las mujeres se esconde una crisis de desprotección estructural. Normalizar que cuidar es su único destino no solo anula su autonomía, sino que las empuja a la pobreza, atrapándolas en dinámicas donde la falta de servicios formales las obliga a precarizar sus vidas para sostener las de otros.
Cuando los recursos faltan y el Estado se ausenta, surgen actividades informales y de subsistencia barrial para amortiguar el golpe. En los distritos estudiados en el diagnóstico mencionado, la responsabilidad del cuidado de personas adultas mayores (PAM) y personas con discapacidad recae casi exclusivamente en las mujeres de la familia. La brecha de cobertura estatal es del 99.8%. Alejandra Contreras Meza, integrante de la Red de Mujeres de Carabayllo, quien se dedica activamente al cuidado de personas adultas mayores y niños en su comunidad, describe cómo esta labor fundamental es despojada de su valor económico y reducida a meros gestos simbólicos:
«Yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana… Durante el día trato de hacer los alimentos primero para todas las personas de mi casa; somos seis en casa y también me dedico a cuidar niños de mi propia vecindad… Esa tarea me ocupa entre las 8 y 1 de la tarde. En las tardes me dedico a tejer… porque es mi único ingreso para mí económicamente. Yo lo balanceo con lo que cuido a los niños porque realmente nosotras las mujeres hacemos el cuidado desde ser madres, mujeres…»

Para Alejandra, la falta de una estructura formal que retribuya de manera justa estas jornadas cronometradas perpetúa la vulnerabilidad de las trabajadoras del hogar:
«Si yo cobrara por esto daría un servicio formal y entonces sería valorada. Pero el cuidado a esos niños no es así; se recibe simbólicamente o en días de agasajo como el Día de la Madre… La labor doméstica que en sí es pagada tampoco es tan valorada, no es como para solventar una necesidad… Dejan a sus propios hijos para ir a cubrir por un dinerito, ¿y por qué? Porque queremos que esos niños sean mejores que nosotros.«
El costo físico de no tener derecho a enfermarse
El bienestar de las familias peruanas se financia directamente con la salud de las mujeres. Si una madre o una cuidadora comunitaria cae en cama, la casa se detiene y el barrio se desorganiza. Para ellas, el autocuidado es un lujo para el que nunca alcanza la plata ni las horas del día. En los sectores donde el acceso a la salud es un laberinto burocrático, las secuelas físicas de sostener la vida comunitaria terminan costando la vida misma.
Sandra relata las severas consecuencias de una carga que no da tregua:
«Me acosté a la 1 y me levanto a las 4. Y sí, claro que me enfermaba. A veces hasta eso, ni tiempo para ir al doctor… ¿Quién cocina, quién hace acá si yo me voy a atenderme? A veces las mamás nos recargamos solas porque muchas veces no hemos aprendido a delegar… Yo tengo que ir a la posta porque es lo más económico; mi condición no me permite ir a una clínica. Tengo que madrugar, sacar cita, esperar que me atiendan y a ver si hay el medicamento por el SIS, porque si no, voy a tener que comprarlo.«

Así lo expone con crudeza Luz Medina, secretaria de Conamovidi en la base de San Martín de Porres y Representante de la Red Metropolitana Contra la Violencia de Género de Lima Metropolitana. Relata el desgaste físico acumulado durante años de labor social no remunerada en los comedores populares y comités vecinales deja cicatrices imborrables que Luz ha visto de cerca en sus compañeras de lucha:
«En el transcurso del tiempo hemos visto que muchas de nuestras mujeres se descuidaron de su salud; sentían dolor pero no se percataban de la importancia de hacerse tratar… En mi comedor, murieron muchas personas”. Cecibel añade: “Fallecieron con cáncer, de las piernas desgastadas, con artrosis, con várices internas por tanto caminar o estar recargando el peso. Su cuerpo se ha ido debilitando porque hay que asumir muchas funciones: la casa, el tema económico y el tema social.»
Esta sobrecarga extingue toda posibilidad de trazar un rumbo propio. La falta de redes de apoyo obligó a Luz a reformular su vida por completo:
«Me gustaría seguir estudiando, aprender primeros auxilios, porque en mi comunidad —en la parte alta del cerro de la flor— es muy difícil encontrar una enfermera… Mi esposo nos dejó por otra señora cuando mi tercera niña tenía 1 año y 3 meses… Tuve que asumir dos roles: ver cómo las atendía y cómo conseguía recursos. Tuve que dejar de trabajar formalmente para poder atender a mis hijas y mantener mi hogar.»
Respuestas desde el territorio y exigencia política
Frente a la inacción estatal y el arraigo de un machismo estructural que delega el cuidado exclusivo de los enfermos y niños a las mujeres y nueras de la casa, las organizaciones de base de Lima Norte han dejado de ser espectadoras para convertirse en arquitectas de sus propias soluciones. A través de la recolección de firmas y la elaboración de propuestas técnicas, exigen que las municipalidades locales asuman su rol mediante ordenanzas institucionales.
Sandra detalla la urgencia de dotar de infraestructura y legitimidad política a esta lucha en los distritos de la periferia norteña:
«Nosotros como red hemos trabajado y hemos llegado a juntar 1000 firmas para que se implante aquí en Carabayllo el sistema local de cuidados, y estamos a la espera de que la municipalidad se involucre. Mire, esta es una zona alejada, no hay nada; falta una guardería para que las mamás puedan trabajar y no solo trabajar, también descansar un poco porque la mujer también se cansa.»

Para Cecibel Hilasaca, representante de la organización ACEPRODES e integrante de la Dirección Colegiada de la Mesa de Género de Comas, el reconocimiento no solo debe ir dirigido a las familias, sino a las lideresas que sostienen la defensa comunitaria de los derechos humanos sin un espacio mínimo de contención o salud mental:
«Nosotros somos cuidadoras comunitarias porque cumplimos una labor voluntaria fuera del hogar… velando por la defensa de sus derechos, promoviendo la equidad de género… Pero salimos a las calles y nunca hemos pensado en nosotras. No tenemos un espacio que nos pueda relajar o quitar todo este estrés y recarga de la comunidad. Por eso, sí le pido a la alcaldesa de Comas, a Mónica Acuña, que acelere el proceso de la propuesta que hemos presentado de un sistema local de cuidados dentro de nuestro distrito… Le pido a la alcaldesa que se se identifique y se sume a nosotras.»

Esta demanda territorial cuenta con un sólido blindaje jurídico a nivel internacional donde el cuidado ha dejado de ser visto como una asistencia opcional para entenderse como un derecho humano exigible por ejemplo a través de los instrumentos internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que a través de su Recomendación General N° 17, exigen explícitamente a los Estados la medición y el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado mediante encuestas de uso del tiempo.
En sintonía, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —particularmente el Convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares y el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos— instan a la creación de servicios públicos de asistencia social y políticas activas de empleo que reduzcan los conflictos entre la vida familiar y laboral, sentando las bases globales para transitar de la obligación privada a la corresponsabilidad social.

Una deuda histórica con las que sostienen el país
La economía de las mujeres de las periferias demuestra que el trabajo doméstico y de cuidado es, en realidad, el subsidio invisible sobre el cual se edifica el país. Desde las bases, la demanda es unánime: no se trata de asistencia social, sino de un derecho fundamental y de un reparto democrático de las responsabilidades.
Cuidar es el trabajo fundamental que sostiene al país y debe ser reconocido plenamente como un derecho humano, tal como lo ratificó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en junio de 2025 al validar la existencia del derecho autónomo al cuidado dentro de la Convención Americana.
Las recomendaciones de la Corte IDH son tajantes: los Estados de la región tienen la obligación jurídica de diseñar políticas fiscales y sistemas integrales que redistribuyan estas tareas, impidiendo que el género o la condición socioeconómica sigan dictando quién tiene derecho a un proyecto de vida.
La sostenibilidad del Perú no puede seguir dependiendo del esfuerzo solitario, invisible y gratuito de mujeres como Sandra, Alejandra, Luz y Cecibel. El escenario actual demanda una co-rresponsabilidad urgente y obligatoria del Estado, de los municipios locales y de los integrantes de las familias para asumir una cuota justa del trabajo en casa. Es una obligación institucional brindar las condiciones necesarias para que quienes dan cuidado dejen de estar en el olvido y puedan, finalmente, vivir con total dignidad.
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