Por: Alvaro Meneses Gutiérrez
Fotografías: Juan Zapata Sanchez

La española María Amparo dejó el viernes pasado la improvisada habitación que ocupa en la azotea de una casa en San Miguel para volver a su país. Se va porque su carnet de extranjería vence en 4 meses. No puede renovarlo porque denunció a su esposo peruano por violencia física y psicológica y finalmente se divorciarán. Buscó la nacionalidad pero la Superintendencia Nacional de Migraciones se la negó. “Debí ser venezolana para que me den mis papeles en un dos por tres”, concluye ahora vencida.

La frustrante conclusión de Amparo coincide con la observación del abogado de la Asociación Civil de Defensa del Inmigrante (ACIDEIN), Jesús Chang y la socióloga especialista en migrantes y políticas públicas, Lucía Alvites, sobre el sentido de las leyes migratorias: deberían ser para todos los extranjeros y no solo para un grupo.

“Se debe tener una política pública migratoria que promocione y promueva los derechos humanos, pero esto de sacar un decreto exclusivo es un tema de propaganda política”, advierte Alvites.

Alvites se remonta al masivo arribo de colombianos que venían de un país con más de 40 años en guerra. “¿Y cuáles han sido las políticas públicas para los colombianos?”, se plantea.

Y es que según el último informe técnico de la Evolución del Movimiento Migratorio Peruano de agosto del 2017, los colombianos son los extranjeros que más ingresaron al país con calidad migratoria de trabajador (17,7%), seguido de los españoles (16,9%) y los chilenos (12,8%). Venezuela es el séptimo país con mayor presencia en el Perú (4,3%).

Los desamparados de Migraciones

María Amparo cuidaba a un anciano moribundo de la ciudad de Sevilla en España cuando conoció a su agresor, Jorge Antonio Cosíos Sosa. Para todos, Cosíos era un exitoso abogado peruano de 48 años con un alto cargo en la Superintendencia de Transportes Terrestres de Personas (SUTRAN); para la española, la pesadilla violenta y alcohólica a la que se tuvo que enfrentar durante 4 años.

En 2013, a pesar de las advertencias que María recibió de las personas cercanas a la pareja, se consumó el matrimonio peruano-español. “Ya me habían avisado que tomaba mucho pero no hice caso”, recuerda María, como si fuera su culpa.

Bastaba que lleguen las 8 de la noche de cada viernes para que María y su suegra, casi de manera telepática, sepan que Jorge no volvería hasta la mañana siguiente. “Hijita, hazte la dormida para que no haya problemas”, le sugería a susurros la madre de su agresor.

“Por más que me hacía la dormida, me despertaba, me mentaba a mi madre, venía con la ropa apestando a alcohol y orines”, recuerda María. “A la mañana siguiente, se levantaba y parecía un angelito, hacía como si no pasaba nada”, continúa.

La última noche que pasó con su agresor, María lo vio llegar con los ojos más desorbitados que nunca. Sabía que la insultaría, que la sacudiría de los cabellos, que la tiraría a la cama, que le pondría las rodillas sobre su abdomen y que la ahorcaría hasta que un ataque de tos haga que se detuviera. Pero Jorge seguía furioso. No soportó oír a María Amparo que lo denunciaría mientras la ahorcaba.

Días después de que María oficialice la demanda por violencia y deje la casa donde convivían, en febrero del 2016, Jorge le llamó pidiéndole negociar a solas. Cuando la española llegó al punto de encuentro, descubrió a su agresor con su abogada, esperándola en el auto. “Tengo que estar con mi abogada si tú estás con tu abogada”, advirtió María, alejándose del carro. “¡Te vas a joder porque no vas a tener nada!”, gritó Jorge desde la ventana.

Ya en los tribunales, el agresor apeló a nombrar a las ex parejas de María Amparo con la intención de desestimarla. La defensa de Cosíos también afirmó que la convivencia matrimonial entre ellos sólo duró 30 días. Mentía. María y Jorge se casaron civilmente en 2013 y convivieron incluso desde antes de la ceremonia.

Páginas de la carta de apelación de Jorge Antonio Cosíos Sosa, el agresor.

Alvites lamenta que se aproveche la situación en Venezuela con fines políticos. “Y es que hay historias terribles de otras migrantes, casos de mujeres que han sufrido violencia por parte de sus parejas peruanas y que por ser irregulares las han botado del país”, cuestiona la socióloga. 

María Amparo además forma parte del colectivo Madres Migrantes Maltratadas, un grupo de más de 30 mujeres extranjeras que, al igual que ella, fueron víctimas de violencia doméstica y de la larga espera burocrática en Perú. Su vocera, la colombiana Inés Agresott, lamenta que muchas de las mujeres que llegan al grupo, desaparecen.

“Nos contactan de todas partes del país, aterradas, pero la mayoría no llega a denunciar porque sus papeles dependen de sus esposos peruanos. Terminan viviendo escondidas, calladas. Otras simplemente desaparecen del mapa”.

Inés Agresott. Antes de fundar el colectivo Madres Migrantes Maltratadas, fue directora del Festival Internacional de Cortometrajes (FENACO).

Como María Amparo, también está el caso de la chilena H. M, quien lleva más de 10 años peleando legalmente con su agresor -y ex esposo peruano- por la custodia de sus tres hijos, luego de haberlo denunciado por violencia física, psicológica y sexual. O el caso de la argentina P. L, quien callada vive 11 años en Chiclayo junto a su hijo con un pie en la calle, porque su ex esposo, quien también la violentaba, busca rematar la casa que ocupa.

“¿Crees que una persona como yo tiene derechos humanos acá? Si me divorcio me quedo sin documentos, sin seguro médico nadie te atiende siendo extranjera. Los peruanos sí tienen derechos en mi país”, dice P.H. por teléfono.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, en su último informe sobre el tratamiento de personas extranjeras publicado en 2015, registró 240 quejas de inmigrantes hacia la Superintendencia Nacional de Migraciones. Apenas la copa de un árbol con raíces profundas.

La habitación que ocupaba María Amparo, en una azotea de una casa en San Miguel.

“Me trata como una porquería y la ley no hace nada porque soy extranjera, no tengo derecho a nada”, enfatiza María luego de recordar que habló con más de un funcionario de Migraciones para pedir la nacionalidad que le permitiría trabajar legalmente en el país.

Para el letrado de ACIDEIN, Jesús Chang, Migraciones no cumple lo que establece la ley. “Actúa a su libre albedrío, te piden interminables papeleos, cuando la ley es clara. Dos años de residencia y te dan la nacionalidad si es que la solicitas. Es un proceso rápido que demora menos de un mes”.

La ley tiene que ser para todos, no puede haber ley con nombre propio. Si bien es cierto, Venezuela es un país cuya población sufre estragos, deberían dar las mismas facilidades al resto”, explica Chang.

La “polémica” ola venezolana

Vibra el celular de Alvites y la voz de un reportero de un noticiero de televisión la sorprende: “¡Lucía! Me han hablado de ti, queremos hacer un reportaje sobre la magnitud de toda la ola de venezolanos refugiados que vienen por todo lo que está pasando en Venezuela y del debate que genera”.

“Un enfoque bien sensacionalista”, concluye Lucía sobre la petición del reportero, pues para la socióloga, el problema se centra en el trasfondo político de las leyes migratorias para los venezolanos y los vacíos que generan en el resto de extranjeros.

Y es que hasta el 2016, Perú recibió a 13 mil 950 colombianos y apenas a 6 mil 615 venezolanos. María Amparo, con su llegada a Lima, forma parte de los 10 mil 625 españoles que ocupan tierras peruanas.

Lucía Alvites, socióloga especialista en migrantes y políticas públicas.

Fue recién a partir del Permiso Temporal de Permanencia, establecido a través del Decreto Supremo 002-2017, que la cantidad de venezolanos en el país se triplicó a un poco más de 21 mil. Sin embargo, dicha cifra queda muy lejos de los más de 160 mil peruanos que residen en Venezuela, de los cuales apenas 590 retornaron entre el 2011 y el 2015, periodo en el que empezó la crisis en el país de Maduro.

Por su parte, fuentes de la Superintendencia Nacional de Migraciones defendieron la gestión con la siguiente cifra: 900 madres y padres extranjeros de hijos peruanos menores de edad han regularizado su situación migratoria. Wayka también consultó por los vacíos legales que podrían limitar soluciones para los inmigrantes indocumentados. “Los vacíos del DL 1236 fueron subsanados con el DL 1350 sobre la nueva Ley de Migraciones promulgada el 27 de marzo del 2017”, sustentaron. 

María Amparo, gracias a la colecta de algunos amigos peruanos, compró el boleto que la regresó al país donde vivió antes de conocer al peruano que la golpeó y humilló por 4 años. Se fue con la sospecha de que si hubiera sido venezolana su situación migratoria estaría en regla y habría podido quedarse. Como ella, los inmigrantes cuyos derechos se vulneran por los diversos tipos de violencia e ineficiencias burocráticas que arrastra el Perú, también se sienten marginados de las leyes migratorias que improvisa el Ejecutivo.

 

Comentarios