Redacción Wayka
El Tribunal Constitucional (TC) archivó la investigación y denuncia que formuló el Ministerio Público contra el expresidente Francisco Morales Bermúdez por delitos de lesa humanidad en el caso ‘Plan Cóndor’.
Según el diario El Comercio, el caso fue resuelto el pasado 15 de setiembre sin la participación de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma. En el debate y votación participaron los magistrados Manuel Miranda, Carlos Ramos, Augusto Ferrero (vicepresidente), Ernesto Blume, Eloy Espinoza-Saldaña y José Luis Sardón.
El caso llegó al TC luego de que el Poder Judicial rechazó en dos instancias un recurso de hábeas corpus interpuesto por Morales Bermúdez contra el fiscal Yoni Efraín Soto Jiménez, de la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, quien abrió una investigación en su contra por el ‘Plan Cóndor’.
Morales Bermúdez también solicitó que se declare nula la resolución fiscal del 20 de junio de 2014 donde se abre investigación en su contra por el presunto delito de lesa humanidad y se reforme a una denuncia por delito común considerando -a su criterio- que existió vulneración al principio de legalidad.
Esto debido a que La Corte Suprema había ordenado que la investigación penal debía considerarse bajo la normativa prevista en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) que comprende a la deportación como delito de lesa humanidad.
Según la fiscalía, Morales Bermúdez como presidente sería el responsable del secuestro de 13 ciudadanos peruanos, ocurrido el 25 de mayo de 1978 en las ciudades de Lima y Arequipa. Los detenidos fueron conducidos a la sede de la Policía de Investigaciones del Perú, luego a la Base Nº 8 de la Fuerza Aérea del Perú para ser deportados a Argentina, donde estuvieron detenidos hasta ser expulsados Francia, México y Panamá.
Carlos Ramos Núñez fue el magistrado ponente del caso en el TC. En su exposición, se recordó que el 19 de octubre de 2019, el abogado de Morales Bermúdez presentó un documento en el que informa que el 8 de junio de 2015, el fiscal demandado formalizó una denuncia penal contra el acusado como presunto autor inmediato dentro de un aparato organizado de poder por el delito contra la libertad individual (secuestro) considerado como de lesa humanidad.
El 3 de agosto de 2015, el juez Rafael Martín Martínez Vargas, titular del Primer Juzgado Penal, decidió abrir proceso penal contra Morales Bermúdez. Por tanto, para el magistrado Ramos, la investigación preliminar que se inició y que ameritó el hábeas corpus, fue derivada al Poder Judicial. Es decir, la demanda de Morales Bermúdez debería ser desestimada.
Sin embargo, los magistrados Ferrero Costa, Blume y Sardón consideraron que la actuación del Ministerio Público, como abrir una investigación, sí pueden afectar la libertad individual y por tanto puede ser cuestionada a través de un hábeas corpus considerando que la investigación fiscal persigue la privación de la libertad de Morales Bermúdez.
Sobre el delito de lesa humanidad, aseguran que la investigación fiscal no indica cuál es la normativa para efectuar esa calificación y que en 2003, 25 años después de lo sucedido, el Congreso de la República recién aprobó la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad pero debido a que no es de carácter retroactivo, no aplica en este caso.
Por tanto, decidieron que “la demanda de hábeas corpus es fundada y, por consiguiente, es nula la denuncia fiscal, en tanto los supuestos ilícitos que se le imputan al demandante ocurrieron el 25 de mayo de 1978, habiendo prescrito la acción penal”.
Debido a que hubo un empate en las votaciones (3 vs 3), el TC establece en ese caso un voto decisorio a través del presidente, sin embargo, ante la ausencia de la magistrada Ledesma, el vicepresidente Ferrero Costa tenía la última decisión: darle la razón a Morales Bermúdez.
CADENA PERPETUA
En julio de 2019 el El Tribunal de Roma (Italia) condenó a cadena perpetua a ocho exmilitares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte de una veintena de italo-latinoamericanos en la época del Plan Cóndor. Uno de los condenados es Francisco Morales Bermúdez, ex militar y presidente de facto del Perú (1975-80). La efectividad de la condena dependía de un proceso de extradición.
Un informe de la CIA señalaba que Morales Bermúdez se convirtió en miembro del Plan Cóndor a finales de los años ochenta junto a Ecuador.
