Por Álvaro Meneses
David venció a Goliat. La defensora ambiental Máxima Acuña acaba de ganar una batalla más contra la minera de oro más grande de Sudamérica. El Tribunal Constitucional resolvió ayer ordenar a Yanacocha el cese del hostigamiento contra la comunera de Tragadero Grande de la región Cajamarca.
El 5 de febrero de 2016, Máxima Acuña presentó una demanda de hábeas corpus contra la minera Yanacocha, en donde señala ser la posesionaria y propietaria del predio que ocupa hace más de veinte años en Tragadero Grande, en el distrito de Sorochuco, provincia de Celendín (Cajamarca). Documentos de transferencia de dominio y certificados de posesión lo confirman.
En el mismo hábeas corpus, la comunera Acuña Atalaya pidió el cese de hostilización de la minera contra ella y su familia. Y es que Yanacocha, según Máxima Acuña, colocó una cámara de video vigilancia a 300 metros de su vivienda, sobrevoló un dron encima de su predio e instaló tranqueras de metal en los límites de sus tierras y mantiene personal de vigilancia que controlan la vía Sorochuco, el único camino que los Acuña Atalaya tienen para trasladarse a otros lugares.
Los hechos, que finalmente fueron calificados por la mayoría de magistrados del TC como hostigamiento han sido confirmados por la misma empresa. Yanacocha reconoció que el uso de dron sobre el predio de Máxima Acuña ocurrió el 19 de enero de 2016 y que fue un “vuelo de prueba” de 10 minutos, mientras que la instalación de las tranqueras alrededor se debió a un “proyecto piloto de crianza de animales” relacionado al proyecto Conga.
No es la primera vez
Desde 2012, la familia de Máxima Acuña ha denunciado actos de hostigamiento y agresión de funcionarios de Yanacocha y la Policía Nacional del Perú (PNP). Apenas el pasado 6 de mayo de este año, en pleno estado de emergencia por la crisis sanitaria, dos policías intentaron obligar al hijo de Máxima, Daniel Chaupe Acuña, a firmar un documento de constancia de invasión.
“Nosotros del lindero no pasamos a la propiedad de la empresa. Es lamentable (…) vinieron representantes de la minera Yanacocha juntamente con la policía”, denunció Daniel Chaupe en su momento.
Casi un año antes, en marzo de 2019, la familia Acuña Chaupe denunció el envenenamiento de más de mil de sus truchas que tenían en sus criaderos. “Denuncio públicamente por contaminación ambiental de agua (…) hoy amaneció mis truchas muertas, más de mil truchas. Que caiga todo el peso de la ley contra quienes sean responsables”, dijo Daniel Chaupe a la prensa, luego de presentar la denuncia ante la Comisaría de Sorochuco, en Cajamarca.
Posturas del TC
Cinco magistrados del Tribunal Constitucional estuvieron a favor de fallar a favor de Máxima Acuña: Marianella Ledesma Narváez, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, y Eloy Espinosa-Saldaña, ponente del caso.
Del otro lado, los magistrados José Luis Sardón de Taboada y Augusto Ferrero Costa votaron por declarar improcedente el hábeas corpus presentado por Máxima Acuña.
“La utilización de estas herramientas conlleva un riesgo para los derechos fundamentales, pero en tanto no se acredite su afectación o amenaza, el Tribunal Constitucional no puede emitir pronunciamientos que carezcan de una base fáctica para sustentarlos”, sostiene la postura de ambos magistrados.
