Redacción Wayka
Tras más de cuatro años de proceso judicial, el Tercer Juzgado Preparatorio archivó la denuncia presentada por Santa Regina SAC, una de las empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, contra Santos Maza Juárez y Percy Maza Sandoval, campesinos de la comunidad San Juan Bautista de Catacaos, en Piura. La Fiscalía consideró que no había elementos para sustentar la acusación, Pero Santa Regina anunció que apelará.
El pasado jueves 13 de mayo, la jueza Rocío Delgado del Tercer Juzgado Preparatorio resolvió archivar la denuncia presentada por la empresa Santa Regina SAC contra dos comuneros de la Comunidad Campesina de Catacaos (Piura) por los presuntos delitos de daños agravados. Tras la absolución de los campesinos Santos y Percy Maza, aún quedan otros 10 comuneros de Catacaos que afrontan procesos judiciales por defender sus tierras de las argucias legales de empresas vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana.
Desde finales del 2011, la comunidad campesina San Juan Bautista de Catacaos defiende sus terrenos comunales de traficantes de tierras que operan detrás de empresas locales. Una investigación de Wayka reveló que una red de compañías se apropió irregularmente de casi 10 mil hectáreas de esta comunidad. Parte de esos terrenos terminaron en manos de empresas relacionadas al Sodalicio.
Wayka identificó hasta a cinco compañías vinculadas al Sodalicio que adquirieron parte de las 10 mil hectáreas presuntamente despojadas. Estas son Miraflores Perú SAC, Agroindustria San Gerardo, Asociación Civil San Juan Bautista, Inversiones San José y Santa Regina SAC. Esta última fue la empresa que denunció a Santos y Percy Maza por el supuesto delito de daños agravados.
Los enfrentamientos entre la comunidad San Juan Bautista de Catacaos y las empresas con intención de tomar sus tierras, de acuerdo al registro de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), han dejado un saldo de 2 campesinos fallecidos, 7 heridos y hasta 39 denunciados por los presuntos delitos de homicidio, usurpación agravada, daños agravados, delito contra los bosques, fraude procesal y hurto agravado.
Del total de denunciados, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos calificó a 26 de ellos como defensores de derechos humanos y ha asumido su defensa legal, luego de que la CNDDHH solicitó al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que active el procedimiento de alerta temprana para la protección de defensores.
