«Seis estudios de evaluación ambiental producidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) entre 2022 y 2023 vinculan la contaminación a las operaciones de Antapaccay», señala un reciente informe de CooperAcción y Oxfam. Antapaccay es considerada como una de las operaciones mineras más importantes para la economía del país, sin embargo, carga con un pésimo historial contaminante.
Por Jair Sarmiento
Luego de más de una década de denuncias y estudios de contaminación de las comunidades de la provincia de Espinar, informes oficiales del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), realizados entre el 2022 y 2023, evidencian la vinculación de las operaciones mineras de la transnacional con la contaminación en Espinar (Cusco), según el informe titulado «Glencore en el Perú: el caso de Antapaccay y un análisis del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de debida diligencia en derechos humanos«, elaborado por CooperAcción y Oxfam.
Es necesario recordar que desde hace años, la multinacional suiza Glencore ha rechazado y negado que la contaminación provenga de sus actividades mineras. Hasta la actualidad ha señalado que se trata de un «fenómeno natural».
Sin embargo, los informes del organismo fiscalizador ambiental sobre calidad de aire muestran que los parámetros de contaminación excedieron en numerosas ocasiones los estándares de calidad ambiental (ECA).
Asimismo, tres informes del OEFA tratan acerca de la causalidad de la contaminación del agua superficial y subterránea. «El primer y segundo documento concluyen que los efluentes mineros incumplieron la norma de calidad de agua para irrigación y uso ganadero en seis de los puntos estudiados (…) El tercer informe determina que diversos cursos de aguas subterráneas y superficiales están siendo influenciados en su composición fisicoquímica por las instalaciones mineras», indica el documento.
De igual manera, tres informes de la entidad hallaron metales pesados en especies silvestres de pasto
andino y de otros tejidos vegetales en zonas ubicadas alrededor de la mina, así como en reptiles y aves. Además, se indica que algunas zonas deben considerarse “no apta para el pastoreo”. Incluso se afectaron animales domésticos.
En conferencia de prensa, Elsa Merma, presidenta de la Asociación de Mujeres Defensoras del territorio y la cultura K’ana de Espinar, quien creció desde pequeña junto a dicha minera, manifestó que la presencia de la empresa minera es un problema muy grande para las comunidades.
«En las comunidades vivimos de nuestra ganadería y agricultura, pero los años pasan, y la minera cada vez se expande más y la contaminación es mas fuerte. Nuestro tema de salud está afectado y no podemos hacer nada. Nos organizamos, hay colectivos y asociaciones, pero hoy en día, en especial las mujeres, estamos preocupadas ya que el agua, la tierra y el aire están contaminados y no tenemos a donde ir, porque es donde nacimos, y no es fácil dejar nuestro territorio», comentó.
Es necesario recordar que en la provincia de Espinar, la presencia de metales tóxicos en el ambiente y en las personas ha sido documentada desde hace más de diez años, como apunta el informe de CooperAcción y Oxfam.
Es importante mencionar que en el 2012 se desarrollaron protestas debido a la difusión de estudios de Censopas en donde se demostró que existía presencia de metales tóxicos en las personas.
«Antes de que llegara la empresa minera, todo era bonito. Desde que llegó la empresa minera, vivimos muchas dificultades. Está comprobado que hay metales pesados en las personas, y nosotros seguimos ahí, consumiendo el mismo agua, aire y tierra. Los productos de las comunidades de Espinar van al mercado, a la capital, y tenemos que decir que no es de nuestra comunidad, por temor a no vender, nuestros hijos no rinden en temas de educación, tienen anemia y desnutrición. Hay mortandad y malformación de animales, hay pérdidas económicas», puntualizó Merma, quien vive a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.
Cuestionamientos al OEFA
Ana Leyva, abogada de Cooperacción, indicó que hay debilidades en el sistema de gestión ya que hay informes con un lenguaje muy técnico y no son accesibles para la población afectada.
Asimismo, mencionó que los funcionarios que realizan los estudios están bajo una presión tremenda por las implicaciones que puedan tener sus conclusiones. «Los informes y resoluciones de OEFA generalmente son judicializados», acotó.
Por su parte, la congresista y presidenta de la Comisión de Pueblos del Congreso, Ruth Luque, señaló la incapacidad del Estado para deliberar y asegurar compromisos ambientales frente a las industrias extractivas.
En tal sentido, explicó que el OEFA no ha terminado de explicar a toda la población acerca de estos informes recientes que evidencian la cadena de contaminación. «No hay una información de calidad específica», agregó.
