El Tribunal Constitucional determinó que lenguas aborígenes, que predominan en distintas zonas del país, sean instituidas como idiomas oficiales junto con el castellano, reinvidicando de esta forma el uso de lenguajes de los pueblos originarios del Perú.
El TC le dio la razón a María Antonieta Cáceres de Tinoco, quechuahablante y analfabeta en el idioma castellano a quien la Municipalidad Provincial de Carhuaz, Áncash, afectó en sus derechos haciéndole firmar un documento en castellano para cambiar su estatus laboral.
Según la sentencia, en el noviembre del 2014, Cáceres le pidio a la municipalidad seguir comercializando sus productos en la vía pública como lo viene haciendo desde 1986 y firmó un documento sin saber claramente su contenido.
En el proceso que siguió ante el Tribunal Constitucional muestra que fue discriminada por la comunidad de Carhuaz, pues otra comerciante de nombre Betty, tomo su lugar sin ninguna restricción de horario, teniendo ella que conformarse a trabajar por horas.
“La sentencia reivindica el derecho de los peruanos a comunicarse en su propio idioma, además, las entidades del Estado están obligadas a procurar una comunicación (clara) y que la documentación que se firme sea en el idioma que corresponda”, informó Ernesto Blume fortini, presidente del TC.
El Tribunal Constitucional ordenó declarar nula la carta de compromiso que María Cáceres firmó y determinó que la Municipalidad Provincial de Carhuaz realice las acciones necesarias para que se conozcan las actuaciones y decisiones de la comuna en idioma quechua.
También se precisó que el Ministerio de Educación elabore en medio año el mapa etnolingüístico del Perú.
