El pasado 11 de setiembre el Ministerio de Cultura cerró el plazo para recibir aportes al proyecto de reglamento del Decreto de Urgencia N° 022-2019, Ley que promueve la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Pasaron solo algunos días para que se ingresara por mesa de partes del Congreso un nuevo proyecto de ley que busca modificar el decreto que viene rigiendo al sector desde diciembre del año pasado. Es decir, apenas se viene discutiendo cómo mejorar el actual reglamento y ya se propone una ley que modifique la muy joven norma vigente.

El problema de este nuevo proyecto, que busca modificar el decreto aprobado por el Ejecutivo y el exministro Francisco Petrozzi, es que viene siendo promovido por el congresista Daniel Urresti, de la agrupación Podemos, quien en varias ocasiones ha tenido comentarios negativos y censores sobre el cine peruano que ha recibido fondos públicos vía concurso.

En julio de este año, tras el estreno online del documental de Malena Martínez, Hugo Blanco Río Profundo, el congresista Urresti se unió a los pedidos censores del fujimorismo y otros sectores conservadores para limitar la exhibición de la película, y demandó que este tipo de cine no sea financiado por el Estado. A su vez, exigió al actual ministro Alejandro Neyra revisar la política de incentivos económicos a producciones audiovisuales.

Ante la comisión de Defensa Nacional, en la cual estuvieron el ministro Neyra y la congresista Martha Chávez, entre otros, el congresista Urresti sostuvo que: “Si los terroristas, sus seguidores o simpatizantes quieren hacer películas que lo hagan con su plata, no con la plata de nuestros impuestos”. El problema con este tipo de afirmaciones sin sustento es que acusan de apología a un film que documenta un periodo de la reforma agraria en La Convención, a partir de la figura de Hugo Blanco, personaje histórico de la memoria viva del país, y que de apología al terrorismo no tiene nada. Y se nota que el congresista ni la vio. Las afirmaciones de Urresti aportaron a fortalecer la desinformación y a generar la posibilidad de establecer mecanismos de control para los contenidos del cine peruano, como si estuviéramos en la peor de las dictaduras.

Ante el inesperado interés del congresista Urresti por el cine peruano, es inevitable recuperar sus declaraciones y contextualizarlas, ya que un personaje que atenta contra la libertad de expresión y la libertad de creación se pinta ahora como el abanderado de un proyecto de cine que en la letra dice que no debe ser para las élites económicas, pero que sin embargo propone medidas que favorecen, sobre todo, al cine comercial y de productoras grandes. ¿A cuenta de qué viene su repentino interés por aportar a la mejora del audiovisual peruano? ¿De pronto cambió su posición y ahora defiende los derechos del libre mercado de las empresas grandes del sector?

Pero, ¿qué propone Urresti en su proyecto de ley? El congresista recupera propuestas desestimadas de años anteriores y cual Frankenstein las une en un documento que parece estar dividido entre dos ideologías, una que defiende el aporte del estado al cine comercial (incluso habla de crear un premio al rendimiento comercial), a través de créditos fiscales y beneficio de deducción del impuesto a la renta en donaciones; y otra, que demanda más énfasis en la formación de públicos, la creación de una cinemateca con pliego propio, la creación de una film commission y una cuota de pantalla con no menos de 20% de films peruanos exhibidos al año.

Por ejemplo, uno de los temas tan necesarios para un país sin memoria como una cinemateca, son tomados de manera muy superficial, sin explicar la procedencia de los fondos ni de su forma de creación. Es decir, se trata de un enunciado si se quiere, por cumplir una suerte de cuota o ser afín a la demanda de una parte de la comunidad audiovisual.

Podemos estar de acuerdo en que una ley de cine requiere más componentes que impliquen mejores condiciones para los estrenos, que se garantice espacios para la memoria y preservación del cine, así como la generación de espacios para la formación audiovisual en todo sentido, sin embargo, que el promotor de esta propuesta sea un congresista que utiliza mecanismos represivos y que promueve un cine alienado a agendas políticas negacionistas y censoras, es sumamente peligroso. No podemos tener una ley que tenga la marca del autoritarismo. Una mejor ley de cine sí, pero sin Urresti.