Victoria ciudadana: Tras años de desabastecimiento, el PJ exige al Minsa cumplir con medicamentos a personas con VIH
“Este fallo es una victoria ciudadana, después de 15 años de trabajo arduo para exigir lo que es un derecho: acceso a medicamentos que garantizan la vida de miles de personas con VIH”, señala Marlon Castillo Castro, coordinador del Grupo de Vigilancia del Abastecimiento de Antirretrovirales (Givar) y presidente de la organización “Si da Vida”. La reciente sentencia del Primer Juzgado Constitucional Transitorio de Lima marca un hito en la defensa del derecho a la salud en el Perú, al ordenar al Ministerio de Salud (Minsa) asegurar de manera continua y gratuita el abastecimiento nacional de medicamentos antirretrovirales de primera línea.
La resolución responde a la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil como las trece organizaciones que conforman Givar, Promsex y Ais, tras años de denuncias de desabastecimiento crónico que ponían en riesgo la vida de miles de pacientes. Según datos de Givar, en 2023 se registraron 179 denuncias por falta de medicinas y en 2024 otras 98. El propio Minsa reconoció que más del 20% de establecimientos de salud llegaron a reportar stock cero de TLD (Tenofovir + Lamivudina + Dolutegravir), el tratamiento base recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Un Estado que incumple
Castillo recuerda que la lucha por el acceso a medicamentos no es nueva: “En 2004 recién se instituyó la ley que garantiza el tratamiento gratuito, pero a los pocos años ya había desabastecimientos. Hemos tenido que denunciar una y otra vez para que se cumpla algo tan básico como el derecho a la salud”. La sentencia, explica, es un mensaje directo al Minsa y al Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que deberán garantizar el suministro sin excusas administrativas ni dilaciones.
Sin embargo, las organizaciones advierten que no basta con un fallo judicial. “El Ministerio de Salud juega con la vida de las personas. Muchas veces no te entregan lo que necesitas, sino lo que tienen en el almacén, o simplemente te regresan con las manos vacías”, denuncia Castillo. En la práctica, esto se traduce en interrupciones de tratamiento que no solo afectan la calidad de vida de los pacientes, sino que aumentan el riesgo de resistencia al medicamento y, en consecuencia, de mayor propagación del virus.
Las falencias estructurales
El problema, señalan activistas, va más allá de un lote de medicinas faltante. Se trata de deficiencias estructurales en el sistema de gestión pública. “Vemos una cadena de fallas: procesos de compra deficientes, ausencia de cuadros técnicos especializados, cambios constantes en la dirección del Cenares y decisiones tomadas por cuotas de poder político”, apunta Castillo. Según explica, mientras los funcionarios tienen seguros privados y no dependen del sistema público, los pacientes terminan expuestos a crisis de ansiedad y depresión por no recibir sus tratamientos completos.
Para el dirigente, el desabastecimiento es síntoma de un sistema que “en lugar de curarnos, nos enferma”: se diagnostican enfermedades pero no se garantiza la continuidad del tratamiento. Por ello, subraya la necesidad de reformas profundas en la gestión de compras públicas, licencias para medicamentos de alto costo y un compromiso político real con la salud pública.
Vigilancia ciudadana: la clave
Castillo enfatiza que el fallo judicial solo es un paso y que la sociedad civil debe continuar ejerciendo presión: “Una ley no cambia el panorama si no se cumple. Nosotros vamos a vigilar que el Minsa se allane a la sentencia y que no apele, como suelen hacerlo los ministerios para dilatar procesos”.
Además, destaca el rol de quienes se atreven a denunciar: “Denunciar un desabastecimiento significa despojarse del miedo al estigma y a las represalias. Es un acto de valentía que permite evidenciar cómo se vulneran derechos”.
El dirigente añade que la lucha por medicamentos no debe limitarse al VIH: “También necesitamos que se garantice el acceso para pacientes con cáncer, tuberculosis o enfermedades raras. Todos tenemos derecho a tratamientos oportunos. No se trata solo de números, se trata de vidas humanas”.
La sentencia histórica abre una ventana de esperanza, pero también pone al Estado peruano bajo la lupa: el cumplimiento será la verdadera prueba. Para Castillo y las organizaciones, la consigna es clara: vigilar, denunciar y no retroceder en la defensa del derecho a la salud.
Castillo añade que el fallo también debe abrir la discusión sobre una reforma legal pendiente: “Se requiere actualizar la ley contra el Sida, considerando que las personas con VIH tienen otras necesidades y, de paso, incorporar el avance de la ciencia al tratamiento, para que sea de calidad, seguro y con precios accesibles, pues ahora existen monopolios de medicamentos que elevan sus costos”.
Por Silvia Bardales
