Violación, corrupción y colusión: nueva Mesa Directiva suma 9 investigaciones fiscales

La nueva Mesa Directiva del Congreso, electa este 26 de julio, marca el inicio del último año de un Parlamento que ha sido cuestionado en repetidas ocasiones por la gran cantidad de congresistas investigados.

Ahora, tres de los cuatro miembros de la Mesa enfrentan investigaciones fiscales en curso por delitos que van desde la corrupción hasta la violencia sexual. Y entre todos ellos acumulan, al menos, nueve denuncias fiscales y constitucionales.

José Jerí Oré: denuncias por corrupción, violación y enriquecimiento ilícito

El congresista de Somos Perú fue electo presidente del Congreso con 79 votos y es el que más investigaciones posee. Desde diciembre de 2024 arrastra una grave denuncia por violación sexual. El hecho habría ocurrido durante una reunión en Canta, y según el testimonio de la denunciante, Jerí se habría aprovechado de su estado de ebriedad para agredirla sexualmente. La investigación preliminar se inició en enero de 2025 y se encuentra en curso, con diligencias forenses y psicológicas aún en desarrollo.

Además, Jerí fue denunciado en julio de este año por desobediencia a la autoridad, luego de que incumpliera una orden judicial que lo obligaba a asistir a sesiones de terapia psicológica, como parte de las medidas de protección impuestas por la Fiscalía de Familia.

Por si fuera poco, el parlamentario enfrenta una tercera investigación por enriquecimiento ilícito. Entre 2021 y 2024, su patrimonio declarado pasó de poco más de 97 mil soles a más de un millón, incluyendo inmuebles, vehículos y depósitos.

Jerí también ha sido implicado en el caso conocido como “La fiscal y su cúpula del poder”, en el que se investiga una presunta red de congresistas que habrían negociado sus votos a favor de la destitución de Zoraida Ávalos a cambio de favores políticos desde el Ministerio Público. La indagación aún está en etapa preliminar.

Ilich López: implicado en el caso “Los Niños”

El parlamentario de Acción Popular figura en la lista del Ministerio Público como uno de los investigados por el caso “Los Niños”, una presunta red criminal que operó durante el gobierno de Pedro Castillo. Según la Fiscalía, López habría intercambiado votos en el Congreso por contratos y cargos públicos, configurando los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.

En 2024, la Fiscalía realizó allanamientos a su despacho congresal y solicitó el levantamiento de su secreto bancario. Aunque la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia en su contra, la investigación penal continúa abierta y sin fecha de cierre.

López también ha sido vinculado al caso de la exfiscal en el caso «La Fiscal y su cúpula del poder». Jaime Villanueva declaró ante el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) que se reunió el miembro de la nueva Mesa Directiva para gestionar el archivo de múltiples investigaciones, entre ellas la suya, a cambio de votos a favor de la destitución de la exfiscal Zoraida Ávalos y otros cambios institucionales.

Waldemar Cerrón: vinculado al caso Dinámicos del Centro

El congresista de Perú Libre, hermano del prófugo Vladimir Cerrón, está investigado por el caso “Los Dinámicos del Centro”, una presunta organización criminal que operó en el Gobierno Regional de Junín. Según la fiscalía, la red captaba sobornos por licencias de conducir y desvíos de fondos a campañas políticas del partido del lápiz.

Aunque Cerrón logró que su denuncia fuera archivada temporalmente en 2022, el caso fue reabierto en 2024 por orden del juez Jorge Chávez Tamariz, quien declaró infundado un pedido para excluirlo del proceso. En enero de 2025, el Poder Judicial autorizó la ampliación de la investigación por 30 meses más.

Fernando Rospigliosi: promotor de la ley de amnistía que desafía a la Corte IDH

El único miembro de la Mesa sin procesos fiscales es el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi; sin embargo, su presencia ha sido cuestionada por promover una nueva ley de amnistía aprobada en julio de este año. Esta norma busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares implicados en violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1980 y 2000.

Organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han advertido que esta ley es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado y podría ser considerada un mecanismo de impunidad. A la fecha, la Corte IDH ha ordenado al Perú abstenerse de aplicarla en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

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