Redacción Wayka

Por orden de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se han desactivado dos dependencias del Ministerio Público a cargo de las denuncias por torturas, desapariciones forzadas y otros delitos considerados como graves violaciones a los derechos humanos. Los especialistas advierten más años de espera en los juicios.

De las tres fiscalías superiores penales nacionales que había en el Ministerio Público, se acaba de cerrar una de ellas. La resolución de la Fiscalía de la Nación publicada ayer en el diario oficial El Peruano lo anunció así: “Desactivar la Primera Fiscalía superior Penal Nacional y la Segunda Fiscalía Fiscalía Provincial Penal Supraprovincial”.

Según fuentes de la Fiscalía, por lo menos 100 procesos a puertas del juicio oral estaban en manos de la Primera Fiscalía Superior. Algunos de ellos son los juicios de los casos ‘Los Cabitos’, en donde por lo menos 109 personas -según las exhumaciones realizadas por la Fiscalía- fueron víctimas de las ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas; y el de Pedro Silva Flores, el periodista del diario La República asesinado a balazos hace ocho años.

Solo en el periodo del conflicto armado interno, según el Registro Único de Víctimas, por lo menos 33 mil personas fueron víctimas mortales de las organizaciones subversivas y las fuerzas del orden. El 92% de los deudos fueron civiles, mientras que el 12% eran menores de edad.

Por su parte, de los 6 mil 443 denuncias por torturas y otros tratos inhumanos que recibió la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) a inicios del 2000, el 75% señalaba a las fuerzas armadas como autores de esos abusos, mientras que el 23% eran atribuidos a Sendero Luminoso.

Estas cifras solo son una estimación del trabajo pendiente de la Fiscalía sin contar los casos de torturas y desapariciones ocurridas en los últimos años. Sin embargo, desde el Instituto de Defensa Legal, el abogado Juan José Quispe advierte sobre la reciente decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. “Desactivar o reestructurar, lo que va a ocasionar es el retraso de los juicios, porque los casos serán trasladados a las otras dos fiscalías. Vamos a tener muchos acusados y testigos que están muriendo por edad o enfermedad, o que están siendo amenazados. Y seguirán esperando”, alerta Quispe a Wayka.