Investigarán supuestas irregularidades en proceso de licenciamiento de dos universidades. De los 101 congresistas que votaron a favor de investigación a la Sunedu, 30 estudiaron en universidades a las que la Sunedu negó licenciamiento.
Lucero Ascarza
La comisión de Educación del Congreso tendrá facultades para investigar supuestas irregularidades en el proceso de licenciamiento a dos universidades privadas. Dicha moción se aprobó con votos de siete bancadas: Unión por el Perú, Podemos Perú, Alianza por el Progreso, Fuerza Popular, Acción Popular, Somos Perú y Frepap.
Treinta de los 101 congresistas que votaron a favor de investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), tienen estudios en universidades a las que esta entidad negó la licencia. Además de ellos, hay congresistas que pasaron por universidades con licenciamiento aún en proceso o que enfrentan procesos sancionadores por la Sunedu.
Sin licencia para investigar
Seis congresistas de Unión por el Perú que votaron por investigar a Sunedu vienen de universidades sin licencia. Edgar Alarcón, excontralor que es investigado por la Fiscalía, realizó una maestría en la Universidad Alas Peruanas (UAP), a la que Sunedu negó licencia el año pasado. Cabe recordar que además, este centro de estudios es vinculado al financiamiento a la campaña de Keiko Fujimori en 2016.
Sus colegas de bancada Roberto Chavarría y Alexander Lozano también estudiaron en la UAP. Por su parte, el congresista Rubén Pantoja hizo estudios de posgrado en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV); mientras que Rubén Ramos y Yessica Apaza estudiaron en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV). Todas con licenciamiento denegado.
En el caso de Podemos Perú los conflictos de interés son más evidentes. José Luna Morales, uno de los congresistas que votó a favor de investigación a Sunedu, es gerente general de dos establecimientos con licenciamiento denegado: Telesup y la Universidad de Ciencias de la Salud. Ambas pertenecen a su familia y él mismo estudió en la primera.
Sus colegas María Cabrera y Jacqueline García votaron en la misma línea y tienen estudios en la UIGV, también sin licencia. Pese a que su vocero, Daniel Urresti, había asegurado que la bancada no intervendría sobre casos de Sunedu, solo él y Robinson Gupioc se abstuvieron de votar.
En Acción Popular los «votos sin licencia» fueron de Carlos Pérez, Luis Simeón, Ricardo Burga, que estudiaron en la UIGV; y Jesús Arapa, de la UANCV. De Somos Perú, son Hirma Alencastre, de la Universidad Privada San Pedro; César Gonzáles, de la UAP; y Jorge Pérez, Luis Dioses y Rennán Espinoza, de la Garcilaso.
Por el lado de Frepap, Isaías Pineda es egresado de Telesup, mientras que Luz Cayguaray y Nelly Huamani estudiaron en Alas Peruanas. Es similar situación de la congresista no agrupada Arlette Contreras, con estudios en las univesidades no licenciadas UAP y UIGV.
Comisión con intereses
Dos bancadas con integrantes en la comisión de Educación votaron a favor de darle facultades investigadoras a esta. En Alianza por el Progreso, cuatro congresistas a favor de investigar a Sunedu provienen de universidades con licencia denegada. Dos de ellos integran la comisión de Educación: Moisés González y Julio Condori. Los otros son Omar Chehade, abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega; y Humberto Acuña, quien estudió Ingeniería Civil en la Universidad Privada San Pedro.
En Fuerza Popular, cuatro de los congresistas que votaron por investigar a la Sunedu están en la misma situación. Como informó Wayka anteriormente, dos de ellos integran la comisión de Educación: Gilmer Trujillo y Marcos Pichilingue (accesitario). Los otros son Gilbert Alonzo, que estudió Ciencias Sociales en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga; y María Luisa Silupú, egresada de Enfermería de la Universidad Privada San Pedro.
¿Qué se investigará?
La investigación que llevará a cabo la comisión de Educación por 120 días calendario está referida a presuntas irregularidades en el proceso de licenciamiento de dos universidades. Como consta en la moción aprobada este viernes, las acusaciones están relacionadas a la actuación de la Sunedu respecto a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y a la Universidad Privada Peruano Alemana (UPAL).
Los cuestionamientos aluden a las condiciones de calidad en siete filiales de la UTP y a la licencia otorgada a la UPAL antes que esta inicie funciones.
Sobre esos casos, Sunedu emitió un comunicado a mediados de junio. «En el caso de la Universidad Peruano Alemana, debemos precisar que el Modelo de Licenciamiento Institucional de la SUNEDU permite licenciar universidades nuevas y sin alumnos». Además, en el comunicado se agrega que existen indicadores específicos que deben cumplir las universidades nuevas.
Respecto a la UTP, la entidad aclaró que el licenciamiento otorgó autorización para que este centro de estudios preste servicios en su sede central y en siete filiales. «Dos de ellas ya funcionaban y contaban con alumnos, las otras cinco (Piura, Chimbote, Ica, Trujillo y Huancayo) eran nuevas filiales y no tenían alumnos», indica el documento. Según el reporte de Sunedu, se verificó que cumplieran las exigencias a la par que se continúa con la supervisión de sus sedes y filiales.