Ejecutivo presentó proyecto de Ley en 2023 para evitar la prescripción de procesos administrativos de casos de abuso sexual, pero no se dio prioridad a la propuesta que sigue sin ser aprobada en el congreso. A nivel nacional, entre setiembre de 2013 y mayo del 2024 se reportaron 8467 casos de abuso sexual a escolares por parte del personal de instituciones educativas en todo el país.
En la provincia de Condorcanqui, en la región de Amazonas, se han registrado 524 denuncias por abuso sexual contra escolares por parte de sus docentes entre el 2010 y mayo del 2024. Pese a que estos casos fueron denunciados ante el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Condorcanqui, no recibieron atención oportuna. De hecho, 195 procesos ya prescribieron, lo que significa que los presuntos abusadores no serán sancionados a nivel administrativo e incluso, algunos siguen laborando en los mismos centros educativos donde estudian las víctimas.
Según el Informe de Adjuntía N° 004-2022-DP/AAE de la Defensoría del Pueblo, entre 2018 y 2020, de 306 resoluciones de archivamiento del Tribunal de Seguridad Civil (TSC), de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR), la sanción de 101 casos se dejó sin efecto por causas de prescripción. Este documento señala que la anulación de la sentencia de 70 de estos casos se debe a la demora en el inicio del procedimiento disciplinario, es decir, luego de haber concluido exitosamente la fase de investigación preliminar.
Sobre casos específicos de violencia sexual, se sabe que según el Sistema de Monitoreo de Expedientes (SIMEX) del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2023 se archivaron 604 expedientes de violencia sexual por parte de personal de instituciones públicas en agravio de estudiantes por motivos de prescripción.
La inseguridad y agresión contra estudiantes a nivel nacional es bastante grave. Entre setiembre del 2013 y mayo del 2024, se han reportado 8467 casos de abuso sexual a escolares por parte de personal de las Instituciones Educativas, según el portal SíseVe del MINEDU. Los casos de violencia física y psicológica ascienden hasta 24667. El portal además registra denuncias desde la etapa de cuna-jardín, es decir, menores de entre 1 a 3 años.
Si bien en la Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial, se especifica que los docentes acusados de presuntos delitos de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual, en agravio de un estudiante, pueden ser separados de forma preventiva de la institución por el director, quien además debe dar cuenta al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente, en esta Ley no se regulan los periodos de prescripción.
Es a través del llamado Precedente administrativo sobre plazos de prescripción de la potestad disciplinaria, en el marco de la Ley N° 29944 aprobado por el Tribunal de Seguridad Civil N° 003-2019- SERVIR/TSC, que se ha dado el plazo de hasta 4 años desde que se comete la falta para resolver el procedimiento disciplinario. Es decir que, en el caso de Condorcanqui, por ejemplo, las menores que fueron víctimas de abuso sexual en el 2010 ya no tendrían acceso a un proceso de reparación a nivel administrativo, según esta cuestionable normativa.
La abogada Amire Ortiz señala que esta resolución del tribunal de Servir atenta contra el interés superior del niño y la niña, y pone en riesgo a las infancias: “El tribunal de SERVIR hace este abordaje legal en donde no ha priorizado el interés superior del niño y de la niña. Y eso no solamente afecta a las víctimas, sino también a todas las infancias que podrían ser víctimas, y se supone que frente a ello hay un tema de derecho a la educación que tiene que ser llevado a cabo en un espacio que cautele su seguridad de manera integral, y que no existan estos mecanismos, a la fecha legales, para poder excluir y separar a estos docentes de toda la carrera pública magisterial es preocupante”.
Según Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis la demora en el inicio de los procedimientos disciplinarios en las comunidades es muy común: “Es de años los archivamientos, las impunidades, los negociados con los casos para no procesar a los profesores que pagan. Eso yo no lo digo, lo dicen también las denuncias que han hecho, denuncias públicas. Y yo siempre he pedido el cambio de estos funcionarios que ya no deberían estar en estas áreas. En 2017 más o menos, hubo una denuncia en el Congreso en la que salieron 300 denuncias de casos de violencia, sin embargo hasta la actualidad no se ha disminuido estos casos, al contrario, están aumentando”.
Para la Defensoría del Pueblo, el precedente del Tribunal de Seguridad Civil “antepone el derecho a que se resuelvan las denuncias presentadas contra el personal docente en un plazo razonable, sobre el derecho a la dignidad, a la integridad moral, psíquica y física que tienen niños, niñas y adolescentes y, además, (ese derecho de las víctimas) contribuirá a erradicar la violencia que las afecta, en cualquiera de sus formas”.
Proyecto para eliminar prescripción sigue en Comisión
En 2023, el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley 6113/2023-PE, que propone declarar imprescriptible la acción disciplinaria en casos de violencia y hostigamiento sexual contra escolares, además de ampliar la inhabilitación permanente de los docentes involucrados en este tipo de delitos.
Sin embargo, pese a que la última legislatura realizó sesiones maratónicas diarias, incluyendo el día sábado 15 de junio, no se ha tocado el proyecto de Ley en mención, que hasta el momento continúa en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte sin presentar ningún avance. Ortiz además recalca que este proyecto debió ser trasladado también a la Comisión de la Mujer y la Familia y a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo eso tampoco se ha realizado.
Cabe señalar que a nivel judicial, los delitos contra la indemnidad sexual no prescriben, sin embargo en zonas como Condorcanqui, el inicio de un procedimiento penal se complica debido a la lejanía de los territorios, y a la corrupción de las instituciones, tal como lo ha denunciado Pioc. Esto deja a los agresores impunes y a las niñas y niños en constante peligro.
