Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Ambiente, economistas y más de 30 organizaciones indígenas, amazónicas y medioambientales han levantado las alertas contra el dictamen sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se debatirá hoy en el Pleno del Congreso, por los daños y pérdidas que generarían en el medio ambiente y la economía del país.
El pasado 6 de junio, la mayoría fujimorista de la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó el dictamen que modifica la ley de Hidrocarburos. Desde entonces, más de 30 organizaciones se han articulado contra la propuesta fujimorista, entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Oxfam, CooperAcción, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Centro para el Desarrollo del Indígena Amazónico (CEDIA), Chirapaq, Servindi y otras.
Las modificaciones que alertaron a las comunidades indígenas, amazónicas y ambientales consisten en flexibilizar los estándares ambientales, reducir la rigurosidad de los estudios y permite la construcción de infraestructura dentro de los Lotes sin respetas la consulta previa, la titulación de sus tierras y las limitaciones normativas sobre los pueblos indígenas en aislamiento.
Desde el Ministerio de Energía y Minas y los sectores privados se cree que el dictamen atraerá millonarias inversiones. Sin embargo, una opinión muy contraria sostienen los especialistas en el tema. “La nueva ley no promoverá más inversiones y producción, este proyecto está diseñado solo para favorecer a los contratistas actuales”, apunta Germán Alarco, economista e investigador de la Universidad de Piura.
Por su parte, Alicia Abanto, adjunta de la Defensoría del Pueblo sobre temas medioambientales, opina que de aprobarse la norma iría en contra de la Constitución. “Sería un retroceso a la política ambiental del país”.
Alarmantes cambios
Entre las modificaciones más llamativas, resalta las facultades que se le cedería al MINEM para resolver temas del sector de hidrocarburos. Dicha función es asumida por el MINAM a través del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Ante esto, la ministra del Ambiente Fabiola Muñoz sostiene que “siendo ente rector del sistema de evaluación de impacto ambiental no es correcto que nosotros tengamos que pedir opinión previa para poder normar sobre estos temas”.
El dictamen también propone autorizar a Perupetro elaborar la línea de base ambienta, negociar y suscribir con las empresas sobre los cambios en porcentajes de regalías, función que hasta el momento es asumida por el Poder Ejecutivo.
Asimismo, también se propone extender los contratos en el sector de hidrocarburos –que terminan en 7 años- por 20 años más. Para el economista Humberto Campodónico, con esta modificación las regalías reducirían de 16-50% al 5%, lo que generaría que el Estado pierda varios cientos de millones de dólares anuales.
Sobre este punto, el investigador de la UNMSM Jorge Manco Zaconett cuestiona: “esta es la madre del cordero que hemos denunciado, pues constituye una enajenación una sustracción de la riqueza a la Nación para favorecer a un cogollo de empresas que durante más de 20 años no han efectuado inversiones de riesgo”.
