Choropampa, 26 años después: población exige atención en salud y cumplimiento de reparaciones
El derrame de 151 kilos de mercurio ocurrido en 2000 dejó una deuda que continúa abierta. Las familias afectadas reclaman un programa integral de salud y que las indemnizaciones reconocidas por el Poder Judicial sean efectivamente pagadas.
Una emergencia que todavía tiene consecuencias
El 2 de junio de 2000, un camión contratado para transportar mercurio de propiedad de Minera Yanacocha derramó 151 kilos de mercurio elemental a lo largo de la ruta entre la mina y Choropampa, en Cajamarca. La Defensoría del Pueblo documentó el caso y las afectaciones ocasionadas en Choropampa, Magdalena y San Juan. Años después, una evaluación publicada en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública señaló que más de mil campesinos habían sido afectados y que persistían consecuencias en la salud de la población expuesta.
El impacto sanitario no es un asunto del pasado. La Organización Mundial de la Salud advierte que la exposición al mercurio puede afectar los sistemas nervioso, digestivo e inmunitario, además de los riñones, pulmones, piel y ojos. Por ello, la demanda de los pobladores por seguimiento médico especializado y atención permanente adquiere especial relevancia en una comunidad que continúa reclamando respuestas.
Sentencias firmes, reparaciones aún pendientes
A 26 años del derrame, dos procesos judiciales emblemáticos han llegado a una etapa decisiva. Según la información proporcionada por la población, los expedientes 01812-2009 y 01652-2009 establecieron indemnizaciones por daños a la salud y daños morales. En enero de 2026, la Corte Suprema declaró improcedente uno de los recursos de casación vinculados al caso, dejando firme la sentencia correspondiente. Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible (Grufides) informó en mayo que la decisión agotó la vía judicial en ese proceso y ordenó indemnizaciones contra Minera Yanacocha y RANSA.
Una deuda que también es sanitaria
Los pobladores solicitan especialistas, medicamentos, fortalecimiento del establecimiento de salud, continuidad de la cobertura médica y una ambulancia equipada. También han pedido la intervención de la Misión Técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú, con el objetivo de promover un programa integral de salud y estándares de reparación.
El caso ya había llegado a mecanismos internacionales: la Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman del Banco Mundial (CAO) registró una reclamación de la población y un proceso para impulsar una evaluación independiente de salud, que finalmente fue cerrado en 2003 ante la falta de respaldo institucional y social suficiente.
Veintiséis años después, Choropampa no solo reclama una indemnización: exige que el Estado garantice el derecho a la salud y que una sentencia judicial deje de ser una promesa pendiente para convertirse en una reparación efectiva.
Por: Silvia Bardales Q.
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