Denuncian constitucionalmente a Miguel Torres y solicitan inhabilitarlo por diez años por irregularidades en ley de facultades
Dos diputados de Juntos por el Perú cuestionan que el titular del Congreso remitiera al Ejecutivo la autógrafa de la Ley 32743 atribuyendo su aprobación únicamente al Senado. También objetan que la modificación se realizara mediante una fe de erratas.
Los diputados Amalia Palomino Pacheco y Jesús Pérez Alcahuamán, de la bancada de Juntos por el Perú, presentaron una denuncia constitucional contra Miguel Torres, presidente del Congreso, por presuntas infracciones a la Constitución durante la tramitación de la Ley 32743, que delega facultades legislativas al Poder Ejecutivo. La denuncia fue presentada el 9 de noviembre ante la Presidencia de la Cámara de Diputados y solicita que, de determinarse su responsabilidad, sea inhabilitado por diez años para ejercer la función pública.
El cuestionamiento principal se refiere a la fórmula consignada en la autógrafa remitida al Ejecutivo: “El Senado de la República; ha dado la Ley siguiente”. Para los denunciantes, esta redacción atribuyó a una sola cámara una competencia que corresponde al Congreso en su conjunto, pese a que la norma había sido aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados.
La denuncia también cuestiona que Torres incluyera la firma de Alejandro Muñante, primer vicepresidente del Senado, sin que —según los parlamentarios— existiera una disposición normativa que lo autorizara. Además, objeta que el cambio de “Senado” por “Congreso” se realizara mediante una fe de erratas y no a través de una ley rectificatoria. Los diputados sostienen que no se trataba de una simple equivocación material, sino de una modificación que afectaba la identificación del órgano que aprobó la norma.
Una controversia en el nuevo Congreso bicameral
La polémica se originó con la publicación de la Ley 32743 en el diario oficial El Peruano, el 22 de octubre de 2026. La norma delega en el Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos legislativos durante 90 días calendario, en materias vinculadas con la seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Entre los asuntos comprendidos figuran cambios en la regulación migratoria, el control de equipos móviles vinculados a delitos y aspectos del sistema penitenciario.
La controversia tiene especial relevancia porque ocurre en el marco del funcionamiento del Congreso bicameral, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. La Constitución establece, en sus artículos 90 y 102, que el Poder Legislativo reside en el Congreso y que corresponde a este dar leyes. Precisamente, el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, había cuestionado que la autógrafa omitiera la referencia al Congreso y las firmas de representantes de la Cámara Baja.
En un primer momento, Torres defendió el procedimiento y afirmó que la autógrafa había sido remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado. Sin embargo, el 24 de octubre reconoció que existía un “error material” en el encabezado y anunció que se tramitaría una fe de erratas. La corrección fue publicada ese mismo día en una edición extraordinaria de El Peruano, donde se reemplazó la referencia al Senado por la del Congreso. No obstante, según la denuncia, se mantuvo la firma de Muñante en el documento publicado.
¿Qué sigue en el proceso?
Los parlamentarios solicitan que la Cámara de Diputados formule una acusación ante el Senado y que este evalúe imponer la sanción prevista en el artículo 100 de la Constitución. La inhabilitación por diez años es, por ahora, un pedido de los denunciantes y no una sanción aprobada ni una responsabilidad determinada.
El caso vuelve a poner en discusión la aplicación de las reglas constitucionales en el nuevo esquema parlamentario. Más allá de la corrección del encabezado, el proceso deberá esclarecer si la fe de erratas era suficiente para subsanar el defecto señalado o si correspondía otro mecanismo legal. La denuncia abre así un nuevo frente de tensión entre ambas cámaras y plantea interrogantes sobre la coordinación institucional y el cumplimiento de los procedimientos legislativos.
Por: Silvia Bardales Q.
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