Redacción Wayka
Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, fue la anfitriona de una reunión con 42 abogados para gestionar las acciones legales para desconocer los resultados de la elección popular. Dicha reunión se dió lugar en un local de San Isidro al día siguiente de los comicios electorales, el pasado 7 de junio, según declaraciones de los mismos abogados ante la Fiscalía, a las que tuvo acceso el semanario Hildebrandt en sus trece.
Como se recuerda, Fuerza Popular, Renovación Popular y otros iniciaron una campaña para desconocer los resultados de las elecciones presidenciales, mediante la anulación de votos e impugnación de actas electorales de la segunda vuelta, campaña que se conoció como ‘fraude en mesa’.
Para ello, el partido de Keiko Fujimori contrató a 16 abogados para denunciar, sin pruebas, un presunto fraude electoral en los comicios realizados el 6 de junio del 2021. Según el reporte de financiamiento que presentó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Popular recibió S/. 2.1 millones en aportes privados (efectivo y especies), de lo cual el 75% fueron por servicios que prestaron abogados y las tasas que se pagaron para anular las actas de la segunda vuelta electoral, lo que supuso un desembolso de S/. 1 521 854.
El fiscal José Domingo Pérez ya ha iniciado las indagaciones a los 42 abogados que se pusieron al servicio de Keiko Fujimori, en favor de la campaña por el fraude electoral. Entre los citados resaltan seis abogados del estudio Olaechea y cinco del bufete Rubio Leguía Normand.
Hay cuatro abogados de cada uno de los estudios Miranda & Amado, Rodrigo & Elías, Payet Rey Cauvi, Rebaza Alcázar & de las Casas. Cabe resaltar que el abogado aportante de Fuerza Popular, Alan García Nores, hijo del expresidente Alan García, emitió su declaración el pasado 17 de noviembre.
Según el semanario, estas declaraciones serán usadas por Domingo Pérez para reforzar su tesis: Fuerza Popular sigue actuando como una organización judicial que obstaculiza la justicia y busca usurpar el poder para lograr la impunidad.
¿Por qué la abogada de Keiko buscaba anular los resultados de las elecciones?
La hipótesis del fiscal José Domingo Pérez es que Keiko Fujimori estaría animando un clima de inestabilidad política para retrasar el juicio oral y así eludir la justicia. Con el fracaso de la campaña ‘fraude en mesa’, la lideresa de Fuerza Popular aún tiene dos estrategias que aún la pueden librar de afrontar en el fuero judicial las acusaciones por lavado de dinero y de ser parte de una organización criminal.
Campaña para la vacancia presidencial
El último 23 de noviembre keiko Fujimori solicitó al Poder Judicial permiso para poder ausentarse de Lima hasta el 5 de enero, según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece. La congresista de Fuerza Popular Patricia Juárez sería quien la acompañaría a realizar esta campaña, pues desde la Comisión de Constitución, la cual preside, ella emitió un dictamen para que se apruebe la modificación del Reglamento del Congreso y así se permita que todos los congresistas puedan viajar a cualquier región, y ya no solo a su región de origen.
Además, se especifica que el Parlamento asumiría el costo «de los viáticos y pasajes de los congresistas de la circunscripción electoral de Lima Metropolitana que deseen hacer representación parlamentaria en otra circunscripción».
Según el escrito que presentó su abogada Giuliana Loza, la jefa del partido fujimorista Keiko Fujimori estaría realizando este recorrido por el país en busca de nuevos afiliados a su partido y “escuchar a la población”.
Alianza con partidos ultraconservadores que también afrontan juicios
Según el semanario de Hildebrandt en sus trece, Fuerza Popular se ha incorporado como ‘miembro observador’ de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), una organización que reúne diversos partidos conservadores de derecha en América Latina, como el partido colombiano Centro Democrático de Álvaro Uribe y el la organización política ecuatoriana Movimiento CREO, encabezada por Guillermo Lasso; dos expresidentes que en sus países también afrontan procesos judiciales: el primero por violar Derechos Humanos al ser parte de la emergencia de grupos paramilitares y el segundo investigado por encontrarse en los Pandora Papers.
Como se explica en el semanario, ser ‘miembro observador’ es el primer paso para inscribirse en la UPLA. Esta alianza sería muy conveniente para Fuerza Popular al poder contar con esta para una estrategia que eventualmente le sirva para ‘pedir auxilio’ en caso la campaña de vacancia presidencial u alguna otra no funcione.
