Pese a que esta Ley existe desde hace 100 años, y que desde hace 10 años cuenta con un protocolo, su acceso sigue siendo limitado, hasta obstaculizado por autoridades, y la información continúa siendo intencionalmente restringida para  niñas y mujeres en todo el país.

En Perú el aborto sigue siendo un delito en la mayoría de causales y está sancionado en el código penal con hasta 4 años de pena privativa de la libertad. Además, la desinformación impulsada por grupos ultraconservadores en el espacio político, de salud y en una sociedad con arraigadas creencias religiosas, contribuyen a la criminalización y persecución de aquellas personas que toman decisiones sobre sus cuerpos. Tanto así, que incluso un aborto epontáneo puede llegar a ser objeto de criminalización y estigmatización. 

Pero aunque el Estado o algunos médicos conservadores traten muchas veces de impedirlo, existe en el Perú una causal por la cual es legal aplicar el aborto: cuando la vida o salud de la gestante están en riesgo. Este derecho para todas las mujeres y niñas tiene 100 años de vigencia, y sin embargo, pese a la legalidad, su acceso sigue siendo restringido y el Estado peruano incluso ha tenido que ser sancionado internacionalmente por habérselo negado a menores de edad cuyas vidas corrían peligro.

Perú sancionado por vulnerar los derechos de niñas y mujeres

El caso de K.L. se dio en 2001. Una menor de 17 años a la que obligaron a llevar un embarazo a término, pese a que el feto tenía una malformación incompatible con la vida, y que fue detectada a las 14 semanas de gestación, es decir, dentro del plazo legal para solicitar el aborto terapéutico. Además, los médicos le habían informado que continuar con el embarazo era riesgoso para su propia vida y salud. 

Pese a todo ello, K.L fue obligada a dar a luz y a amamantar a su bebé durante los 4 días que sobrevivió. En 2005, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) se pronunció a favor de la menor de este caso y recomendó una indemnización a la víctima. Según el portal de la ONU, dicha indemnización recién se cumplió 10 años después. 

En 2011, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señaló como responsable al Estado peruano por el caso de una niña que quedó embarazado producto de múltiples violaciones. La menor, L.C. de 13 años, intentó suicidarse por el miedo que tenía a estar embarazada tras los episodios de abuso. Debido a ese intentó quedó físicamente inmovilizada y se le indicó de urgencia una operación  a la columna. Sin embargo, al confirmarse su embarazo se suspendió la operación, y pese a la afectación mental y psicológica de la menor, se le negó el acceso al aborto terapéutico. L.C. terminó sufriendo un aborto espontáneo y fue operada de las lesiones de la columna 3 meses después dela emergencia, como consecuencia quedó cuadrapléjica. 

El último caso, sancionado también por la ONU, fue el de “Camila”, una menor indígena de 13 años, víctima de violación sexual reiterada por su padre, a la que se le negó el acceso al aborto terapéutico pese a los riesgos que implicaba una gestación para su corta edad. “Camila” tuvo un aborto espontáneo y por ello fue criminalizada, siendo su caso judicializado acusada injustamente por el delito de autoaborto. 

En 2023 el Comité de los Derechos del Niño se pronunció a favor del caso y señaló como responsable al Estado peruano. Además, listó una serie de reparaciones individuales y colectivas, incluyendo la despenalización del aborto infantil en todas las causales. Hasta el momento, Perú no ha cumplido ninguna de ellas. 


Es un derecho al que cualquiera puede acceder

La Defensoría del Pueblo determinó, en una supervisión de 109 centros de salud a nivel nacional entre 2015 y 2019, que el 20% de estos centros negó las solicitudes de aborto terapéutico a niñas sin sustentar los motivos de su denegatoria. Según sus hallazgos, en el 63% de los casos el personal de salud no sabía de la existencia de la Guía para la Aplicación del Aborto Terapéutico, e inclusoen un establecimiento señalaron que este procedimiento no era legal. 

Según el informe de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso, en el Hospital Santa María de Nieva, en Condorcanqui, donde recientemente se reportaron más de 500 denuncias por abuso sexual a escolares por parte de sus docentes, “las pacientes ginecológicas (embarazadas) suelen ser adolescentes de 14 años. No ejecutan el protocolo de aborto terapéutico y señalan que hay un alto índice de abortos clandestinos que producen emergencias ginecológicas”.

La desinformación es tal, no solo de las autoridades de salud, también entre la población que no suele conocer este derecho y los pasos a seguir para ejercerlo. Brenda Álvarez, abogada y presidenta de Proyecta Igualdad y Justicia Verde, señala que “en el Perú, no existe una educación sexual integral (ESI) que permita a las personas, ya sea en la infancia, adolescencia o adultez, conocer sus derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción. La arremetida ultraconservadora religiosa desde el Congreso ha limitado aún más la ESI en las escuelas. Actualmente, la mayoría de las personas en el país desconoce que es posible acceder a un aborto en un hospital y, mucho menos, cuál es el procedimiento a seguir en hospitales o clínicas”.

Es debido a estas restricciones y desinformación que el centro de investigación social Chakakuna, en colaboración con Proyecta Igualdad, está elaborando un proyecto que facilite la información sobre el acceso y pasos a seguir para obtener un aborto terapéutico, que muchas veces el mismo personal de salud niega a quienes lo necesitan. Aquí te adelantamos cómo.

¿Cómo solicitar el aborto terapéutico? Pasos a seguir


Para acceder al aborto terapéutico es necesario presentar una solicitud simple, por escrito, en cualquier establecimiento de salud del país. En el caso de menores de edad, la solicitud debe ser firmada por su representante legal. Si este establecimiento no es un hospital o una clínica, deberá referirse a un hospital o clínica que tenga especializaciones básicas. Esta solicitud debe ser dirigida y emitida a la Jefatura del Departamento de Gíneco-Obstetricia del hospital o clínica correspondiente.

Una vez presentada la solicitud, la Jefatura del Departamento de Gíneco-Obstetricia deberá convocar  a una Junta Médica compuesta por tres profesionales médicos que evaluarán integralmente los riesgos para la vida o salud de la solicitante. En un plazo de máximo 48 horas la junta debe responder si procede la interrupción del embarazo. Cabe señalar que si la respuesta es positiva, el procedimiento debe programarse para dentro de las siguientes 24 horas. Después de la intervención se le debe brindar información a la paciente sobre los cuidados post aborto.

Si la respuesta es negativa se puede solicitar una reconsideración en el mismo hospital,adjuntando la opinión de otros especialistas. Esta debe ser valorada por los profesionales de salud en un máximo de 48 horas. Es importante tener en cuenta que el tiempo máximo desde la solicitud hasta la realización del procedimiento no puede exceder los seis días calendario. 

El aborto terapéutico también aplica para  niñas abusadas sexualmente, cuyo embarazo es riesgoso debido a su corta edad y a la posible afectación a su salud mental, considerando que según el código penal las relaciones sexuales con niñas menores de 14 años son abuso sexual. Pese a ello, la realidad en nuestro país es que 450 niñas menores de 14 años ya han sido obligadas a ser madres, solo en lo que va de este año. 

“Las personas tienen derecho a acceder a la información. Por lo tanto, debe garantizarse su difusión y acceso en todas sus formas. De esta manera, se puede fomentar una ciudadanía más activa en la exigencia de sus derechos y con ello evitar, por ejemplo, muertes maternas, morbilidad en las mujeres y afectaciones en la salud mental”, asegura Alvarez. 


Para más información o apoyo, puedes ingresar aquí: Justicia Verde, Proyecta Igualdad, Promsex