Diana Alemán falleció al tratar de huir del Hospital María Auxiliadora luego de haber sido hostigada por personal de salud que amenazó con denunciarla por haber tenido un aborto, pese a que este fue espontáneo. La Fiscalía archivó el caso en 2022, pues estimó que se trató de un suicidio. Sin embargo, sus argumentos se basaron en prejuicios de que estaba deprimida por el aborto que había sufrido. 

La familia siempre descartó esa versión, pues horas antes de que falleciera escribió a su pareja diciéndole que extrañaba a sus hijas y que al día siguiente le darían de alta. Además, en su última comunicación pidió ayuda y advirtió que personal médico le había dicho que sería reportada a las autoridades. 

Este caso ha sido llevado a la ONU a la espera de  justicia que no se ha encontrado en el Perú.

Por Johana Perleche

El calendario marcaba 3 de julio de 2020. Ese día, Diana Alemán se enteró que estaba embarazada, y que los fuertes cólicos que sentía en el vientre ―motivo por el cual acudió a una posta médica de Chorrillos junto con su pareja Eudomar Gonzales― indicaban un aborto espontáneo en curso. 

Diana era una joven venezolana de 27 años que residía en el Perú desde 2018 con su familia. Tenía dos pequeñas de 5 y 3 años a las que cuidaba y adoraba. Tenía planes de volver a Venezuela cuando su situación económica lo permitiera. Tenía sueños. Tenía toda una vida por delante. Una vida que no pudo continuar debido al prejuicio, el estigma y la violencia obstétrica a la que se vio sometida en el Hospital María Auxiliadora de Villa María del Triunfo. 

Tras acudir a la posta médica por dolores abdominales y saber que pasaba por un proceso de aborto espontáneo, Diana volvió a casa para alistar algunas pertenencias, pues le habían dicho que debía ir a un hospital para que la atendieran.  

En ese transcurso, su situación empeoró y sufrió un sangrado, por lo que su madre y hermana trataron de ayudarla hasta llegar al Hospital María Auxiliadora. Al tratarse de una emergencia, pensaron que la atendería con la rapidez requerida. Sin embargo, el personal le impidió el ingreso al establecimiento. Indicaron que por medidas de prevención contra la COVID-19, no podían dejar entrar a cualquier persona. Luego, le pidieron que comprara algunos medicamentos y realizara un pago para que sea atendida, cuenta su madre. Recién entonces, aproximadamente a la medianoche, la dejaron entrar. 

Tras pasar por el procedimiento y encontrarse en sala de recuperación, el personal de salud del hospital le dijo a Diana que sería denunciada. ¿El motivo? El aborto que había sufrido. 

Foto: Proyecta Igualdad

Criminalizada por un aborto involuntario

El artículo 114 del Código Penal señala que las personas que abortan voluntariamente serán penadas con hasta 2 años de cárcel. Además, el artículo 30 de la Ley General de Salud obliga al personal médico a violar el secreto profesional y denunciar a las autoridades cuando se observen indicios de un aborto voluntario. 

Sin embargo, este no era el caso de Diana Alemán. La abogada de su familia, Brenda Álvarez, reveló que la joven venezolana tenía problemas con la hormona prolactina, que en niveles altos genera complicaciones en el embarazo. Además, resaltó que no se hallaron indicios de que se tratara de un aborto inducido. 

“Diana tenía una condición con la prolactina. Ella no sabía que estaba gestando en el momento que tiene este aborto. Y esto ya le había pasado en anteriores embarazos, que sus embarazos recién los conocía en una situación un poco más avanzada. Ella llega al hospital con un aborto espontáneo en curso. En ningún momento alguien encontró ni pastillas ni ninguna indicación que llevara a pensar que estábamos hablando de un aborto provocado, inducido de ninguna manera. Simplemente era una emergencia obstétrica que debía haber sido atendida”, señala la también directora de Proyecta Igualdad. 

Tras haber sido criminalizada, Diana Alemán le escribió a Eudomar, su pareja, desde el celular que una de sus compañeras de habitación le prestó. “Mi vida, estos doctores van a llamar a Serenazgo (por lo del aborto). Necesito que me ayudes”, fue su último mensaje a las 3:12 p.m. del 4 de julio de 2020. Horas antes había preguntado por sus hijas, dijo que las extrañaba y le pidió a Eudomar que la fuese a recoger al día siguiente, cuando le darían el alta médica. ¿Qué pasó desde entonces hasta las 11:55 p.m. que encontraron el cuerpo de Diana Alemán en el sótano del hospital?  

Última comunicación que mantuvo Diana Alemán con su pareja, el 4 de julio de 2020.

Solo se supo que Diana había caído del tercer piso de este establecimiento, desde la ventana de un baño. Los médicos y médicas citadas para rendir su declaración ante el Ministerio Público por la muerte de Diana manifestaron no saber lo que había ocurrido. 

Escapar o ir a la cárcel: las opciones que pasaron por la mente de Diana

La Fiscalía concluyó, dejándose llevar por prejuicios y si pruebas contundentes, según la defensa, que la joven se había suicidado tras sentirse deprimida por la experiencia del aborto. Así, archivó el caso en 2022.

Sin embargo, para la familia y para la abogada Brenda Álvarez, lo que ocurrió no fue suicidio, sino que Diana Alemán falleció al tratar de huir del hospital tras haber sido criminalizada y amenazada con ir a la cárcel.

“Ella estaba desesperada porque le habían dicho que la iban a llevar presa. Ella no quería suicidarse. Una cosa es morirse intentando escapar y otra cosa es acabar con tu vida de manera intencional. En el caso de ella, ella definitivamente no quería morirse. Diana no se suicidó, lo de ella no fue un suicidio, ella intentó escapar del hospital por el hostigamiento que vivió”, enfatiza Álvarez. 

Agrega que para entender este caso se debe considerar también que Diana Alemán se encontraba en una situación migratoria irregular y que en ese momento el gobierno había mostrado públicamente actitudes xenófobas, amenazando con expulsar del país a las personas venezolanas. Entonces, el temor a ser llevada ante las autoridades, ser encarcelada y deportada, habría ocasionado que Diana intente huir del hospital a como diera lugar.

Además, la abogada señala que la joven no se encontraba previamente deprimida ni tenía alguna condición de salud mental que podría haber propiciado atentar contra su propia vida. Descarta, por ello, la hipótesis del suicidio. 

“Hay algo que es sumamente claro, y es que Diana fue hostigada y violentada por el personal de salud; amenazada con ser llevada presa. Esto no solamente lo podemos ratificar por los mensajes que ella escribe tanto a su hermana como a su pareja, sino también por los mensajes que la única testigo (quien compartía el cuarto con ella) lo señala”, añade. 

El caso en la ONU 

Ante la falta de justicia en el Perú, tres asociaciones civiles ―Proyecta Igualdad, la Iniciativa Salud y Derechos Humanos del Instituto O’Neill y la organización Ríos Rivers, que trabaja por justicia reproductiva― han presentado el caso ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de las Naciones Unidas. 

Sostienen que Diana Alemán fue víctima de violencia obstétrica y discriminación en un establecimiento de salud. “Lo que le sucedió a Diana es el reflejo de una práctica frecuente y extendida de reportar y denunciar a mujeres con emergencias obstétricas en los servicios de salud públicos y privados en Perú”, exponen. 

Por ello, solicitan que el comité de la ONU demande al Estado peruano reconocer su responsabilidad en la muerte de Diana Alemán, que emita unas disculpas públicas y se repare apropiadamente a la familia. 

Además, piden eliminar la criminalización del aborto en todas sus causales, ya que esto conlleva a la persecución de mujeres que acuden a los centros de salud con emergencias obstétricas. Muchas veces, como en el caso de Diana Alemán, ni si quiera se trataba de un aborto premeditado; sin embargo, su situación de vulnerabilidad llevó a que los médicos la hostigaran y amenazaran con denunciarla. 

“Queremos que las personas no sean perseguidas por abortos y que los hospitales sean espacios seguros donde cualquier persona que enfrenta una emergencia obstétrica pueda ser atendida de manera cálida, sin violencia, y de manera segura”, sostiene la abogada Álvarez. 

Asimismo, se dirigió al personal médico. “Este es un llamado más humano, más ético a los médicos y a las médicas para que puedan convertirse también en personas que protegen los derechos de las mujeres y hacer que los establecimientos de salud sean espacios seguros y no espacios de persecución”. 

Esperan que al obtener justicia para Diana, otras mujeres no tengan que pasar jamás por el proceso de hostigamiento y criminalización que terminó con su vida y que dejó a sus hijas y a su familia sumidas en el dolor de su ausencia.