El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial comparecencia restringida e impedimento de salida del país por 18 meses para los empresarios José Graña Miró Quesada, Hernando Alejandro Graña Acuña, Gonzalo Ferraro Rey, José Castillo Dibós y Fernando Gonzalo Camet Piccone, investigados por el presunto delito de lavado de activos en el caso “Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú – Brasil”.

La Fiscalía informó que los exdirectivos de Graña y Montero, además de las empresas JJC Contratistas Generales e ICCGSA cuentan con la capacidad económica para poder salir del país y de esta forma obstruir las investigaciones en su contra.

“El pedido fiscal se sostiene en que los investigados podrían obstruir la acción de la justicia porque cuentan con la capacidad económica para viajar a diversos países, como lo señalan también sus registros migratorios”, Reyna More Chumacero, fiscal adjunta provincial del Primer Despacho de la Fiscalía Supra Provincial y Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios – Equipo Especial.

La fiscal también solicitó el pago de una caución de un millón de soles para cada uno de los empresarios, por su condición de altos directivos de las empresas Graña y Montero, JJC Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (ICCGS).