Por TrabajoDigno.pe

En el Perú, gobernar a favor de los trabajadores, no es nada fácil. Desde hace tres décadas las políticas laborales se han orientado a promover la inversión, a costa de flexibilizar y precarizar el empleo. Poco es lo que se puede hacer. El presupuesto destinado al Sector es ínfimo. Las inspecciones de trabajo insuficientes. En esas condiciones, ¿cómo enfrentar los problemas más urgentes, a saber, la informalidad laboral?

Durante la presentación de investidura, el Premier Villanueva adelantó algunas pistas sobre cómo piensa el Gobierno abordar tan complejo reto. Por un lado, la inversión pública (en torno al proceso de reconstrucción y los Panamericanos), conjuntamente con la privada (grandes proyectos extractivos) serían los motores del crecimiento y la dinamización del mercado laboral. Se anunció una especial atención a la productividad y competitividad de las Mypes, retomando el objetivo de la diversificación productiva dejado de lado por PPK.

Algunos puntos destacables. Lo primero: el premier habló de un “cambio de enfoque” en la política económica relacionada al mercado de trabajo. Un avance conceptual significativo, si se tiene en cuenta el corsé ideológico de los últimos gobiernos. Pero a renglón seguido indicó que esta política laboral sería producto del dialogo social en el Consejo Nacional de Trabajo. Una meta que es más sencilla de enunciar que llevarla a la práctica. Veremos.

Un segundo elemento: el incremento de la formalidad laboral (en medio millón de empleos) al 2021. ¿Cómo? Alineando iniciativas, normas y políticas de distintos sectores del Estado. Y fortaleciendo las inspecciones de trabajo. El incremento de 694 a 964 inspectores de trabajo (150 inspectores en promedio por año) es un paso importante, siempre que cuenten con las condiciones y exigencias requeridas para cumplir oportunamente con sus funciones.

En tercer lugar, pero no menos importante, se anunció la institucionalización del salario mínimo. Son varios los países de la región que aplican ajustes automáticos a partir de la ponderación de un conjunto de variables. Qué variables y cómo se cruzan es sin duda un objetivo que debe definirse con precisión, sin perder de vista el sentido social de contar con un piso salarial básico. Por lo pronto, ningún Gobierno del periodo democrático había asumido explícitamente un objetivo de política tan básico como necesario.

Estos anuncios tienen como marco algunas decisiones del presidente Vizcarra. Por un lado, el nombramiento del laboralista Christian Sánchez Reyes al mando del MTPE debe entenderse como una señal sobre el carácter sobrio y técnico que se le quiere dar a la política laboral. Por otro, el envío al Congreso del proyecto de Convenio 189 de la OIT, relativo al Trabajo Decente para Trabajadoras Domésticas, es un gesto de clara sensibilidad social que pone en la cancha de la mayoría fujimorista la aprobación de este tratado internacional.

Quizá el mayor reto que enfrente el nuevo Gobierno (además de recuperar –y rápido– la tendencia de crecimiento del empleo formal), es resistir las presiones empresariales que pugnan por una mayor flexibilización laboral. Una formula no solo fracasada, sino generadora de conflictividad social. Las baterías están enfiladas contra el Tribunal Constitucional y la sentencia que estableció la reposición laboral como medida resarcitoria frente al despido arbitrario o nulo. Dejar sin efecto los criterios del TC implicaría eliminar las últimas garantías de estabilidad con que cuentan los trabajadores, especialmente los sindicalizados.

En TrabajoDigno.pe consideramos oportunos los anuncios realizados, aunque somos conscientes del piso del que se parte. Lo poco o mucho que se logre avanzar en el sentido señalado dependerá de la muñeca política del Gobierno y de cómo se posicionen las corrientes progresistas en el gabinete. Una primera batalla será por incrementar el Presupuesto del Sector en noviembre próximo.