Redacción Wayka
Darling y Jenny son madres. Esto no tendría nada de peculiar, excepto porque ambas son lesbianas y crían a un niño de 5 años en una familia diversa. Un derecho que a la justicia peruana le cuesta reconocer. Así fue que en el 2017, Reniec les negó la posibilidad de registrar a su hijo con el apellido de ambas, y solo figura con el de una de ellas.
Este caso y otros cuatro más se expusieron en un tribunal simbólico por justicia para personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer realizado por primera vez en Lima. La iniciativa tuvo el propósito de visibilizar y denunciar los derechos que se vulneran de la comunidad LGBTIQ y la impunidad en la que se mantienen por parte del Estado.
El jurado conformado por Gladys Acosta Vargas, vicepresidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas; Luisa Zanabria, integrante de Lesbianas Independientes Feministas Socialistas; Carlos J. Zelada, docente de la Universidad del Pacífico; y Javiera Arnillas, mujer y activista trans, escucharon por más de tres horas los testimonios y denuncias por parte de la comunidad.
Casos como el de Crissthian quien recibió un trato discriminatorio en un supermercado o el de Brithany, mujer trans que fue atacada con un pico de botella en la calle; las demandas por cambios de nombres también ante la Reniec, y los casos de represión policial a los defensores LGBTIQ por manifestarse en las calles, también fueron escuchados en el tribunal en presencia de representantes del Estado.
Débiles respuestas
A las intervenciones de los demandantes le siguieron las respuestas de funcionarios del Estado tanto de la Municipalidad de Lima, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y otros. El representante del Ministerio de Justicia frente a la denuncia de 30 personas agredidas por la PNP en mayo de 2017, durante una acción artística «La Bandera Humana del Orgullo» realizada en las calles de Lima, respondió que desconocía del caso, pero señaló que «en el marco del protocolo cuando el daño es evaluado por un equipo coordinado desde la Dirección General de Derechos Humanos, (este) puede ser atendido en un plazo brevísimo que está planteado en el instrumento (…) y activar acciones de protección y alerta inmediata».
Otras denuncias tuvieron respuestas similares. Indiferencia y olvido de las instituciones del Estado a las demandas de una comunidad vulnerable a todo tipo de violencia. Las defensoras y defensores LGBTIQ aseguran que hasta ahora no ha habido ninguna reparación ni un pedido de disculpas públicas por parte del Estado.
Aún así, la vicepresidenta del Comité CEDAW de las Naciones Unidas, consideró que la presencia del Estado en este tribunal simbólico es un avance. «En verdad yo considero que ha sido muy bueno la presencia del Estado, pero no al nivel que quisiéramos. Considero que está comenzando un compromiso. Ahora se trata de que eso se haga realidad, creo que se ha planteado gravísimos problemas (…); uno de ellos resolver el tema de la identidad, me parece que es fácil, se puede resolver», declaró para Wayka.
Sentencia simbólica
Nunca antes en Perú, las personas LGBTIQ pudieron contar con una tribuna libre y abierta para narrar las agresiones y estigmas, que por su identidad de género afrontan y no les permite acceder a los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.
Es por eso que, una de las conclusiones acordadas por el jurado fue condenar al Estado peruano por «faltar a sus deberes previstos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, también en relación con la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación».
Además de faltar a sus obligaciones internacionales como acuerdos vinculantes a los cuales el Perú está adherido.
Las personas que denunciaron la vulneración de sus derechos exigieron también que el Estado garantice un sistema de justicia capaz de comprender las experiencias de la diversidad sexual y libre de estereotipos sobre las personas LGBTIQ. Y que adopte todas las formas de reparación integral para las víctimas y sus familiares; entre ellas la realización de un acto público donde se asuman responsabilidades y disculpas por la discriminación y violencia histórica hacia la comunidad LGBTIQ en Perú.
