De promulgarse la norma, madres víctimas de violencia y sus hijos estarían en riesgo. La norma fue aprobada en el Congreso a partir de las iniciativas presentadas por los legisladores fujimoristas Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez.

Claudia Risco

Ley fujimorista aprobada en el Congreso que favorece a padres agresores podría ser promulgada los primeros días de la semana que viene, así lo afirmaron fuentes cercanas a Wayka. Según revelaron, el premier Aníbal Torres firmaría entre lunes y martes la ley que convierte en obligatoria la tenencia compartida. De esta manera, madres víctimas de violencia y sus hijos quedarían expuestos a padres con denuncias por agresión.

La Defensoría del Pueblo y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables han criticado la aprobación de la norma por atentar contra el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

Una investigación publicada por Wayka reveló que los proyectos de ley de los fujimoristas Alejandro Aguinaga y Patricia Juárez recogieron las propuestas de la Asociación Peruana de Tenencia Compartida, liderada por Alex Jaramillo, quien es denunciado por lesiones contra la vida, el cuerpo y la salud y violencia psicológica y física en la Fiscalía de Lima Norte.

NO ESCUCHAN A MADRES

Sabrina Rodríguez del Frente de Lucha Materna, menciona que con la promulgación de la norma se estaría haciendo oídos sordos frente al llamado de las organizaciones de madres que denuncian la violencia de género y la violencia vicaria. «Precisamente esta tenencia compartida [obligatoria] lo que pretende es eliminar la pensión de alimentos, pero sobre todo quitar la custodia», señala.

La violencia vicaria instrumentaliza a los seres queridos, especialmente a hijos e hijas, de las víctimas de violencia de género para continuar con los maltratos. Sucede muchas veces cuando el agresor ya no puede manipular o agredir directamente a las mujeres por alguna medida de restricción o protección. Es decir, se traslada esta violencia hacia un familiar de la víctima, que suele ser los hijos. El término fue acuñado por la psicóloga clínica y feminista argentina Sonia Vaccaro. 

Para la abogada Melissa Guillén, promotora de los derechos de las mujeres y disidencias en el Movimiento Manuela Ramos, explica que imponer esta figura es peligroso para mujeres y niños porque la ley no menciona qué sucederá en los casos de padres que tienen antecedentes por violencia. «La tenencia compartida obligatoria permite que la violencia se siga reproduciendo», sostiene.

Guillén también asegura que si el Ejecutivo le da luz verde a la norma, se estaría apelando a una falsa protección de la familia, la cual no permite analizar qué es lo mejor para los niños, niñas, adolescentes y las mujeres.

«Velar por el interés superior del niño implica analizar estos casos individualmente, viendo las características particulares de cada uno. Para que una tenencia compartida sea beneficiosa a los niños y las familias tiene que haber ciertos principios que esta ley no esta considerando; tiene que haber una buena relación entre los padres. En casos de separaciones por violencia no la hay. Quienes han propuesto esta ley dicen que es para preservar la unión familiar, pero va a tener el efecto contrario», continúa Guillén.

Inés Agreott de Mujeres Migrantes Maltratadas dice que leyes como la tenencia compartida obligatoria han fracasado en otras partes. «¿A un niño le conviene estar al lado de un agresor? Quieren que se sigan relacionando con personas violentas. Eso no ha funcionado en otros países, se aprueba acá porque este país odia a las mujeres, a los niños y a los vulnerables», finaliza.

¿APOYOS ENCUBIERTOS?

La iniciativa es sustentada en base a los proyectos de Ley 1096 y 1120 y fue aprobada con 76 votos y sin una segunda votación. No solo la bancada de Fuerza Popular votó a favor de la norma, también lo hicieron otros partidos como un sector de Perú Libre, Renovación Popular y otros.

No es la primera vez que iniciativas cuestionadas terminan siendo aprobadas con votos del oficialismo. Votaciones más recientes también generan suspicacias como la elección de los nuevos magistrados al Tribunal Constitucional y las modificaciones que debilitan facultades a la Sunedu, contraviniendo con la reforma universitaria. Además del dictamen que pone en riesgo la educación sexual integral y el enfoque de género en las escuelas. Nuevamente, partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular y un bloque de legisladores de Perú Libre coincidieron en legislar de espaldas a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, y de la ciudadanía en general.