El Poder Ejecutivo presentará dos demandas de inconstitucionalidad contra las normas que buscan la devolución de los aportes del Fonavi y la regulación de la negociación colectiva en el sector público, aprobadas recientemente y por insistencia en el Pleno del Congreso de la República. Ahora, el Tribunal Constitucional deberá resolver al respecto. 

Entre los últimos días de abril, el Pleno del Congreso aprobó la Ley 31173, que propone la devolución de los aportes realizados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), e incluyó sus mecanismos y procedimientos para la reposición inmediata, identificando a la población vulnerable al covid – 19 como prioridad. 

Por esos mismos días, el Parlamento también aprobó la Ley 31188, que propone la regulación de las negociaciones colectivas de las organizaciones sindicales de trabajadores del sector público. En concreto, la ley aplicaría para que los sindicatos negocien con los distintos espacios laborales  estatales, como el Congreso, el Poder Judicial, los gobiernos regionales, locales y municipales. Esto con el fin de acordar nuevos términos laborales entre empleados y empleadores. 

Ambas leyes, sin embargo, fueron cuestionadas por el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, por representar una posible amenaza a las finanzas públicas. “Estamos yendo al TC porque queremos proteger el futuro del país, su estabilidad macroeconómica y que los gobiernos que vienen tengan la tranquilidad para manejar las finanzas públicas”, sostuvo Mendoza en conferencia de prensa. 

Sobre la ley que busca la devolución de los aportes al Fonavi, el titular del MEF advirtió que el costo fiscal podría superar 50 veces el Producto Bruto Interno (PBI) de China, aludiendo que dicho monto sería “impagable”. En cuanto a la ley de negociación colectiva, sostuvo que esta tendría un costo anual de S/2 000 millones que podría ascender hasta a S/6 000 millones. 

Del otro lado, los sindicatos de trabajadores del sector público han cuestionado el accionar del Ejecutivo sobre la ley de negociación colectiva. “Por años los trabajadores del Estado han batallado en el Congreso, en las Mesas de Trabajo y en distintas instancias, y ahora que se les hace justicia llega este Gobierno y pretende hacer borrón y cuenta nueva”, dice Luisa Eyzaguirre, secretaria del Sindicato Único de Sedapal (Sutesal).