En medio de un conflicto público entre el primer ministro Guido Bellido, el vicecanciller Luis Enrique Chávez y el propio ministro Oscar Maúrtua sobre Venezuela, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso no ha tenido mejor idea que invitar al canciller para que informe sobre el encuentro entre los presidentes Pedro Castillo y Nicolás Maduro en la sexta Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe (CELAC), realizada hace unos días en la ciudad de México.
Respecto a la invitación del Congreso lo que hay que decir es que este no solo busca saber qué conversaron ambos presidentes sino también impedir un posible reconocimiento del gobierno de Maduro, un tema polémico, por lo demás, en nuestro país. Por eso no nos debe extrañar que el reciente comunicado de la Cancillería sea ambiguo. Si bien se afirma que: «El Perú nunca ha roto las relaciones diplomáticas con Venezuela. Estas relaciones se han mantenido durante las administraciones pasadas y se encuentran actualmente al nivel consular”, no se precisa cuál es la autoridad que reconoce el Perú en estos momentos, es decir, no aclara si el representante (o “embajador) de Juan Guaidó en el Perú sigue siendo Carlos Scull o si ya dejó de serlo. Ello explica tanto el conflicto entre el vicecanciller (¿me pregunto si la ambigüedad es de Torre Tagle?) y el premier, como la invitación apresurada al canciller por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.
Dicho de otra manera, la derecha busca impedir el reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro. Para la derecha este tema es tan importante que amenaza con interpelar al primer ministro y hasta censurar al gabinete. No hay que olvidarse que quien dirige la política exterior y las relaciones diplomáticas, como señala la Constitución, es el mismo presidente de la República, y que cualquier cuestionamiento al respecto, es también un cuestionamiento al propio mandatario.
Con ello la derecha busca además alinear al Perú con los gobiernos más reaccionarios de la región que no aceptan que el llamado Grupo de Lima ya dejó de existir, es decir que ya murió políticamente y que hasta ahora ningún gobierno de este grupo, entre ellos el Perú, se atreve a decir que el Grupo de Lima es un cadáver insepulto o una surte de zombi.
Ello es tan obvio que el comportamiento de esta (ultra)derecha en el Congreso se aparta incluso de la postura del gobierno de los Estados Unidos, respecto a la resolución de la crisis venezolana que lo ha llevado a descartar, en la práctica, al Grupo de Lima, como su principal operador diplomático (o fuerza de choque) como fue en el pasado y apoyar más bien la labor de intermediación del Grupo de Contacto que encabeza Noruega. Hay que señalar que dicho Grupo ha logrado reunir por primera vez, en un complejo y difícil proceso de negociación, tanto al gobierno de Maduro como a casi la totalidad de la oposición, incluido el partido de Juan Guaidó. Todo indica que este proceso de negociación que tiene lugar en México viene siendo exitoso y que cuenta con un amplio apoyo a nivel internacional. De allí que el actual gobierno haya decidido apoyarlo públicamente.
Por eso pedir que el canciller diga qué conversaron Castillo y Maduro en esa reunión es el camino que ha escogido la derecha en el Congreso para mantener y convertir al Grupo de Lima en un instrumento capaz de torpedear el proceso de negociación que tiene lugar en México y al mismo tiempo que crear una coalición de gobiernos de ultraderecha en la región (me refiero a países como Colombia, Brasil, Paraguay, Ecuador, Uruguay y otros), frente al posible giro a la izquierda en varios países de América Latina. Y en el país, el de crear un clima tóxico para alentar y legitimar la vacancia presidencial y si es necesario un golpe de Estado agitando como lo hace ahora el ‘anticomunismo’ y el antichavismo.